El Gobierno ha decidido renunciar a presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y prorrogar para todo este año las cuentas del pasado ejercicio, tras la sacudida al tablero político provocada por la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y las escasas o nulas posibilidades de sumar los apoyos parlamentarios necesarias para sacar adelante los nuevos PGE por la nueva situación política.
La falta de nuevos Presupuestos puede tener impacto directo en una de las grandes operaciones corporativas del mercado español: la entrada del Estado español en el accionariado de Telefónica y la posibilidad de convertirse en su nuevo mayor accionista. Desde el Gobierno se apunta que el plan sigue adelante y que se puede ejecutar con o sin nuevos PGE.
El Consejo de Ministros dio el pasado diciembre la orden al holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, de comprar una participación de hasta el 10% de Telefónica con el objetivo de contrarrestar los planes de desembarco en la teleco española de Arabia Saudi, a través de la operadora estatal Saudi Telecom, con un paquete de hasta el 9,9%.
Fórmulas para financiar la compra
La operación encomendada a SEPI puede superar los 2.200 millones de euros, según la cotización actual de Telefónica y si alcanza la cota máxima del 10% establecida. Ni Gobierno ni SEPI han desvelado formalmente la fórmula elegida para financiar una operación que requeriría tal desembolso, pero en el mercado se veía como la opción más probable que el Ejecutivo incluyera en esos nuevos PGE que ya no verán la luz una inyección extraordinaria de fondos a SEPI para poder ejecutar la compra.
Desde el Gobierno sólo se apunta que, aún ahora, SEPI tendrá capacidad para ejecutar el mandato y podrá abordarlo, pero no desvela cómo financiará el importe de la adquisición. El Ejecutivo puede utilizar remanentes de partidas no ejecutadas del los PGE de 2023 para poder transferir algunos fondos excepcionales al holding estatal, pero es previsible que no haya mucho margen presupuestario en las cuentas prorrogadas para activar esta opción.
La alternativa de utilizar los PGE era la que se veía más viable por las dificultades de SEPI para endeudarse más. El grupo público acumulaba una deuda de algo más de 3.000 millones de euros al cierre de 2022 (tras multiplicarla por diez en apenas seis años), según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el hólding estatal. Con la operación, el endeudamiento del grupo podría escalar por encima de los 5.000 millones.
El Tribunal de Cuentas ya advertía que la mayor parte de esa deuda correspondía a préstamos y créditos con entidades financieras, y recomendaba a SEPI optar por vías alternativas de financiación, singularmente por emisiones de deuda, para diversificar y reducir costes financieros. Desde SEPI se guarda silencio y no se hacen comentarios sobre cómo podrá ejecutar las compras.
SEPI o ‘SEPI digital’
El Gobierno prepara la creación de una nueva compañía pública que servirá para canalizar inversiones estatales en el sector tecnológico y que concentrará los grandes programas de ayudas a la industria digital. Una suerte de ‘SEPI digital’ con la que el Ejecutivo pretende movilizar 20.000 millones de euros.
El ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, dejó la puerta abierta a que este nuevo grupo estatal, denominado Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), controle acabe siendo quien controle la participación accionarial que el Gobierno pretende tomar en Telefónica. No obstante, de momento, la única sociedad que tiene el mandato formal de entrar en el capital de Telefónica es SEPI y está previsto que sea el grupo dependiente de Hacienda el que ejecute la operación.
Telefónica se prepara para un doble terremoto accionarial, por la irrupción de Arabia Saudí en el capital de la teleco española con hasta un 9,9% (para lo que debe pedir permiso al Gobierno por el carácter estratégico del grupo) y por el plan del Ejecutivo español de blindar la españolidad de la compañía ordenando comprando una participación de hasta 10%, un cuarto de siglo después de su privatización total.
La entrada del Estado permitirá conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles en su intento de blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégico, por su vinculación con defensa y la seguridad nacional y por su papel clave en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología. SEPI ha comprometido su “vocación de permanencia” para proporcional “mayor estabilidad accionarial”.
El nuevo núcleo duro de accionistas españoles lo integrarían la propia SEPI con esa participación de hasta el 10%, junto a los dos grandes socios que han venido dando estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo: BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 2,5% en manos Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa). La suma de los tres paquetes superaría el 20% del capital de la teleco y desbordaría con creces el 9,9% al que aspira controlar Arabia Saudí. Se da la circunstancia, además, de que el Estado tiene también una participación del 17% en Caixabank a través del FROB tras la integración de Bankia.
