«No hay pacto sin la Abogacía del Estado». De este modo explican desde la Fiscalía la fase en la que se encuentran las negociaciones entre la defensa letrada de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía de Madrid para un posible acuerdo que rebaje las penas a las que pueda ser condenado el empresario. Se le imputan dos delitos fiscales y otro de falsedad por el impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades.
El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha accedido al cruce de mails entre las partes, que apunta a la posibilidad de dicho acuerdo. El pasado 2 de marzo, el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que es «voluntad firme» de su cliente «alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».
La respuesta del representante del Ministerio Público al que le corresponde el caso llegó diez días más tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicación, el fiscal Julián Salto Torres adjunta copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y añade que aunque ésta afecta también a otras personas: «No será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible».
Desde la Fiscalía se explica a El Periódico de España que este correo del fiscal no implica que hubiera pacto alguno y apuntan a la importancia de que la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, compruebe que se ha pagado efectivamente para poder llegar a una conformidad. Según esta explicación, la posibilidad de llegar a un pacto seguiría vigente, lo que contradice lo que este miércoles se explicaba desde la Comunidad de Madrid, en el sentido de que el fiscal propuso un pacto y después «le prohibieron cerrarlo».
Lejos de esta lectura, desde la Fiscalía se explica que el trámite normal en estos casos es que primero se pague y se reconozcan los delitos, y a partir de ese momento, y una vez judicializado el caso, se toman todas las declaraciones y se evalúa la prueba.
La conformidad nunca es inmediata
El artículo 305.6 del Código Penal permite rebajar la pena en dos grados si se paga en los dos primeros meses, «por eso la conformidad nunca es inmediata«, porque además en este caso habría que valorar también que se le imputa un delito de falsedad documental, añaden las mismas fuentes.
En todo caso, siempre tiene que estar de acuerdo la Abogacía del Estado, y además nos encontramos en una fase del proceso en el que la denuncia ni siquiera ha sido admitida aún a trámite por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, a quien le entró la causa por reparto este mismo miércoles.
En su comunicación a la Fiscalía, el abogado Neira informaba de la recepción de una denuncia correspondiente a la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único. «Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) asi como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT«, reza la literalidad del e-mail. Termina solicitando contacto con el fiscal asignado al asunto para «cualquier cuestión o aclaración que pudiese precisar».
En su mail de respuesta, el fiscal Salto adjunta copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo contra la sociedad Maxwell Cremona «para facilitarle el derecho de defensa». «Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto», añade la misiva, que concluye señalando que aunque también se ha denunciado a otras personas, «ello no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo» si González Amador y su abogado «lo estiman posible».
Juristas expertos en este tipo de acuerdos consultados por este diario señalan que la Fiscalía no es la que suele dar el primer paso, y menos aún en una fase tan temprana del procedimiento. Aunque no es común que estos asuntos se solventen vía mail, la realidad es que «hasta la incoación de la causa no se puede firmar nada».
Desde el entorno de la presidenta de Madrid insisten en que lo ocurrido «es turbio y feo», en línea con el argumento que ha lanzado Ayuso este miércoles de que Sánchez busca destruirla, acusándole de utilizar «todos los poderes del estado contra una persona anónima» como su pareja con una «inspección salvaje».
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