Cerca de 40 militares, miembros de la Guardia Civil y policías de Ceuta parecen haberse puesto de acuerdo en cambiarse de género. Cada profesional, de manera paulatina, ha ido registrándose como mujer en estos últimos meses. Dicen que ahora son las madres no gestantes de sus hijos, aunque no hayan cambiado de nombre. Tampoco ningún otro aspecto de su vida ni de su apariencia, como han contado en su gira mediática de la semana pasada, la del 8M (Día de la Mujer), cuando participaron en varias entrevistas. Ante periodistas y tertulianos varios, explicaban cómo leer la ley trans les había cambiado la vida en un tono que no ha gustado demasiado a las asociaciones de personas trans. Por eso ahora, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) solicita a la Fiscalía que actúe «con contundencia y rigor» al tratarse, aseguran, de casos de fraude de ley.
Su presidenta, Uge Sangil, asegura a este periódico que «existen mecanismos para identificar los fraudes de ley a posteriori», es decir, después del cambio del registro. Consideran que están vulnerando «el contenido ético de la norma». Entre los indicios que esta federación ve, resalta la «búsqueda de beneficios legales de las personas» o la intención de «beneficiarse de políticas positivas hacia las mujeres» -en estas entrevistas, algunas personas indicaban haber conseguido mejoras en sus condiciones laborales desde el cambio de registro o hablaban del régimen de visitas-, algo que no estaría permitido dentro de la norma. Porque, en todos estos casos, el cambio ha sido de hombre a mujer.
El cuestionamiento de la ley y la presencia en los medios de comunicación son otros de los puntos que añaden a la lista de indicios. «Una mujer u hombre trans no busca la visibilidad mediática. Quiere vivir su identidad con calma y con intimidad. Esta manera de presentarse por los medios de comunicación también pueden ser indicios de fraude de ley, al igual que incomodar a las mujeres o confrontarlas», asegura.
Asimismo, añade que «hay un tema importante, que es no cambiar el nombre cuando es marcadamente del sexo asignado, aunque la ley no indique nada«.
Legislación española
El fraude de ley viene recogido en el artículo 6.4 del Código Civil y en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir que se retuerza una ley para para conseguir un beneficio al que, en realidad, no se tiene derecho. En estos casos, este provecho será nulo de pleno derecho. Además, el artículo 7.1 del Código Civil exige que los derechos, sean los que sean, se ejerciten siempre conforme a las exigencias de la buena fe.
Además de esta regulación general, la propia ley trans contempla en su artículo 46 los usos que la propia norma prohíbe hacer a su amparo. Entre ellos están los de intentar evitar la aplicación de la ley de violencia de género o los de intentar acogerse a las medidas de discriminación positiva en lo laboral, como apunta en un análisis el cofundador de Olympe Abogados, Isaac Guijarro, publicado en El Salto.
En él, el abogado apunta que si se demuestra que el cambio de sexo registral se ha hecho para intentar conseguir alguna de las medidas que la propia ley trans prohíbe, y que se ha ejercido un derecho sin la exigencia de buena fe y en fraude de ley, se anulará el cambio registral y todo aquello cuanto se haya hecho con el sexo registral cambiado quedará sin efecto. Incluso se puede exigir una responsabilidad civil o administrativa. La normativa y la jurisprudencia, en este sentido, es clara.
A veces ni siquiera pasan ese primer filtro. Con sospechas así, el magistrado del Registro Civil Único de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, denegó la solicitud de una persona que solicitó la rectificación registral del sexo de su inscripción de nacimiento de varón a mujer, sin cambio de nombre. «Se puedo constatar que no existe cambio físico en don Rodrigo, tampoco solicitó el cambio de nombre refiriendo que considera que su nombre también es de mujer. De la misma manera, se auto-refiere en masculino, no evidenció ninguna expresión de género en el contexto de las expectativas sociales, ni en relación con el modo de vestir, ni en el uso de uno u otro nombre o pronombre, ni en el comportamiento, ni en la voz, ni en la estética, desconociendo la diferencia entre expresión de género y la identidad de género, exponiendo que se siente mujer, pero no quiere que le traten como tal hasta que no se rectifique su sexo. Igualmente indicó no conocer ningún colectivo de apoyo a personas trans, así como no necesitar apoyo psicológico de nadie, y por su profesión de sargento del ejército del aire, quiere promocionar a subteniente».
Funciona un poco como en el caso de los matrimonios o las parejas de hecho de conveniencia: por mucho que la norma regule sentimientos y se exija poco más que la voluntad para cambiarse de sexo -o para casarse- hay formas de ver que se ha utilizado la normativa con un propósito contrario a la buena fe.
«Vergonzoso»
«Todo esto nos afecta. Sigue afectándonos de una manera muy violenta y nos vulnera más, porque seguimos poniendo en el foco a las mujeres trans, cuestionando sus vivencias…», lamenta. Reconoce que hace poco veía el sufrimiento que le estaba produciendo a Amor [Romeira] la exposición de estas personas en una entrevista en televisión. Con lágrimas en los ojos, veía el efecto que tenía que «un señoro cuestionase una norma que se ha hecho para beneficio y felicidad de muchas mujeres y hombres trans, incluso personas no binarias», que, en muchas ocasiones, han tenido que pasar por un «gran sufrimiento».
«Su discurso [el de los militares] es violencia y burla hacia el colectivo de mujeres trans, y nos sigue poniendo en el foco de la burla. Y eso, al final, crea realmente indefensión y vulnerabilidad al colectivo», lamenta Sangil. Por eso, consideran «vergonzoso» este desfile de militares que aparecen en los medios de comunicación, cuando creen que es con el «objetivo evidente de cuestionar la Ley LGTBI+, burlarse de las personas trans y atacar sus derechos al hacerse pasar por trans de forma grotesca».
Por eso, y porque precisan que «la ley tiene mecanismos suficientes para identificar y perseguir los fraudes a posteriori y es sencillo detectarlos», solicitan que «se investiguen con diligencia, rigor y contundencia estos casos» puesto que «todos los indicios apuntan a que la intención real de estas personas es cuestionar la ley y señalar a las personas trans, más que hacer un cambio de género real».
«Las realidades trans son muy amplias e incluso existen personas trans que no tienen una expresión de género acorde a lo que la sociedad entiende como mujeres y hombres. Pero las personas trans, en ningún caso, buscamos el cuestionamiento público de nuestra propia identidad, por el contrario, es algo que evitamos. Buscamos el respeto y no que nos cuestionen, se burlen de nosotras o nos humillen, que es lo que buscan estas personas al exponer sus desvaríos y provocaciones contra el sentido común en los medios de comunicación», declara la presidenta en un comunicado. Por su parte, la asociación Trans No Normativos (TNN), compuesta por estos policías nacionales, guardias civiles y militares, entre otras profesiones, ha respondido pidiendo a la Fiscalía que actúe contra FELGTBI+ por «transfobia».
