La nota remitida este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid que daba cuenta del ofrecimiento de un pacto por parte de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con visos a conseguir evitar el juicio y rebajar la pena tras ser denunciado por un fraude fiscal de 35.000 euros ha causado todo un incendio en el seno del Ministerio Público. También críticas desde las asociaciones de fiscales y el Colegio de la Abogacía de Madrid por afectación al derecho de defensa. Por parte de la Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se encuentra Álvaro García, se señala a la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, como responsable de la difusión del escrito.
Así lo señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la Fiscalía General, que añaden que las explicaciones dadas son las que quiso sacar la Fiscalía Provincial de Madrid «en defensa del fiscal, de la Fiscalía, de delitos económicos y de toda la institución». Según las mismas fuentes, el decano de los abogados de Madrid Eugenio Ribón manifestó su malestar por el contenido de la nota en la noche del jueves mediante una llamada telefónica a Rodríguez.
Reunión en Fiscalía general
A raíz de esta llamada se ha producido una reunión este viernes, en la sede de la Fiscalía, a la que han acudido el fiscal general, el decano de los abogados, Pilar Rodríguez y también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Durante el curso de la misma se han dado las explicaciones pertinentes y la propia Rodríguez se ha atribuido la responsabilidad de la emisión de la nota de prensa, según las mismas fuentes. El contenido de este encuentro no es confirmado, sin embargo, por el propio Colegio, que alega que se ha solicitado sigilo sobre estos contactos.
Los encuentros se han producido después de que el colegio emitiera un comunicado que supone un severo reproche por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ya que considera «de extrema gravedad» la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados. La Junta de Gobierno se reunirá el próximo lunes para tratar el asunto, y el decano ha convocado a los medios de comunicación a las 17.00 horas para dar cuenta de los acuerdos que se adopten.
En su comunicado los abogados no mencionan nada, sin embargo, sobre el origen de las informaciones en prensa que precedieron a dicha nota y que hablaban de tan solo uno de los correos electrónicos, en el sentido de que el pacto de rebaja de condena habría partido del fiscal.
La difusión de esta nota coincide con la inminente llegada al ICAM, como nuevo secretario general, de quien hasta ahora era el jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella Rodríguez-Miñón, según ha podido saber este diario. Fuentes del colegio desvinculan no obstante a Banciella de la elaboración del comunicado crítico con la Fiscalía.
Fiscales y abogados
Con las críticas a la respuesta oficial coincide la asociación mayoritaria en la Carrera, la Asociación de Fiscales, desde la que se califica de «increíble» que la Fiscalía ataque la confidencialidad de la actuación del letrado. «Estas polémicas no benefician nada la imagen de seriedad y credibilidad de la Fiscalía y tampoco benefician la buena marcha del proceso penal», señalan a este diario.
En el mismo sentido se ha Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que considera que la revelación de los correos electrónicos por parte de la Fiscalía de Madrid «causa un perjuicio evidente al investigado y, además, teniendo en cuenta la relevancia de la persona investigada, por su relación con un alto cargo público, aleja a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que debe desempeñar siempre como institución».
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía el fiscal general, defiende que la Fiscalía encargada del asunto no divulgó ningún tipo de información reservada, «simplemente actuó en el ejercicio de sus funciones con absoluta imparcialidad»
En su comunicado, los fiscales progresistas apuntan también Pilar Rodríguez: «Solo ha emitido una nota de prensa para aclarar informaciones inexactas de determinados medios de comunicación sobre el papel desempeñado por la propia Fiscalía de Madrid»
«Aclarar los pasos seguidos en un asunto cuando existe un claro intento de intoxicación informativa y hay un interés público es no solo una posibilidad, sino una obligación para el Ministerio Fiscal», añaden.
Otros fiscales consultados subrayan la gravedad de lo ocurrido y apuntan que el funcionamiento habitual de la Fiscalía a la hora de sus comunicaciones públicas. No parece que una comunicación como la referida a la pareja de a presidenta de la Comunidad de Madrid pueda salir a la luz sin que lo autorice el fiscal general.
El pasado 2 de marzo, el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que es «voluntad firme» de su cliente «alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».
La respuesta del representante del Ministerio Público al que le corresponde el caso llegó diez días más tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicación, el fiscal Julián Salto Torres adjunta copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y añade que aunque ésta afecta también a otras personas: «no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible».
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