El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha declarado secretas las diligencias que practica en la pieza separada número 2 del llamado caso Volhov, en la que investiga los contactos de Carles Puigdemont y su entorno con agentes del Kremlin.
En un auto dictado el pasado día 12, que ha trascendido este fin de semana, el magistrado alega la «la extrema sensibilidad de la investigación» para justificar el secreto de estas actuaciones, «con la finalidad de evitar perturbaciones en el desarrollo de esta investigación tan delicada».
El juez Aguirre adoptó esta decisión tan sólo tres días antes de que Junts sugiriera que Carles Puigdemont pretende regresar a España inmediatamente después de las elecciones catalanas, aunque aún no haya entrado en vigor la ley de amnistía y pueda ser detenido.
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El texto final de la ley de amnistía que el PSOE pactó con Junts (y que ahora debe tramitar el Senado) pretende extender la medida de gracia al delito de alta traición, por el que Puigdemont podría ser procesado debido a sus contactos con agentes de Vládimir Putin.
El juez instructor señala en su auto dictado el pasado día 12 que Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña, informa Efe.
Ya en un auto anterior dictado el pasado 28 de enero, el juez Aguirre apuntó que Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”.
El caso Volhov tiene su origen en una causa judicial abierta por Aguirre en 2016 para investigar el presunto desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona a entidades afines al movimiento independentista. Entre los investigados se encuentran Josep Lluís Alay (jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo), el informático Jaume Cabani (también encausado en el caso Tsunami) y el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas.
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Según el juez, los mensajes intercambiados entre el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y Josep Alay revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”. En uno de aquellos mensajes, Boye advertía que Puigdemont no debía criticar a Vladímir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko, para evitar contrariar a sus aliados del Kremlin.
El instructor también considera acreditado que Alay y Boye viajaron a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”.
Por su parte, Víctor Terradellas intercambió mensajes con J.B.S., supuesto intérprete y enlace con Rusia, a principios de 2018. De estas misivas se desprende que los contactos en el Kremlin “debían ser de muy alto nivel”, indica el magistrado
El instructor apunta a que los intereses rusos en el procés derivan de su propósito de “desestabilizar” a la Unión Europea, mediante una eventual salida de España por la independencia unilateral de Cataluña, “apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar”.
En su auto, el magistrado esgrimió datos que apuntaban a “estrechas relaciones personales” entre algunos investigados con diplomáticos o personas vinculadas con los servicios secretos rusos o miembros “influyentes” de partidos de la extrema derecha alemana o italiana, “con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica” con la Generalitat si Cataluña “se independizaba de forma unilateral de España”.
