España es la cuarta economía de la zona euro, pero mantiene el deshonroso primer puesto en pobreza infantil. Por eso, las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han resaltado en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, que o se actúa, o las cifras -que ahora mismo se mantiene cerca del 29%- solo irán a más. «Suena duro, pero creo que corremos el riesgo de que la pobreza infantil se convierta en marca España. Somos el primer país en tasa de exclusión y riesgo social», ha remarcado Carlos López Picó, presidente de la Plataforma de la Infancia.
Esta organización, junto con UNICEF y Save the Children, ha desgranado algunos de los retos que afrontan los niños, niñas y adolescentes en España, y para los que necesitan, han señalado, políticas, cambios de paradigma en las políticas migratorias y, también, presupuesto. Porque el país solo destina un 1,5 del PIB a la «inversión de familias» frente al 2,4% de la media europea.
Disponer de coordinadores de bienestar, conseguir el despliegue normativo en el ámbito del ocio, aprobar una prestación universal por crianza, ampliar el Ingreso Mínimo Vital a más familias o acceder a una vivienda adecuada y a una dieta completa son medidas que han resaltado como indispensables para reducir esa elevada tasa de pobreza infantil, pero que necesitan presupuesto.
El acceso a la vivienda
En este sentido, Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política y Estudios de Unicef España, ha recordado los datos de un reciente informe de su organización, Yo también vivo aquí, que refleja cómo la vivienda se está convirtiendo en España en un bien inalcanzable para muchas familias vulnerables. Si a los ingresos se les restaran los gastos de la vivienda, 780.000 niños y niñas más caerían en riesgo de pobreza y elevarían la ya alta tasa de pobreza infantil del 28,9% al 38,6%. Habitar en una vivienda inadecuada tiene efectos negativos sobre la salud física y mental de niños y niñas, y repercute también en su derecho a la educación o al ocio, entre otros.
Para evitarlo, UNICEF España ha propuesto incluir a la infancia en los planes de vivienda, garantizar que el interés superior del niño sea prioritario en cualquier decisión relacionada con la vivienda de una familia o eliminar las situaciones más graves relativas a este ámbito, como el sinhogarismo, las infraviviendas o el chabolismo.
Menores migrantes
Tanto Junquera como Catalina Perazzo Aragoneses, directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, han recordado que España y seguirá siendo puerta de entrada de niños y niñas migrantes. En Canarias hay más de 5.500 menores de edad no acompañados en el sistema de protección. Un desafío que, en su opinión, el gobierno canario no puede asumir en solitario, por lo que han solicitado un consenso político que garantice la protección de la infancia migrante no acompañada.
También han solicitado que se tomen medidas como la reforma del procedimiento de determinación de la edad y que se apliquen los avances que se lograron durante la respuesta española a la contingencia humanitaria derivada de la guerra de Ucrania.
Junquera también han recordado que conseguir un entorno digital seguro es un reto desafiante, ya que, como refleja el informe de UNICEF España Impacto de la tecnología en la adolescencia, uno de cada tres adolescentes podría estar realizando un uso problemático de internet y las redes sociales. Por ello, creen necesario el Pacto de Estado para la protección de la infancia en entornos digitales, que reclaman junto a otras entidades.
Si bien la organización celebra que estas cuestiones estén generando medidas concretas y consenso político, Junquera ha indicado que es fundamental abordar la relación con la tecnología desde un enfoque que garantice los derechos de la infancia de forma integral. Porque, como ha resaltado la portavoz de Save The Children, «la prohibición del uso de la tencología no es una solución viable: hay que preparar a los niños para una vida que cada vez es más tecnológica».
Violencia contra los menores
Además, la responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF España ha incidido en que entre un 10 y un 20% de los niños, niñas y adolescentes en España han vivido alguna forma de violencia sexual. Y solo en 2022 se contabilizaron 7.723 víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, menores de edad. Desde el 2013, fecha en la que empezaron a recogerse datos, más de 50 niños y niñas asesinados en el contexto de situaciones de violencia de género a manos de padres, parejas o exparejas de sus madres ,y más de 400 han quedado huérfanos.
El sistema de protección de la infancia atendió en 2022 a 51.203 niños, y niñas y adolescentes, de los que más de 16.000 vivían en acogimiento residencial. Asimismo, «el número de suicidios no dejan de crecer: en 2022, 75 adolescentes de entre 15 y 19 años se quitaron la vida, un 41,5 % más que en 2021″, ha recalcado Junquera.
Por todo ello, las tres organizaciones han pedido que se desarrolle la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). «La aprobación de esta norma implica también que tenemos que llegar al final de su desarrollo», ha recalcado López Picó, que ha reclamado que se cree el registro central de información sobre la violencia contra los menores y el refuerzo de canales de denuncia. Dos medidas que, casi tres años después de su aprobación, aún quedan pendientes en el desarrollo estatal.
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