El 15 de mayo es la próxima fecha señalada en rojo en el calendario de la ley de amnistía. Marca el plazo límite que tiene el PP para plantar cara a la medida de gracia en el Senado, donde gozan de una mayoría absoluta y, prácticamente, omnipotente. Los populares están ultimando su estrategia para estos dos meses en los que quieren citar a comparecer a expertos, recabar las opiniones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desplegar en el Senado todo el poder autonómico que acumulan tras las elecciones de mayo.
En un suma y sigue de lo estrambótico de la tramitación de esta ley (se ha votado dos veces en el pleno del Congreso), los conservadores plantean su paso por el Senado como una oportunidad para recabar toda la información posible que, en un futuro, puedan argumentar para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Además, los tiempos para su aprobación final están en manos del PP, algo clave teniendo en cuenta el adelanto electoral convocado en Cataluña para el 12 de mayo, solo 3 días antes de que expire el plazo para que la Cámara Alta se pronuncie.
La Mesa, la urgencia y los letrados
La primera parada de la ley de amnistía será la Mesa del Senado. El próximo martes, el órgano de gobierno de la Cámara deberá tomar dos decisiones de calado: si la ley sigue por la vía de urgencia, como estableció el Congreso, y a qué comisión remite el texto. Tras haber modificado el reglamento expresamente para retrasar la medida de gracia, lo más previsible es que los populares rechacen tramitarla de urgencia -solo tendrían 15 días– y sigan la vía ordinaria, la de los dos meses. Sobre la comisión escogida, fuentes populares apuntan que será la Constitucional -por el mensaje simbólico que conlleva- y no la de Justicia, como ha ocurrido en el Congreso.
Y, además, la Mesa del Senado recibirá un primer informe de los letrados de la Cámara. Los populares despreciaron la opinión del cuerpo jurídico del Congreso, que avaló la tramitación de la amnistía, por estar bajo el control del letrado mayor, Fernando Galindo, que durante una etapa trabajó para el Gobierno del PSOE. El PP, por su parte, ha situado a Sara Sieira como secretaria general del Senado y será ella quien firme el nuevo informe.
Comparecientes y enmiendas
La Mesa del Senado también abrirá un periodo para el registro de enmiendas hasta los primeros días de abril, aunque podrá ampliarlo posteriormente. Los grupos podrán registrar dos tipos de enmiendas, las de veto y al articulado. Sin embargo, solo prosperarán las del PP, dado que su mayoría absoluta imposibilita que la alianza del resto de partidos pueda lograr los números necesarios. No obstante, lo interesante será el movimiento que los conservadores pretenden hacer a la par en la comisión Constitucional, citar a expertos para recabar sus opiniones sobre la medida de gracia.
Aunque resulta extraño verlo, las comisiones tienen la potestad de solicitar la comparecencia de aquellos que deseen para escuchar sus valoraciones antes de entrar a debatir las enmiendas. Fuentes del grupo popular en el Senado explican que la intención es que los expertos puedan «aclarar» y «arrojar luz» sobre las consecuencias de la amnistía. En este sentido, un veterano senador del PP apunta que el objetivo es mostrar a la ciudadanía el amplio rechazo que suscita la norma en distintos sectores de la sociedad.
Desfile autonómico e informes
Para completar su acción, los conservadores quieren activar una de las funciones de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, la posibilidad de elaborar informes sobre las leyes que se tramiten en la Cámara Alta. En este sentido, fuentes populares explican que la intención es que miembros de los distintos gobiernos autonómicos -dirigen 11 de 17 ejecutivos– acudan al Senado y se posicionen sobre la amnistía. Esa comisión, donde también tienen mayoría, elaborará un informe que, según las mismas fuentes, servirá también para incluirlo en el recurso de la ley ante el Constitucional.
También han solicitado informes a otras instituciones. Una de ellas fue la Comisión de Venecia que este mismo viernes avaló la ley de amnistía, aunque criticó el procedimiento por la vía de urgencia. Por otro lado, los conservadores están a la espera del informe del CGPJ -los dos ponentes encargados están divididos por la cuestión- y del Consejo Fiscal -el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha negado hasta que la ley esté aprobada-.
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