Adif –entidad dependiente del Ministerio de Transportes y responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias– avisó al fabricante de que los trenes no iban a caber por los túneles, pero nada dijo a Renfe –entidad también ministerial que se encarga de los convoyes y del contrato–, que tampoco se interesó en preguntar. Todos lo taparon y el resultado es conocido: un caos. El ‘Fevemocho’, el escándalo que estalló a principios de 2023 por la demora de más de dos años que acumuló la construcción de 31 trenes de ancho métrico por ser incompatibles las dimensiones requeridas de los convoyes con algunos túneles de Asturias y Cantabria, se produjo por un rosario de errores y falta coordinación entre Renfe, Adif y CAF –la empresa privada que construye los trenes–, según se desprende de la auditoría interna encargada por el propio Ministerio para esclarecer lo sucedido y que se hizo pública este miércoles. Además, se establece una evidente «falta de transparencia« en CAF, al que se apunta como principal responsable, al conocer los errores previamente.
En la auditoría, se recomienda a Renfe «analizar las posibles responsabilidades en las que ha podido incurrir CAF por ocultación de información». Y añade: «Considerando especialmente que próximamente tendrán que negociar la modificación del contrato auditado para incorporar el nuevo diseño del tren resultante de la aplicación del método comparativo», en referencia esto último al cambio de criterio que se adoptó para buscar una solución al error. La construcción de estos nuevos convoyes comenzó hace semanas y la estimación es que estén en servicio en el año 2026.
La auditoría desvela, además, que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria «está desarrollando la correspondiente guía para la aplicación y desarrollo del método comparativo, estando prevista su culminación a lo largo de este año».
El informe, realizado tras numerosas entrevistas y analizando miles de documentos, establece que la compañía constructora supo con tiempo que los trenes que se estaban diseñando no podrían entrar por los túneles. CAF se enteró en noviembre del año 2020, antes de formalizar el contrato y después de recibir una información de Adif. Sorprendentemente, el contrato se firmó igualmente 54 días después. Y todavía más llamativo: Renfe, que encargaba el contrato, no supo nada de eso hasta un año después. «Cuando CAF firmó el contrato (el 29 de diciembre del año 2020) tenía información de que los trenes diseñados conjuntamente con Renfe no podían circular por las líneas». La compañía ferroviaria declinó hacer una valoración sobre el contenido de la auditoría y eludió también contestar si pedirá responsabilidades a CAF, lo que podría derivar en una batalla judicial. A su vez, la empresa no respondió a la valoración solicitada por este periódico.
La auditoría, pese a apuntar claramente a la empresa constructora por no facilitar información a sabiendas, según sostiene, refleja a su vez la falta de coordinación entre Renfe y Adif que reinó en todo el proceso, que se mantuvo en silencio durante más de dos años. «Si Renfe hubiese solicitado a Adif la información que éste disponía sobre la red de ancho métrico en el momento de la preparación del contrato habría podido determinar con absoluta certeza que las condiciones sobre el gálibo incluidas en las especificaciones técnicas del tren no se podían cumplir», establecen los auditores. A Adif, en cualquier caso, la auditoría le recomienda «revisar sus canales y procedimientos de comunicación para garantizar que la información que facilita, en respuesta a las solicitudes que recibe, llega también a posibles terceras partes interesadas conocidas, como en este caso hubiera sido Renfe como empresa contratante».
Recomendaciones
En sus conclusiones establece diferentes recomendaciones a las entidades que tuvieron responsabilidad en el proceso. Sobre Renfe asegura que, pese a no tener obligación legal de supervisar el contrato una vez firmado, siendo responsabilidad de la empresa cumplir con lo estipulado, es recomendable «una tutela efectiva de sus contratos». También dice que «sería recomendable» incluir en los grupos de trabajo al «personal con conocimiento». A Adif se le recomienda la realización de una auditoría interna sobre el estado de implantación del registro de infraestructuras en relación al ancho métrico. Además, los auditores dejan claro que «o bien no se tenían establecidos canales de comunicación para la transmisión de información (…) o esos no eran conocidos o usados por algunas de las partes».
La auditoría también analiza la solución al ‘Fevemocho’ –los trenes no se llegaron a construir–, que pasó por aplicar el «método comparativo» para su fabricación manteniendo «muchas de las características» del diseño original. No obstante, todos los cambios provocarán la perdida de «sólo» 17 plazas de un total de 241, lo que supone el 7 por ciento.
El Ministerio, tras publicar la auditoría, que insta al propio equipo de Óscar Puente a «liderar estos procesos», anunció que a partir de ahora y para evitar otro «Fevemocho» la Dirección general del Sector Ferroviario se ocupará de «garantizar la adecuada cooperación y coordinación entre Adif y los diferentes operadores ferroviarios».
