Las grandes eléctricas maniobran para bloquear durante varios años la subida que prepara el Gobierno de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios de desmantelar todos los reactores, de construir siete almacenes nucleares por todo el país y un gran cementerio definitivo, y de gestionar durante décadas todos los residuos radiactivos generados por las plantas.
El Gobierno puso en marcha el proceso legal para aprobar una fortísima subida de casi el 40% del gravamen, con el objetivo de empezar a aplicarla el próximo julio. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, dio marcha atrás, paralizó el procecimiento, archivó el borrador de real decreto y ha reiniciado desde cero un nuevo proceso de consulta pública sin publicar de manera anticipada un alza concreta de la tasa, como adelantó este diario.
El subidón anunciado inicialmente por el Ejecutivo había puesto en pie de guerra a las grandes eléctricas propietarias de las centrales –Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-, que habían presentado duras alegaciones y abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Ejecutivo y contra su decisión de dar carpetazo definitivo al proyecto de construir un solo almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca.
Un nuevo plan de residuos que aparca la intención de levantar un solo cementerio y que ahora contempla la construcción de siete almacenes nucleares temporales, lo que conlleva un sobrecoste de unos 2.000 millones de euros que es la razón última que justifica la fuerte subida de la tasa que pagan las centrales nucleares a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en función de su producción eléctrica.
Esperar al Supremo
La patronal Foro Nuclear, en la que se integran las cuatro grandes eléctricas, intenta ahora frenar la subida de la tasa y hacerlo durante varios años. La asociación y las compañías eléctricas reclaman al Gobierno que no presente una nueva propuesta de real decreto para subir la denominada ‘tasa Enresa’ hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus recursos contra el Plan de Residuos y contra el carpetazo del almacén de Villar de Cañas. Una medida que aplazaría la revisión de la tasa al menos durante dos años, dados los plazos habituales con que se está pronunciando sobre este tipo de recursos la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, según confirman fuentes jurídicas.
Foro Nuclear y las eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) recogen esta petición en el documento de alegaciones presentado al Gobierno como parte del nuevo proceso legal de revisión de la cuantía de la tasa, según informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, fuentes conocedoras del contenido de los comentarios de las compañías.
Las compañías eléctricas consideran que el nuevo plan de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén nuclear en Cuenca son las causas que mueven al Gobierno a proponer una subida de la tasa, y se niegan a asumir los sobrecostes milmillonarios de unas decisiones que se deben a la falta de consenso político e institucional sobre dónde ubicar un único almacén temporal y que no son imputables a las empresas. Por eso la patronal reclama esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre el fondo de sus recursos antes de aplicar ninguna subida a la tasa.
Reforma fiscal integral
Las grandes eléctricas meten presión para conseguir una reforma total de los impuestos que pagan las centrales nucleares con el objetivo de evitar la fortísima subida de la ‘tasa Enresa’ que promueve el Ejecutivo, y así lo recogen también en su documento de alegaciones. Foro Nuclear reclama destinar la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa con el que se pagará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos nucleares. Y también pide que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales.
En Gobierno de Mariano Rajoy creó ambos impuestos en 2012. Desde entonces, las centrales nucleares han pagado 3.100 millones de euros por el tributo por el combustible nuclear y los residuos y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear total previsto en España para 2035 con el cierre de la última de las centrales. Y Enresa ha abonado 148 millones por el almacenamiento de los residuos y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenos otros 1.277 millones más, que volverán a ser financiados por las centrales a través de la ‘tasa Enresa’. Las nucleares sostienen que si se utilizan estos ingresos para financiar el PGRR no sería necesaria la subida del 40% de la tasa que prepara el Ejecutivo.
Golpe millonario por el ‘tasazo’
El Ministerio para la Transición Ecológica había activado el pasado enero el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente. Las centrales nucleares pagan a Enresa una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.400 millones acumulados.
La subida propuesta hasta ahora por el Gobierno habría disparado los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales. Un fortísimo incremento que estaba provocando un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.
Las nucleares denunciaban que todos los impuestos y tasas aplicados ya les obligaba a abonar unos 25 euros por MWh producido (lo que suponía entre el 35 y el 40% de los ingresos de las centrales) y con la subida propuesta de la tasa Enresa se elevaría hasta los 28 euros por MWh (cerca de la mitad de toda la facturación). Según los cálculos recogidos en un informe elaborado por la consultora PWC, las nucleares se iban a ver obligadas pagar en total 1.566 millones de euros cada año entre impuestos y la subida de la ‘tasa Enresa’.
El plan del Ministerio para la Transición Ecológica hasta ahora pasaba por aplicar una subida de la tasa del 39,5% para cubrir los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo plan gubernamental de residuos nucleares, y eso después de aplicar en 2019 otra subida de casi el 20% fruto del acuerdo entre el Gobierno y las eléctricas para pactar el calendario de cierre de los reactores. Desde las nucleares se insiste en que entonces acordaron una subida del 20% de la tasa y ahora se reclama diálogo para evitar cualquier subida por encima de esa cota para no romper el pacto.
La subida de la tasa que prepara el Gobierno era consecuencia del nuevo PGRR, que confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total (un calendario pactado por las eléctricas y Enresa en 2019); contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073; y calcula una factura total aún por pagar por las centrales en activo de 20.200 millones de euros.
