Una vieja canción de 1967 resume el drama infantil en Argentina. En aquel tiempo, ‘Hay un niño en la calle’ llamaba al oyente a reflexionar sobre esa situación que se consideraba intolerable. «Es honra de los hombres proteger lo que crece/ Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles/ Evitar que naufrague su corazón de barco/ Su increíble aventura de pan y chocolate», cantaba Mercedes Sosa. Cincuenta y siete años más tarde, no solo hay miles de niños en las calles. Siete de cada 10 en todo el país corren el peligro de vivir en la pobreza, de acuerdo con los últimos cálculos de Unicef. El drama abarca una franja etaria hasta los 18 años que habitan hogares que no cuentan con los mínimos recursos económicos y, además, carecen de otros derechos básicos como la vivienda, el acceso al agua potable, la educación y la salud.
El reciente informe ‘Situación de niñez y adolescencia: 2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos’, consigna que 8,6 millones de menores y adolescentes están afectados por una crisis que tiene distintas etapas y que se ha agudizado con la pandemia, el fracaso del último Gobierno peronista y la llegada al poder del ultraderechista Javier Milei.
Después de la devaluación del 118% de la moneda nacional los argentinos perdieron en los dos primeros meses de gestión del presidente de ultraderecha un 25% de su poder de compra. La caída de los ingresos se ha agravado en febrero. La inflación acumulada en el primer trimestre es casi del 60%, la más alta en la región, por encima de Venezuela. Pero, además, como reconoció recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, artífice del plan de choque, los alimentos cuestan un 50% más caros que en Estado Unidos. Los principales perjudicados por esta subida de los precios son los sectores de más bajos recursos. Sus hijos, aquellos que padecen estas penurias y están más expuestos a la crisis. En medio del desborde en la ciudad de Rosario de la violencia de las bandas de narcotraficantes, no han faltado especialistas en que llaman a prestar atención a las relaciones entre pobreza infantil y juvenil y delincuencia. Los «soldaditos» de esas bandas a veces no han llegado a la adolescencia.
El fin de las promesas
Si en 2023, unos 630.000 niños y niñas se incorporaron a los hogares indigentes, este número ha crecido a raíz del rumbo económico. El informe llega a conclusiones escalofriantes e impensables en este país cuando se recuperaron las instituciones republicanas, en diciembre de 1983, bajo la consigna «con la democracia se come, se cura y se educa». Los autores de la investigación advirtieron que, en los hogares con más bajo nivel educativo, la pobreza infantil llega al 83%. Si el padre es un trabajador informal, esa tasa llega al 75%. La otra novedad del presente argentino, señalada por Sebastián Waisgrais, economista y especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef, es que con tener trabajo no alcanza para evitar caer en la pobreza. Esa fragilidad no solo alcanza a quienes se encuentran en situación de informalidad sino también al empleo en «blanco».
El organismo de la ONU midió la pobreza vinculada a otros derechos (educación, vivienda). Un 16,7% de los niños padecen una privación severa: les falta todo. «El interrogante es si este descenso vinculado a acciones públicas, a políticas de agua, saneamiento, vivienda, no debería tener una velocidad de reducción mucho mayor», señaló Waisgrais al portal Infobae.
Déficit de políticas públicas
Unicef también ha constatado que el Estado argentino, celoso de los números fiscales, no está a la altura de lo que sucede. Waisgrais remarcó que se ha reducido el presupuesto del Gobierno destinado a mitigar estos problemas. «Esto implica restricciones vinculadas a políticas sensibles para la niñez y la adolescencia, como asignaciones familiares (ayuda social), políticas alimentarias, apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, construcción de servicios de desarrollo infantil, fortalecimiento de jardines infantiles, infraestructura, equipamiento educativo, etcétera». Según el informe, si no se destina una mayor inversión pública, empeorarán las condiciones de vida de los niños y niñas.
Al respecto subrayó que «la implementación de políticas nacionales claves para la infancia presenta signos de alerta en lo que va de 2024». Las carencias se verifican en el dinero que se remite a los miles y miles de comedores escolares, el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, la gestión educativa, el fortalecimiento edilicio de jardines infantes y el programa Conectar Igualdad que asignaba ordenadores y plataformas de aprendizaje a través de internet, virtualmente «desconectado» desde que asumió la ultraderecha. Son esta multiplicidad de causas y condiciones las que llevan a Unicef a proyectar un 70% de menores pobres y una indigencia del 34%. De acuerdo con Infobae, las conclusiones del organismo ya están en manos del Gobierno.
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