De rebajar el gas a evitar una subida de la luz. El PSOE ha registrado una enmienda al proyecto de ley de medidas anticrisis para poder utilizar hasta 1.100 millones de euros, que preveían destinarse a financiar la tarifa barata de gas durante los últimos dos años y que no se han utilizado, para costear la rebaja de la luz durante este 2024.
El Gobierno aprobó en octubre de 2022 un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros para financiar la subida del precio de la tarifa ‘barata’ de gas natural, la denominada tarifa de último recurso o TUR, con carácter retroactivo desde el año anterior. Esta fue una de las medidas estrella del Ejecutivo para evitar una subida desproporcionada del recibo de la calefacción y el agua caliente de los hogares en plena crisis energética.
Pero una vez el precio del gas ha vuelto a los niveles preguerra, sobran alrededor de dos tercios de ese dinero. Hasta septiembre de 2023 se había gastado 642,2 millones de euros durante los dos años previos, según los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y durante este 2024 se prevé destinar “una cuantía máxima de 300 millones de euros” para financiar esta medida, así como la equivalente para las comunidades de vecinos (llamada TUR Vecinal), ambas prorrogadas hasta el 30 de junio, según otra de las enmiendas firmadas por el partido del Gobierno.
Falta conocer el gasto de los tres últimos meses de 2023, pero a tenor de los precios bajos del gas, se puede decir que la suma de lo gastado y de lo que se prevé gastar durante este año estará alrededor de los 1.000 millones de euros. Por tanto, sobran 2.000 millones, de los cuales el PSOE quiere reservar “hasta” 1.100 millones para “asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en el ejercicio 2024”. El resto del dinero, todo el remanente que no se use, ni para una cosa ni para la otra, se reintegrará al Tesoro Público «antes del 30 de junio de 2025», según otra de las enmiendas incorporadas por el partido que dirige Pedro Sánchez.
El sistema eléctrico se financia a través de la factura de la luz. Con la previsión anual de costes y de ingresos, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece a principios de cada ejercicio unos precios regulados que pagan los consumidores. La parte que le compete al Ejecutivo se denomina ‘cargos’ y básicamente sirve para cubrir tres cosas: la financiación de las primas a las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares y la histórica deuda del sistema eléctrico.
Para evitar subidas de precio en la factura de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió congelar los cargos en 2024, lo que supone mantenerlos alrededor del 55% por debajo de los niveles que tenían antes de la guerra de Ucrania. Según un análisis de la CNMC, de los 7.700 millones de costes estimados para este año, a través de la factura de la luz de los consumidores apenas se cubrirán unos 2.500 millones.
El resto se financiará a través de ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2 y de impuestos, como el 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos o el canon hidráulico y otros. Y se deja la puerta abierta a utilizar esos hasta 1.100 millones que no han hecho falta para sobrevivir a la crisis del gas.
