La Fiscalía Provincial de Madrid ha trasladado a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales. Esta propuesta de pacto fue lanzada apenas dos horas después de que estallara el escándalo.
Este ofrecimiento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue enviado por correo electrónico por el fiscal encargado del asunto, Julián Salto, el pasado martes a las 8.50 horas a la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa», rezaba el escrito. Tan solo dos horas antes se hizo pública la denuncia del Ministerio Público.
Esta propuesta de pacto llegó ocho meses después de que la pareja de Ayuso pusiera a disposición de la Agencia Tributaria 400.000 euros para regularizar su situación fiscal y zanjar el procedimiento por la vía administrativa mediante un acuerdo de conformidad.
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«Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto», escribió el representante fiscal, aunque tan sólo un día después la denuncia recaía en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.
«Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible», señalaba el fiscal de Madrid.
Concretamente, lo que propone el fiscal a la pareja de Ayuso es que admita la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implique su entrada en la cárcel.
Alberto González Amador admitió en la inspección a la que fue sometido hace dos años que incorporó como gasto de manera irregular a la contabilidad de sus empresas dos facturas correspondientes a proyectos fallidos en México y Costa de Marfil. La primera sumaba 620.000 euros y la segunda unos 900.0000 euros.
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El empresario explicó entonces que fue «un error» que atribuyó a que tenía previsto abonar dichas cantidades por proyectos sanitarios en ambos países que finalmente no fructificaron. Dichos recibos fueron anulados en la contabilidad de ejercicios posteriores.
Sin embargo, y tras comunicar su voluntad de cerrar el asunto como una discrepancia tributaria, Hacienda acordó finalmente en septiembre atribuir a la pareja de Ayuso la comisión de dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. En total, le atribuye un fraude que asciende a 350.951 euros.
Tras las conclusiones de la Agencia Tributaria, la Fiscalía denunció a la pareja de la presidenta madrileña por dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil.
