El PP pondrá en la diana a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente esta semana de alto voltaje parlamentario por el caso Koldo. El partido de Alberto Núñez Feijóo volcó sus esfuerzos hace días en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos que el Govern de Baleares, con ella al frente, firmó con la empresa de las supuestas mordidas. En centro siempre Koldo García, hombre fuerte de José Luis Ábalos, ejercía de conseguidor desde su ministerio. Los conservadores querían que Armengol compareciera y así lo terminó haciendo sin responder las preguntas más importantes: qué persona de Fomento se puso en contacto con el ejecutivo autonómico para hacer los acuerdos.
“Esa presión funcionó”, afirman fuentes populares, que creen un “éxito político” la operación de la semana pasada sobre la presidenta del Congreso. El pleno de la Cámara Baja de esta, avanzan, «estará lleno de referencias explícitas» a la tercera autoridad del Estado, sobre la que planean seguir manteniendo el foco. Pero al mismo tiempo, reconocen en el PP, esta semana el primer partido de la Cámara quiere desviar buena parte de esa presión sobre el ministro del Interior y el actual titular de Transportes.
El primero, que acumula muchas polémicas y escándalos de la pasada legislatura y la actual, deberá responder sobre lo que el PP ya ve “el chivatazo” que pudo poner sobre aviso a los investigados en la trama. Que un guardia civil destinado en Venezuela y que guardaba “una vinculación directa y personal” con Koldo fuera detenido en el Aeropuerto de Barajas -según un reciente atestado de la Unidad Central Operativa (UCO)- añade interrogantes que los conservadores piensan exprimir.
En el caso de Puente, los conservadores insisten en que ha heredado la cartera que en su momento tuvo Ábalos, mantiene en nómina a personas relacionadas con el asesor del exministro y, sobre todo, insisten en que debe explicar “qué datos ha obtenido en los últimos días” como para haber destituido al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, cuando en un principio se negó a hacer cambios dentro de su cartera. Este diario desveló que Sánchez Manzanares ocultó a Hacienda su relación con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
Los populares desplegarán a todos sus portavoces con este objetivo, compartido, como ya explicó este diario, con la ofensiva contra la ley de amnistía, que se aprueba el jueves en el Congreso antes de pasar al Senado.
Comisión en el Senado y Europa
En la Cámara Alta la Mesa también aprueba este martes la creación oficial de la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ que tendrá luz verde en el pleno y que después comenzará los trabajos. El PP insiste en que no tiene todavía preparada la lista de comparecientes a los que quiere llamar para que desfilen por el Senado. “Esto se cocina lentamente”, reconocen en Génova, que siguen estando seguros de que la trama de corrupción en lo peor de la pandemia y con tantos elementos “sórdidos” de la mano de Ábalos, su asesor y el resto del círculo que integraban el caso, “es demoledor para el PSOE”.
En el entorno de Feijóo identifican una “demolición política” por los efectos que pueda tener sobre dirigentes destacados y el desgaste que conlleva, pero también recalcan la “demolición anímica” para un electorado al que Pedro Sánchez vendió “limpieza total” cuando descabalgó a Mariano Rajoy de la Moncloa.
Lo que parece claro es que en la lista de comparecientes el PP incluirá a Marlaska Puente, el ministro Ángel Víctor Torres (en una situación similar a la de Armengol cuando presidía las Islas Canarias), la propia presidenta de la Cámara; igual que exministro de Sanidad, Salvador Illa; o la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, entre otros. Los conservadores insisten en ser “prudentes” hasta tener que hacer público el listado, convencidos de que en los próximos días también podría haber “novedades judiciales” que les hagan introducir cambios.
Por otro lado, el PP ya ha formalizado su denuncia en la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, lo que definitivamente formaliza la ofensiva europea del caso. Cuca Gamarra insistió este lunes en que el expresidente canario deberá explicar “por qué rectificó contratos para pedir fondos europeos, y aclarar si va a dimitir por estar investigado por la Fiscalía Europea por corrupción», igual que Armengol haber solicitado fondos europeos para un material que ya sabía que era defectuoso porque no se correspondía con lo comprado.
El PP eleva así los contratos más polémicos que de momento se conocen del caso a las instituciones europeas sobre uno de los temas que más preocupan en Europa: la corrupción y la malversación de fondos públicos.
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