El escándalo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso saltó a la prensa después de que la ministra de Hacienda revelase en los pasillos del Senado el presunto fraude y exigiese explicaciones a la presidenta madrileña. María Jesús Montero alegó que no conocía detalles y que se basaba en lo publicado, pero ningún medio ofreció la noticia hasta más tarde, lo que ha hecho sospechar a los inspectores de la Agencia Tributaria.
La Ley General Tributaria, en su artículo 95, no deja lugar a dudas: “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.
También recoge este mismo artículo, en el apartado 3, que “la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave”.
Sistemas informáticos fiables y protegidos
Desde el punto de vista operativo, los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria son totalmente fiables y están perfectamente protegidos. Por tanto, la única posibilidad de fuga de información de estas bases de datos es que alguien lo haga de forma deliberada, descartándose casi por completo el fallo o el ataque externo.
El sistema informático de la Agencia Tributaria permite identificar incluso al responsable de esta infracción. Las bases de datos con la información de los contribuyentes y de las investigaciones que se encuentran en marcha registran cada consulta que realizan los funcionarios. Éstos tienen que acceder con una clave, y de esta forma queda grabada toda la información: quién ha accedido, cuándo lo ha hecho, cuánto tiempo han estado consultado la base y qué datos de qué contribuyentes ha visionado.
No es habitual tampoco que los responsables políticos conozcan los planes de inspección, ni las actuaciones diarias. Pero si los funcionarios que investigan el asunto se lo trasladan a su superior por la relevancia del expedientado, como puede ser el caso del novio de Ayuso, la información va ascendiendo hasta que llega al director de la Agencia Tributaria y el ministro de Hacienda. En esos casos, existe la tentación de utilizar políticamente los supuestos fraudes de algunas personalidades.
Las advertencia pública de Montero
Los inspectores de Hacienda se encuentran molestos y preocupados por la presunta filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «La ministra María Jesús Montero no había cruzado esa línea hasta ahora. Es muy preocupante que traspase la legalidad», han alertado desde el gremio. Según la ley tributaria, los datos fiscales tienen carácter reservado y está prohibida su difusión e incluso está vetado su acceso al ministro de Hacienda.
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), Ana de Herrán, ha remarcado la gravedad del asunto y ha instado a confirmar que la información no haya salido de la Agencia Tributaria: «Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, se pone en entredicho el artículo de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo», ha puntualizado en los últimos días.
El asunto preocupa a los inspectores no sólo por la posible vulneración de la ley, sino por dar una imagen de estar politizados. «Lo que no queremos es que se traslade una imagen de que la Agencia Tributaria está politizada. Los inspectores de Hacienda no estamos politizados. Por eso, advertimos de que cualquier funcionario en cualquier ámbito de la Función Pública tiene que ser elegido objetivamente, porque si no es así deberá el favor a la persona que lo ha elegido, y nosotros no queremos eso», ha enfatizado de Herrán.
Por su parte, la ministra de Hacienda ha negado rotundamente las acusaciones y descarta las filtraciones. Ha vuelto a insistir en que las explicaciones las tiene que dar Ayuso y le insta a «no echar balones fuera». Ha calificado la información sobre su presunta filtración de «falsa» y ha reiterado que la información del caso se conoció por los medios de comunicación a raíz de una denuncia de la Fiscalía, no de una filtración tributaria. De hecho, Montero ha defendido el trabajo y las actuaciones del organismo.
La filtración sobre la investigación
Altos cargos de la Agencia Tributaria aseguran que los contribuyentes pueden estar tranquilos de que sus datos fiscales están protegidos, y de que no van a salir a la luz en cualquier momento. “La gente normal y corriente no tiene que preocuparse. Otra cosa son las personas más conocidas y famosas”. Citan varios precedentes, desde Lola Flores y Pedro Ruiz (a finales de los años 80) hasta ahora el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Están convencidos de que la mejor forma de despejar las dudas sobre la responsabilidad de la Agencia Tributaria es realizar una investigación interna para castigar a los culpables, si los hubiera, y para tranquilizar a los contribuyentes si se demuestra que la fuga no se produjo en este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Por ello, consideran que ante la polémica que se ha originado ahora por la filtración de los datos tributarios de Alberto González Amador, la solución sería llevar a cabo una investigación interna. “Para eso hay dentro de la institución un Servicio de Auditoría Interna: su misión es precisamente vigilar que se cumplen las normas dentro de la Agencia”, señalan.
Afirman, por tanto, que la mejor forma de evitar estas filtraciones que infringen la ley y la confidencialidad de los datos personales de los contribuyentes es investigar cada caso que se produzca. “A lo mejor luego es difícil demostrar y condenar a los culpables. De ahí que nunca se hayan producido denuncias consistentes de los ciudadanos a Hacienda por este asunto. Pero los controles internos están para usarlos. No solo tranquilizaría a los ciudadanos, sino que provocaría que quien filtra se lo piense dos veces”, sentencian.
Relatan que no es la primera vez que sucede un caso similar de fuga de información. Aseguran que en esas ocasiones se ordenó al Servicio de Auditoría Interna que abriera inmediatamente una investigación. Tras comprobar qué funcionarios habían accedido al sistema informático a consultar los datos que se habían filtrado, se les interrogó para saber para qué habían entrado al expediente de ese contribuyente: si era un encargo de sus superiores para algún plan de inspección concreto y aprobado, qué habían hecho con los datos.
