Cuando se echa la vista atrás, es difícil encontrar una tramitación tan endiablada como la que está viviendo la ley de amnistía. En un nuevo salto mortal de los acontecimientos, la aprobación de la medida de gracia en el Congreso será este jueves la primera parada de la precampaña electoral de los comicios catalanes, después de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, adelantara este miércoles la cita con las urnas al no lograr la aprobación de los presupuestos. El debate, que ya se preveía bronco por el choque del bloque de la investidura con PP y Vox, adquiere ahora un matiz importante, la pugna entre ERC y Junts.
Un mes y medio después de que los posconvergentes rechazaran la norma en un gesto de mayor presión al PSOE que el de los republicanos catalanes, la proposición de ley regresará al pleno del Congreso, donde necesitará un mínimo de 176 votos a favor para ser aprobada y seguir su camino en el Senado. El PSOE pretendía cerrar en este pleno una de las principales carpetas de negociación con ERC y Junts -en el resto de la tramitación no podrán modificar la ley- y al final se encontrará con una sesión plenaria en la que tanto republicanos catalanes como posconvergentes intentarán sacar pecho de las cesiones de los socialistas.
Aunque con la amnistía ya no se puede dar nada por hecho, el acuerdo de este jueves parece asegurado. Tampoco hay opción a un segundo desmarque de Junts. Si la amnistía no logra los 176 votos requeridos decaerá y sería necesario empezar la tramitación parlamentaria desde el principio. Con cuatro meses de negociaciones en el Congreso, nadie quiere esto. Menos aún, cuando las tres formaciones –PSC, ERC y Junts– se tendrán que medir en las urnas el próximo 12 de mayo. Otra cosa está clara, para esa fecha la amnistía no estará aún en vigor, por lo que el expresident Carles Puigdemont aún no podrá venir libremente a España.
El factor Puigdemont
Sin embargo, los posconvergentes calculan que para el debate de investidura del próximo president de la Generalitat, que previsiblemente se celebrará después de Sant Joan, Puigdemont sí podría desplazarse a Catalunya y estar presente en el Parlament. O, al menos, esta será la baza que utilizarán durante la campaña electoral, como ya se hizo en 2017, cuando se especulaba con que Puigdemont podía ejercer como president si era el más votado. «Para que vuelva el president, se tiene que votar al president», exprimieron en aquella ocasión, aunque finalmente el 30 de enero de 2018, Puigdemont no se desplazó presencialmente a la Cámara catalana y el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de Esquerra, acabó suspendiendo el pleno por la imposibilidad de hacerlo a distancia.
Un de los episodios más agrios que se han vivido entre los dos principales partidos independentistas y que este mismo miércoles se ha revivido en el Parlament, con las acusaciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, contra el president Pere Aragonès, acusándolo de anticipar las elecciones para dinamitar la candidatura de Puigdemont. Según Turull, el republicano ha aprovechado el rechazo de los Comuns a los presupuestos para convocar ya la cita con las urnas y pillar Junts a contrapié y sin que la amnistía esté vigente para beneficiar a su candidato. Sin embargo, han dado por hecho que, aunque no podrá hacer campaña dentro de Catalunya, sí la podrá hacer en Bruselas o hasta en la frontera francesa.
Las claves de la norma
La norma, que se ultimó la pasada semana en la comisión de Justicia del Congreso, permitirá amnistiar todos los actos relacionados con el procés independentista desde el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 13 de noviembre de 2023. En este periodo se incluyen no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos.
Sin embargo, el principal foco de discrepancia en la negociación ha estado en aquellos hechos que quedan excluidos de la medida de gracia. Fruto de estas tensiones, Junts rechazó la norma hace más de un mes para seguir presionando al PSOE. El texto final deja claro que tanto el terrorismo como la alta traición quedan fuera de su ámbito, aunque solo en su versión más grave.
En el primero de los casos, se hace referencia a los hechos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Con este redactado, según los tres partidos, queda claro que tanto el expresident de la Generalitat como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también investigada por terrorismo en el Tsunami, se beneficiarán de la norma. En relación a la alta traición, se excluye aquellas acciones que hayan producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España.
Sigue la tramitación
Una vez se certifique el respaldo del Congreso, la ley será remitida al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Justo esa mayoría fue la que usaron los populares en noviembre para modificar el reglamento de la Cámara Alta y poder retrasar ahora al máximo la ley de amnistía. El cambio introducido por el PP otorga a la Mesa del Senado la capacidad de decidir si una proposición de ley proveniente del Congreso se tramita por la vía de urgencia, lo que supone tener 20 días naturales para todas las cuestiones, o no, pudiendo estar la norma hasta un máximo de dos meses en el Senado.
Así, lo más seguro es que los conservadores apuren esos plazos. Para ello, ya han avisado que citarán a comparecer a distintos expertos para que den su opinión sobre la norma. Después, podrán vetar el texto, primero en comisión y más tarde en pleno, o enmendarlo por completo para dejar sin efecto la amnistía e incluir otros aspectos. Por lo tanto, se prevé que este trámite no termine hasta mediados de mayo. Después, la Cámara Baja deberá revertir todos los cambios. Así, la ley estaría aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de mayo.
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