Poco después de que el president Pere Aragonès reclamase una financiación singular para Catalunya, que según su modelo debería ser parecida a la de Euskadi al suponer la gestión de “todos los impuestos generados” en la comunidad autónoma, el Gobierno central ha enfriado la propuesta. Lo ha hecho, eso sí, con buenas palabras, evitando cargar contra el dirigente de ERC, porque el Ejecutivo necesita a los republicanos en cada votación del Congreso y la precampaña catalana, con elecciones el próximo 12 de mayo, obliga también a hacer equilibrios para no espantar a una parte del electorado potencial del PSC.
Pero tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han tomado distancia de un enfoque como el de Aragonés. Este último ha dejado claro que el “marco” negociador de la financiación tiene que ser con “todas las comunidades”. Es decir, no solo entre el Ejecutivo y Catalunya. Lo cual, en el fondo, implica que el nuevo sistema no se vislumbre a corto plazo, ya que el PP gobierna 11 de las 17 autonomías y no está por la labor de alcanzar aquí un pacto.
“Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades y con el PP para la reforma del modelo de financiación. Estamos en un momento oportuno, porque hay 11 comunidades gobernadas por el mismo color político. Sería deseable que el PP trasladase una posición conjunta”, ha añadido Alegría tras el Consejo de Ministros.
La respuesta de Sánchez
El Gobierno insiste cada vez que tiene ocasión en la necesidad de reformar el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (todas, salvo Euskadi y Navarra), que lleva sin tocarse desde 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En privado, sin embargo, reconoce que las posibilidades de alcanzar un acuerdo en esta legislatura son prácticamente nulas. Al mismo tiempo, los socialistas evitan molestar en exceso a Aragonès.
“Queremos un nuevo sistema de financiación, pero la respuesta tiene que ser multilateral. Las comunidades autónomas tienen sus propias realidades”, dijo el presidente, Pedro Sánchez, la semana pasada en el Senado. El Ejecutivo, en este sentido, está dispuesto a reconocer “algunas singularidades” de Catalunya, señalan los colaboradores del líder socialista, pero siempre dentro del régimen común.
Acuerdos de investidura
Cuando los republicanos anunciaron la pasada semana que presentarían la propuesta que ha lanzado este martes Aragonès, todavía con la negociación de los Presupuestos viva, en el Ejecutivo trazaron una línea roja respecto a un pacto fiscal. Entonces, al igual que ahora, fuentes de Moncloa limitaron las vías a explorar para reconocer algún tipo de singularidad de Catalunya, a una negociación en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica. Todo ello, asumiendo que su reforma no está garantizada ni siquiera a medio plazo, por las dificultades para pactarla con el PP.
Entre medias, con el objetivo de mantener el apoyo de los independentistas, desde el Gobierno remiten al cumplimiento de los acuerdos de investidura. Entre ellos, la condonación parcial de deuda y el traspaso de Rodalies, pactadas con ERC, o el plan para facilitar el regreso a Catalunya de las sedes sociales de las empresas que salieron por el ‘procés’, acordado con Junts. Esta última medida también formó parte del acuerdo con los posconvergentes en los primeros decretos de la legislatura a través de una reforma de la ley de sociedades.
En materia de financiación, PSOE y Junts acordaron en su reunión de Ginebra el pasado sábado, con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador internacional, comenzar a negociar esta carpeta. Eso sí, partiendo de diferencias de partida sustanciales. Los posconvergentes apostarán, como ya recogía el pacto de investidura, por la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para la cesión “del 100% de todos los tributos”. Un objetivo que recoge también la propuesta presentada este martes por el Govern y a la que se oponen de plano los socialistas.
