El adelanto electoral en Cataluña ha trastocado la iniciativa legislativa del Gobierno, comenzando por la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Un “ejercicio de realismo político”, según justifican fuentes de Moncloa por la falta de garantías para sacarlos adelante con ERC y Junts. El modo electoral y la espiral competitiva entre estas formaciones aleja su apoyo. Es por ello que desde el Ejecutivo condicionarán ahora su calendario legislativo a medidas que sorteen la pugna entre los partidos independentistas. La intención tanto del grupo parlamentario socialista como del Gobierno pasa intentar que no desaparezca del todo su capacidad legislativa hasta que se resuelve el escenario de la gobernabilidad en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo.
Hasta la fecha de las elecciones quedan tres plenos en el Congreso. En el primero, los socialistas no tiene cupo para presentar iniciativas, pero están acabando de redactar su ley abolicionista de la prostitución para llevar al Congreso cuanto antes, según fuentes parlamentarias. Desde el Gobierno defienden por su parte que no tendrán problemas en sacar adelante leyes durante esta fase valle de la legislatura que no generen “problemas de competición” entre ERC y Junts. Se quedan así al margen iniciativas pactadas con estas formaciones, como la ley de sociedades de capital para favorecer el retorno a Cataluña de las empresas que salieron por el ‘procés’ o la norma para ceder las c
, que prevían presentar conjuntamente PSOE y Junts.
Los partidos en campaña asumen posiciones de máximos que dificultan los acuerdos. En Moncloa son conscientes, aunque confían en que mantengan los independentistas catalanes voluntad negociadora. “No nos han dicho que no podamos contar con ellos” en otras leyes al margen de los Presupuestos, de cariz más social y sin afectar a las banderas más electoralistas. El líder de ERC, Oriol Junqueras, entreabría ayer esta puerta. En declaraciones a los medios en el Congreso tras asistir al debate sobre la ley de amnistía, aseguraba que “no estamos aquí para garantizar la estabilidad de nadie”, pero sí para “trabajar por el bienestar de la gente”.
Otra cuestión son las iniciativas que provengan de Sumar o de sus ministerios, como reconocen los socialistas por lo que les han trasladado ya de ERC. Y es que los socios del espacio de Yolanda Díaz en Cataluña, los Comuns, votaron en contra de las cuentas catalanas forzando con ello la convocatoria electoral. La ley de familias, promovida por el ministerio de Derechos Sociales, sería una de las primeras afectadas.
El proyecto se remitió el Congreso a finales del pasado mes de febrero y el plazo para presentar enmiendas remata el próximo miércoles. Lo que hagan los republicanos medirá el grado de bloqueo parlamentario que puedan ejercer sobre la actividad legislativa que provengan del espacio liderado por la vicepresidenta segunda. Según fuentes parlamentarias del grupo republicano todavía no han tomado una decisión a la espera de “estudiar” más en profundidad el texto.
Además de ERC, Podemos también mantiene una actitud beligerante con el que fue su espacio antes de abandonarlo para integrarse en el grupo Mixto. La líder de los morados, Ione Belarra, anunció ya que presentarán enmiendas para hacer la ley de familias, que ella mismo promovió desde el ministerio la pasada legislatura, “más ambiciosa” en lo relativo a la ampliación de permisos por nacimiento.
Presupuestos de 2025
El mensaje que tratan de transmitir desde el Gobierno es que no se va a paralizar la actividad legislativa y que el cambio de escenario por el adelanto electoral en Cataluña solo afectará a la prórroga durante este año de las cuentas de 2023. De hecho, apuntan que tras el 12-M comenzarán los trámites para los Presupuestos de 2025, que aspiran a tramitar en tiempo y forma. Asimismo, añaden que los avances producidos y los preacuerdos no quedarán en papel mojado porque se retomarán las negociaciones con sus socios en el punto en el que se quedaron.
Una posición que contrasta con la de algunos de sus socios, que hablan directamente de que la legislatura entra en “modo de espera”. Así lo lamentaba la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien coincidía con otros socios de investidura, como BNG o Coalición Canaria, en alejar su apoyo al Gobierno y exigir alternativas para cumplir sus compromisos de investidura tras la prórroga de los Presupuestos.
«Cambio en las reglas de juego»
“Nos hubiese gustado continuar con la negociación presupuestaria para que las medidas sociales llegasen cuanto antes a la sociedad vasca. No es agradable para nosotros, pero tampoco es un drama político. Intentaremos que esos avances se puedan aprobar por otras vías”, argumentaba la portavoz de los abertzales en el Congreso. El representante de los nacionalistas gallegos, Néstor Rego, criticaba la decisión “unilateral” del Gobierno y acto seguido reclamaba “hacer las modificaciones necesarias para llevar a cabo las cuestiones recogidas en el acuerdo de investidura para 2024”. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, reconocía que “estamos preocupados” porque con la prórroga de Presupuestos hay numerosas medidas de la “agenda canaria” pactada para la investidura que “quedan en el aire”. A modo de advertencia, desde la tribuna del Congreso este jueves concluía que “las reglas del juego han cambiado”.
Desde el Gobierno sortean estas exigencias y limitan las modificaciones presupuestarias a “acuerdos ineludibles” con sus socios. Con todo, vinculan el grueso de los acuerdos en inversiones a nuevos Presupuestos. Posiciones que extienden las dificultades para mantener las mayorías de investidura más allá de ERC y Junts. La legislatura se adentra así en un compás de espera, con una iniciativa legislativa limitada, hasta que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña.
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