El asesinato de Nuria, una de las cocineras de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), ha propiciado una reacción en cadena de los funcionarios de las cárceles de toda España. Muchos de ellos se han puesto en pie de guerra contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y han organizado un encierro en sus propias prisiones.
Que un recluso acabase con la vida de su compañera ha sido, para ellos, la gota que ha colmado el vaso tras centenares de denuncias sobre su seguridad en los últimos años. De ese modo, la protesta iniciada la semana pasada en la prisión catalana en la que fue asesinada la cocinera se extiende ahora a todo el territorio nacional.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de múltiples fuentes penitenciarias, este lunes, en torno a las seis de la mañana, trabajadores de una decena de cárceles en diversos puntos del territorio tienen previsto encerrarse en sus respectivos centros, impidiendo ser relevados por sus compañeros que acudan a primera hora del día a su puesto de trabajo.
[Piquetes en las cárceles catalanas por el asesinato de la cocinera de Mas d’Enric: «Va por Núria»]
Para ello, los funcionarios tienen intención de cortar las carreteras de acceso a los centros penitenciarios. Los trabajadores aseguran estar «hartos» de arriesgar la vida cada día en un trabajo en el que, desde hace muchos años, sufren cada vez más agresiones por parte de los internos.
«Ha llegado el momento, sin duda, pero el momento de sobrevivir», señala un mensaje difundido entre algunos de los que han acudido a la protesta, conocido por EL ESPAÑOL.
«Ha llegado el momento de dejarnos de egoísmos y de divisiones, y tirar palante (sic). Lo único que entienden estas Administraciones y organismos públicos es una huelga salvaje y no entrar en los centros al menos durante 2 semanas. La paralización total del servicio público. A los políticos y a este Gobierno, a este ministerio, y a esta secretaría general, se la suda la muerte de Nuria», añade el texto.
Los planes de estos trabajadores penitenciarios son cortar el acceso, desde las cinco de la mañana, en al menos los siguientes centros penitenciarios: Villena (Alicante), Morón (Sevilla), Huelva, Fontcalent (Alicante), Cuenca, Albocàsser (Castellón), Picassent (Valencia), Aranjuez (Madrid) y Murcia.
Horas antes del inicio del encierro de los funcionarios, los impulsores repartirán imágenes de algunas de las agresiones de las que han sido víctimas en los últimos años. El objetivo es imprimirlas y exhibirlas durante la concentración y la protesta.
Carteles que están distribuyendo entre los funcionarios para la protesta.
A finales de la pasada semana, los trabajadores penitenciarios de las cárceles catalanas se rebelaron tras el asesinato de Nuria. Desde primera hora del viernes, decidieron bloquear los accesos a las penitenciarías de esa comunidad, que se encontraban con el personal bajo mínimos. En seis de ellas no les quedó más remedio que encerrar a los presos en sus celdas al no poder controlarlos.
Las consecuencias ya son de gravedad, puesto que se han establecido barricadas y piedras en la entrada de algunos de los centros. Ahora, en solidaridad con sus compañeros catalanes, los funcionarios de toda España se han sumado a la protesta consumando el encierro.
El peor año de siempre
El pasado 2023, por segundo año consecutivo, las prisiones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, registraron la peor cifra de la historia las agresiones a los trabajadores del sistema penitenciario. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, los funcionarios de las cárceles españolas sufrieron los 12 meses más complicados, al ser víctimas de 508 agresiones por parte de reclusos en los centros de todo el territorio.
[Las cárceles de Marlaska registran 508 agresiones a funcionarios en 2023, la peor cifra de la historia]
El asesinato de Nuria ha sido el que ha prendido la mecha de las protestas y la indignación, pero nunca su seguridad se vio tan comprometida como en 2023. Si la cifra del año 2022 ya superaba con creces todos los registros (453 agresiones) los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los que ha podido acceder en exclusiva EL ESPAÑOL sobre este último año rompen ya la barrera del medio millar, aunque de distinta gravedad.
El dato de 2023 suponía un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas con respecto al año anterior, convirtiéndolo en el más violento de la última década.
Si en 2022 los funcionarios de Instituciones Penitenciarias sufrieron una agresión cada 19 horas, en el año 2023 esa frecuencia aumentó a que los trabajadores de las cárceles españolas eran víctimas de una agresión cada 17 horas.
Hace dos años, la Secretaría General de Prisiones daba un paso más en su política de concesión de privilegios penitenciarios a internos en régimen de tercer y de segundo grado. Una modificación en una de sus instrucciones internas permitía que esa clase de presos pudiera obtener permisos de salida pese a haber sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves.
No es la única medida que se ha tomado desde entonces en favor de los reclusos. En 2021, EL ESPAÑOL reveló que Interior paga un plus de «productividad» de hasta 2.000 euros al año a aquellos directores que excarcelen más presos de sus centros.
Trabajar en contacto directo con la población reclusa es peligroso. Este tipo de medidas llevan años laminando física y moralmente a un colectivo que todavía no tiene la consideración de agentes de la autoridad.
Agredir o matar al trabajador de una cárcel, a día de hoy, sale barato. Y por eso desde hace 6 años los funcionarios vienen criticando hasta la saciedad la llamada filosofía del «buenismo penitenciario». Es la que, a juicio de los trabajadores, impera en estos momentos en Instituciones Penitenciarias.
