El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado este martes un duro golpe a la Administración de Joe Biden en materia de inmigración. La mayoría conservadora del Alto Tribunal ha permitido que se aplique, al menos temporalmente, una agresiva ley firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que permite a autoridades estatales arrestar y deportar a inmigrantes que entren sin papeles en el estado. Esos poderes hasta ahora siempre han correspondido exclusivamente al gobierno federal.
La decisión no es definitiva y lo que han hecho los magistrados conservadores es dar luz verde a que ley pueda aplicarse mientras devuelven el caso a un tribunal inferior que la frenó advirtiendo de que podría ser inconstitucional y se resuelven apelaciones.
La ley, conocida como S.B.4, impone penas de hasta seis meses de cárcel a quienes entren de forma ilegal en Texas desde México y contempla que puedan enfrentar cargos criminales si vuelven a intentar entrar. Además, se da poder a jueces estatales para ordenar deportaciones a México, incluso sin consentimiento del país vecino, y autoridad a agentes de fuerzas del orden locales para aplicar esas órdenes.
Disenso progresista
Las tres juezas de la minoría progresista se han opuesto a la decisión. En una opinión firmada por dos de ellas han alertado de que el tribunal “invita a más caos y crisis” en la aplicación de las normas de inmigración.
“Texas aprobó una ley que directamente regula la entrada y expulsión de no-ciudadanos e instruye directamente a sus tribunales estatales a ignorar procedimientos de inmigración federales que estén en marcha”, ha escrito la jueza Sonia Sotomayor. “La ley cambia radicalmente el equilibrio de poder federal-estado que ha existido durante más de un siglo”.
Sotomayor y Ketanji Brown-Jackson denuncian también que la ley texana “perturbará relaciones internacionales sensibles, frustrará la protección de individuos que huyen de la persecución, dificultará esfuerzos federales de aplicación de leyes, minará la capacidad de agencias federales de detectar y monitorear amenazas de seguridad inminentes y desalentará a no-ciudadanos de informar de abusos o trata”.
Guerra con Biden
La decisión de la mayoría conservadora sobre la ley es un triunfo para Abbott, que declaró la guerra al gobierno federal desde que Biden llegó a la Casa Blanca y ha intentado desde entonces arrebatar al gobierno federal el control de la política migratoria. Abbott asegura que el estado tiene derecho a defenderse de lo que tilda como una “invasión”.
Abbott puso en marcha la Operación Lone Star, una campaña que ha presupuestado con 11.000 millones de dólares y que ha incluido el despliegue en el estado de la Guardia Nacional, desplazando a las fuerzas federales, así como el envío de autobuses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, el uso boyas con cuchillas en el río Grande (que un tribunal le obligó a retirar) y el empleo de concertina (que en una decisión previa el Supremo autorizó a las autoridades federales a retirar si dificultaba sus funciones).
Texas ha defendido ante el Supremo que la cláusula de guerra de la Constitución ampara su ley, pues esa provisión afirma que los estados no pueden participar en la guerra “salvo ante una invasión” o la amenaza inminente de una. La abogada que ha representado a la Administración Biden ante el Supremo, Elizabeth Prelogar, ha defendido que esa es una interpretación errónea, afirmando que “un aumento de la inmigración no autorizada claramente no es una invasión” en el sentido de de la cláusula.
Tema de campaña
Con los cruces desde la frontera sur en récords históricos, la inmigración se ha hecho un tema central en la política estadounidense y los republicanos, en control de la Cámara Baja del Congreso, han iniciado un proceso de ‘impeachment’ contra el secretario de Interior, Alejando Mayorkas.
Es también un asunto nuclear en la campaña electoral presidencial en EEUU y Abbott ha recibido grandes elogios de Donald Trump, el expresidente y candidato de hecho republicano para noviembre, que incluso tras una visita reciente a Texas aseguró que el gobernador está en su lista de potenciales candidatos a vicepresidente. Como ya hiciera en la campaña de 2016, Trumpha intensificado su retórica xenófoba. Este mismo fin de semana repetía mensajes llamando «criminales» a los inmigrantes y llegó a decir que «no son personas».
En 2012 el Supremo invalidó provisiones de una dura ley de inmigración de Arizona. Entonces solo estaban en el Supremo dos de sus nueve jueces actuales, el presidente John Roberts y Sotomayor.
