El Banco de España está estudiando cuáles son las razones que explican la debilidad de la inversión pese a la recepción millonaria de fondos europeos Next Generation. Que la inversión empresarial no ha recuperado los niveles previos a la pandemia es un hecho, como también lo es que se trata de un componente del PIB que no deja de acumular «sorpresas negativas», como las definen en el supervisor, que podría estar reflejando una mayor debilidad de la prevista que puede convertirse en un problema a largo plazo. En concreto, en el cuarto trimestre de 2023 la formación bruta de capital -o inversión productiva de las empresas- se contrajo un 2% frente a los tres meses anteriores, un retroceso mayor que el del tercer trimestre (del 0,7%). Y la inversión en bienes de equipo y maquinaria experimentó una caída del 4,8%.
Pero la pregunta es cómo puede estar viéndose perjudicada la inversión al mismo tiempo que España recibe miles de millones de fondos europeos Next Generation, los que la Comisión Europea aprobó para impulsar a los Veintisiete a salir de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. De hecho, en diciembre el Gobierno presumía de que el ritmo de convocatorias y licitaciones de fondos se había mantenido en 2.000 millones de euros al mes de media en todo el ejercicio. «El conjunto de las administraciones públicas ha adjudicado ya el 90% de los más de 37.300 millones de euros recibidos, que están llegando a la economía con un impacto positivo al impulsar la inversión productiva, el empleo de calidad, la modernización tecnológica y la reindustrialización de la economía en clave verde y digital», rezaba Moncloa en una nota de prensa de diciembre.
Al mismo tiempo, las estadísticas muestran una caída constante de la inversión empresarial desde 2019, y los niveles más bajos de formación de capital desde 2015, tendencia que no comparten el resto de países de la zona euro. Y pese a toda esta inversión pública, al buen ritmo de crecimiento de la economía española y al buen tono del mercado empresarial. ¿A qué se deben, entonces, estos datos?
Preguntado al respecto, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha aportado algunas posibles razones en la presentación del informe trimestral de la institución. Aunque en primer lugar ha recalcado que se trata de una cuestión que el Banco está analizando, «todavía no tenemos una respuesta definitiva», ha manifestado, también ha señalado que la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE) ofrece algunas pistas sobre cuáles pueden ser los motivos de esta debilidad. Entre ellas están la incertidumbre que rodea a la política económica, la falta de mano de obra y la subida de los costes de financiación.
“Las empresas ven limitada su actividad por la incertidumbre, esto lo contestan el 60% de las empresas españolas [en la citada encuesta]: si ves limitada tu actividad, tampoco querrás iniciar nuevos proyectos inversión”, ha razonado el economista. “Además, en torno al 50% de las empresas dicen que tienen problemas para captar mano de obra”, ha ahondado, algo que se podría corregir invirtiendo en ofrecer mejores puestos -de hecho, la encuesta recoge que las empresas que no encuentran trabajadores después vuelven a publicar las ofertas con mejores sueldos-, pero que tiende a llevar a un bucle de falta de capital y de inversión del que muchas no saben salir.
Al mismo tiempo, el endurecimiento de las condiciones financieras provocado por las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), buscando contener la escalada de la inflación, tampoco contribuye a que las compañías accedan al crédito.
Un problema del que vienen alertando las empresas
Esta no es la primera encuesta en la que las empresas muestran su preocupación por la deriva de la política económica. En la anterior edición de la misma, el 60% de las compañías se manifestaban afectadas por las políticas estatales, y el Banco constataba que este se había convertido en «el principal factor condicionante de la actividad». Se trataba de un inconveniente que citan de forma generalizada todo tipo de empresas, pero que sobre todo afecta a la actividad de las que pertenecen al comercio, la agricultura y el transporte.
Por detrás de esta preocupación se situaban la escasez de la demanda, que limita la facturación (el 18% de las empresas aseguran que esta circunstancia está afectando negativamente a su actividad, sobre todo en la industria y el transporte); el endurecimiento de las condiciones financieras provocado por la subida de los tipos de interés (el 22% de las compañías se reconocen afectadas), y el consecuente aumento de los gastos por intereses de la deuda (39%, sobre todo de la construcción, agricultura, comercio y ocio). En este mismo sentido, también la patronal de empresarios CEOE ha criticado en diferentes ocasiones del «aluvión regulatorio» que ha llegado después de acordar la reforma laboral y que impide a las empresas tomar decisiones de forma dinámica, tanto por miedo a más normas como por la necesidad de estudiar las recién aprobadas.
Algunos ejemplos de leyes que se han aprobado o planteado después de la negociación de la reforma laboral y que están construyendo un nuevo marco de relaciones laborales, provocando la consecuente incertidumbre en las empresas según ellas mismas, son el estatuto del becario -pendiente de llegar al Consejo de Ministros-; la obligación de cotizar de los becarios; la ley de familias, que extiende los permisos retributivos que los trabajadores pueden disfrutar; la ley de violencia sexual, que cambia los supuestos de nulidad de los despidos; o la reforma del subsidio de desempleo, que solo se llevó a una única reunión con los agentes sociales antes de llevarse al Congreso, órgano que la tumbó después de que Podemos se negase a dar su sí en las condiciones en las que se había planteado.
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