El nuevo plan antitabaco que va a presentar el Gobierno no ha gustado a los agricultores de hoja de tabaco, tampoco convence a los estanqueros ni a los empresarios del vapeo y está siendo muy criticado por los hosteleros, que consideran que en el Ministerio de Sanidad «hay unos auténticos talibanes».
Este Departamento llevará este jueves a la Comisión de Salud Pública el nuevo ‘Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027’, que, entre otras cosas, propone prohibir fumar y vapear en «determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre», así como aumentar el precio del tabaco.
A falta de conocer la opinión de las empresas tabacaleras, la cadena de valor del sector, desde la producción agrícola de la hoja del tabaco hasta su venta en estancos, ha criticado que no se le ha consultado para la elaboración de un plan cuyas medidas van a impactar en cada uno de los eslabones.
Ya han mostrado su desacuerdo la Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab), integrada por agricultores de hoja de tabaco y la industria de primera transformación, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, y Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV).
Y también el gremio de los hosteleros, que se puede ver afectado si en una futura reforma de la ley antitabaco, para la que este PIT serviría de base, se prohíbe fumar en las terrazas de los bares y los restaurantes.
El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha expresado a Efeagro que no entiende esta medida porque no existe actualmente un problema con fumar en las terrazas y ha exclamado que lo que sucede es que «en Sanidad hay unos auténticos talibanes antitabaco» y «antitodo».
«Quienes mandan son los máximos talibanes en contra absolutamente de todo, que nos quieren decidir cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que morir y, con todas mis respetos, déjenos de que yo viva como quiera mientras no le moleste a usted», ha abundado el representante de la organización que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España.
Además del perjuicio económico que esta media podría causar en la hostelería, Yzuel ha querido poner el acento en la libertad y en modelo de vida de la gente.
«Nos quieren hacer vivir con un modelo que no es el que tiene la gente. Nos va a crear tensiones con los clientes, nos vuelve a hacer de hacer de policías. Es bueno que haya espacio libre de humo, pero desde la libertad, que la empresa pueda elegir y nosotros estaremos colaborando en campañas en concienciación», ha manifestado.
El PIT que maneja Sanidad en estos momentos es un borrador preliminar en el que, según el Ministerio, han participado sociedades científicas y entidades relacionadas con el ámbito del tabaquismo, y que aún debe ser sometido a juicio de los directores generales de Salud Pública.
El documento aboga por la ampliación legislativa de los espacios sin humo y considera equiparar al tabaco tradicional determinados aspectos normativos de las nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, pipas de agua, shishas o cachimbas.
Productores de hoja, estanqueros y sector del vapeo
El presidente de la UPEV, Arturo Ribes, ha expresado a Efeagro que equiparar al vapeo con el tabaco tradicional supone «dejar en manos de la industria del tabaco enteramente el sector» y ha indicado que, si bien hay que abordar el uso de productos de vapeo por menores de edad, hay que «hacerlo sin dejar sin opciones a aquellos fumadores que han encontrado una alternativa al tabaco».
Ribes ha valorado que Sanidad actualice el PIT pero ha indicado que si su verdadera intención es avanzar en la regulación del vapeo «esto ha de ser a través de un enfoque basado en la evidencia científica y en la realidad del sector», una opinión que comparte también la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo.
Desde la Oitab, su presidente, Felipe Castañar, ha pedido en un comunicado que antes de hacer un nuevo PIT el Gobierno valore los «impactos negativos irreversibles» que provocaría en un sector que, según ha indicado, aporta 3.300 millones de euros al PIB español y más de 53.000 empleos.
En este marco, la organización agraria UPA ha señalado la necesidad de escuchar y proteger a los productores de tabaco que siguen viviendo de las 1.500 explotaciones que hay en España que suman 10.000 hectáreas de cultivo, según sus datos, el 95% de ellas en Extremadura.
Por su parte, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que agrupa a casi 8.000 de los 13.000 estanqueros españoles, ha rechazado la implantación de la cajetilla genérica del tabaco y las subidas «desproporcionadas» de precios como medidas de lucha contra el tabaquismo.
En un comunicado, han explicado que «el empaquetado genérico se ha demostrado totalmente ineficaz para obtener este objetivo y altamente eficaz para impulsar el contrabando y la falsificación de tabaco», mientras que las subidas de precio generan un aumento del contrabando, según sus datos.
