1.360 hectáreas, esa es la superficie actual de cultivos ilegales en el entorno del Espacio Natural de Doñana. A priori podría suponerse que es una cifra sabida, tras los dimes y ‘diretes’ sobre su regulación a través del conocido como Plan de la Fresa (2014), y con la polémica proposición de Ley al respecto de la PP andaluz con Vox.
Aparcada esta normativa con el acuerdo Junta y Gobierno, el «histórico» Pacto de Doñana para recuperar el acuífero y garantizar el desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno, el nuevo informe sobre cultivos ilegales en Doñana, presenta datos muy reveladores del estado de la situación.
La reducción de los cultivos ilegales no alcanza las 60 hectáreas anuales
La comparativa anual de los datos difundidos en el estudio, refleja que el ritmo reducción de esta superficie de campos regables es de unas 60 hectáreas al año. Por eso, Juanjo Carmona, portavoz de WWF, interpreta que estamos ante un problema que «tardaría en solucionarse en 20 años».
Los ecologistas aseguran que, para rescatar a Doñana del colapso inminente, «se necesitan medidas más contundentes e inmediatas que garanticen la recuperación de la funcionalidad hidrológica de Doñana y que detengan la sobreexplotación del acuífero».
El estado de la situación es el siguiente: Diez años después de la aplicación del plan de ordenación en los cultivos al norte de la Corona Forestal de Doñana, un repaso de la superficie de riego en activo en este momento, en plena campaña de recogida de frutos rojos en Huelva, refleja que los campos regables fluctúan entre las 1.000 hectáreas y 1.600 en la última década.
El ‘Plan de la Fresa’ no ha logrado bajas de las 1.000 hectáreas el regadío ilegal en diez años
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF se ha mostrado este jueves contundente: «No se puede seguir invirtiendo más de 350 millones de euros de dinero público en el Acuerdo por Doñana, mientras se siguen cultivando más de 1300 hectáreas de secano y forestal transformadas ilegalmente en regadíos que se están enriqueciendo con absoluta impunidad».
Regadío ilegal en zona de alto valor ambiental
WWF ha subrayado que su estudio El Regadío ilegal de Doñana hoy identifica que del total de la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental, la zona A del POTAD, el plan de ordenación. Es decir, «en un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales». Ya han denunciado la situación ante la Junta, el Gobierno central, el SEPRONA y trasladarán esta información a la Fiscalía.
Las matemáticas permiten además analizar la situación desde distintas ópticas. Por ejemplo, la publicación ‘El regadío ilegal en Doñana’ hoy, difundida este jueves por la organización ecologista, afirma que la estimación del robo de agua en el entorno de la joya natural de Andalucía alcanza los 9 hectómetros cúbicos.
¿Es una cantidad significativa? Lo es, teniendo en cuenta que las medidas para aliviar el acuífero, el que nutre al parque nacional, contempladas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (2021-2027), ponen a disposición de la agricultura en la zona unos 19 hectómetros cúbicos, a través del trasvase de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras. Por lo tanto, el Gobierno central dispone esta medida para aliviar la presión humana sobre las aguas subterráneas, algo esencial para que Doñana no se seque. La comparativa permite hacerse una idea de la importancia del robo de agua, ya que 9 hectómetros cúbicos es casi de la mitad del recurso que plantea el trasvase.
La Confederación intensifica el cierre de pozos ilegales
Además, según la investigación, del total de la superficie de cultivos ilegales, 882,1 hectáreas de superficie regada de manera ilegal se encuentran en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y 481,7 hectáreas en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, cuya competencia en materia de agua corresponde a la Junta de Andalucía.
En lo que respecta a pozos ilegales, hasta la fecha, según los datos facilitados a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han cerrado por ejecución forzosa, 271 pozos ilegales y se encuentran otros 235 en tramitación para el cierre. Se han clausurado un 13% más con respecto a las cifras conocidas el pasado verano. Sobre los pozos que contaban con alguna figura de regularización, el organismo sostiene que se han cerrado 450 pozos, al contar con nuevos derechos, por sustitución del uso de agua subterránea por superficial.
Antes del pasado verano, la Confederación, cuyas competencias dependen del Gobierno central, incrementó las medidas cautelares para precintar estas captaciones de agua ilícitas, cifra que aumentará con la intensificación de los planes de inspección.
Estas medidas cautelares se llevan a cabo para proteger los recursos hídricos, al amparo de lo establecido en el Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que adopta medidas urgentes en materia agraria y de aguas para paliar los efectos de la sequía. En concreto, las actuaciones consisten en el requerimiento a los propietarios de las fincas de la extracción de los equipos de bombeo instalados en las captaciones para proceder a su precintado.
El organismo afirma que se ha conseguido el cese del riego de 57,74 hectáreas de frutos rojos, estimándose la captación irregular de agua para riego en más de 300.000 m³ por campaña. En total, se han cerrado 450 pozos, al contar con nuevos derechos, por sustitución del uso de agua subterránea por superficial.
Fernández-Pacheco: «Quien extraiga agua de manera ilegal del acuífero debe ser localizado y castigado»
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves que el Gobierno andaluz está «a favor de que se cumpla la ley» por lo que «quien extraiga agua de manera ilegal sin concesión» del acuífero de Doñana «debe ser localizado y castigado».
Así lo ha indicado durante su intervención en el ciclo Encuentros Ser Por el agua y las energías limpias Andalucía frente al cambio climático en Sevilla, al ser preguntado por el estudio de WWF.
Fernández-Pacheco, aunque ha señalado que «no conocía el estudio aún», ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía «está absolutamente a favor» de que se cumpla la ley. «A la gente que lo hace bien hay que reconocérselo y a los que lo hacen mal hay que castigarlo. Y extraer agua del acuífero sin concesión correspondiente está mal, y por lo tanto, no se trata de amnistiar a nadie, sino de regularizar una situación que era irregular», ha comentado.
35 toneladas de fruta y verdura ilegal en los mercados europeos
El estudio de WWF presenta datos muy actualizados y se ha realizado mediante el uso de imágenes satelitales, ortofotografías aéreas y comprobaciones sobre el terreno. Otras cifras clave son: el 80% de la superficie ilegal denunciada corresponde a cultivos ilegales de fresas y frutos rojos fuera de la zona agrícola regable delimitada por el Plan de la Fresa. WWF cifra en 35 toneladas, la fruta y la verdura procedentes de estas plantaciones ilegales en los mercados europeos y españoles.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de la organización, ha afirmado que «el robo del agua está provocando un impacto ambiental enorme, pero también económico al dañar la imagen del sector y provocar una competencia desleal con los productores legales».
«El robo del agua está provocando un impacto ambiental enorme, pero también económico al dañar la imagen del sector y provocar una competencia desleal», Juan Carlos del Olmo, WWF
Los ecologistas aseguran que, para rescatar a Doñana del colapso inminente, «se necesitan medidas más contundentes e inmediatas que garanticen la recuperación de la funcionalidad hidrológica de Doñana y que detengan la sobreexplotación del acuífero».
