Hoy se han dado los primeros pasos para el arranque de la nueva legislatura en el Parlamento de Galicia. Será la quinta consecutiva con una mayoría absoluta del Partido Popular. Lo hace en medio de la polémica a nivel nacional relativa a las compras de materia realizadas por las distintas administraciones para hacer frente a las necesidades que acarreó la pandemia.
Precisamente, el inicio del mandato de Alfonso Rueda como presidente, ahora sí ya, elegido por una amplia mayoría de ciudadanos gallegos, tendrá como una de las primeras cuestiones a dilucidar en sede parlamentaria la creación de una comisión de investigación centrada en los citados contratos relacionados con la crisis provocada por el Covid-19.
Así lo anunció el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Luís Bará, quien explicó que su grupo pedirá en el Parlamento autonómico esta comisión en el caso de que los ‘populares’ no acepten que se lleve a cabo una auditoría sobre los contratos realizados por la Xunta durante la pandemia “y sobre los que existen sospechas”.
El propio Bará acusó al presidente autonómico “de intentar proteger a Núñez Feijóo” al negarse, según sus palabras, a poner «luz y taquígrafos» sobre la gestión de contratos firmados cuando era presidente de la Xunta. «Rueda tiene que asumir sus responsabilidades y una de ellas es dar información, actuar con la máxima transparencia” y no poner las trabas en forma de escudo a favor de su predecesor en el cargo y ahora máximo responsable del PP.
No es la primera vez que aparacen sospechas sobre la gestión llevada a cabo por la administración autonómica en esta materia. Ahora, para el dirigente nacionalista, “hay muchas sombras, dudas y oscurantismo” en la manera de actuar del Gobierno regional. A estas sospechas contribuye, además, para el BNG la negativa de Alfonso Rueda a dar luz verde a la auditoría que solicitan “si no hay nada ilegal o irregular”.
Bará fue contundente al indicar que “algo huele a podrido en la Xunta en relación con los contratos de la Covid”, para a contuación asegurar que “cada vez son más evidentes las irregularidades y chanchullos y los ‘pelotazos’ asociados a la contratación alrededor de la pandemia”.
Los nacionalistas gallegos critican a las personas que hicieron “negocios multimillonarios” a cambio de “comisiones abusivas”, en un momento de emergencia extrema “aprovechándose de la crisis sanitaria y de la alarma social para enriquecerse”, en alusión a lo ocurrido con los casos Koldo y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No obstante, en el ámbito propio de la Xunta de Galicia, Luís Bará no dudó a la hora de hablar de lo que definió como “casos especialmente alarmantes». En ellos se encuentra la justificación del BNG para reclamar la auditoría. Entre los supuestos que han levantado sospechas se hallan los “pelotazos” de Sibucu 360, empresa ajena al sector sanitario vinculada con Moonoff y el empresario José Ramón García, de Blusens. Con esta compañía el ejecutivo autonómico contrató el suministro de máscaras, lo que conllevó que con solo cuatro trabajadores, según explicaron desde el Bloque, incrementase su facturación de 765.000 euros en 2019 a 31 millones en 2020.
La conexión de Ayuso con Galicia
Pero las explicaciones que piden los nacionalistas no se quedan ahí, sino que también citan la «venta fraudulenta» que este mismo grupo empresarial hizo de mascarillas FFP2 modelo KN95, afectadas por una alerta del Instituto Galego de Consumo (IGC). El motivo era estar certificadas por un organismo italiano no autorizado.
El BNG también pide a la Xunta todos los datos relativos a los contratos firmados con Mape Asesores, curiosamente empresa con la que medió, según los nacionalistas, Alberto González, pareja de la presidenta madrileña y que está sendo investigado por presunto fraude fiscal.
Luís Bará informó de que el novio de Díaz Ayuso, “supuestamente” actuó de intermediario entre FSC Select Products y Mape Asesores entre los meses de mayo y agosto de 2020, ingresando en este tiempo casi dos millones de euros. Cabe destacar que la Xunta firmó con la segunda de las empresas hasta doce contratos por más de 10,4 millones de euros entre abril y julio de ese mismo año. La pregunta que pone sobre la mesa el diputado nacionalista es si los gallegos “pagamos parte de las comisiones con las que el señor González compró los pisos de los que tanto se está hablando”.
Pero los vínculos de Ayuso y su familia con Galicia a través de la Xunta no se quedan ahí. Bará insistió en la necesidad de “investigar las conexiones” con respecto a otros contratos de la administración autonómica, como la realizada con Sismédica S.L. por valor de 298.000 euros y sobre la que el Bloque ya pidió una auditoría, rechazada por el PP en abril de 2022. Tal y como subrayó este diputado de la opacidad de este contrato habla el hecho de que el mismo “no aparece en ningún portal de la Xunta».
A lo anterior, amplía el BNG su solicitud de aclaraciones a los contratos de atención telefónica rubricados en 2020 y 2021 por la Xunta con la empresa Universal Suport, del Grupo Conecta. Se da la circunstancia de que esta misma compañía se encargó también de la contratación de los «famosos rastreadores» de la Covid.
El Gobierno regional y Universal Suport firmaron casi un veintena de acuerdos por valor de 15,2 millones de euros, según los datos manejados por el Bloque Nacionalista Galego.
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