Las entidades locales de Galicia —concellos, diputaciones y, en mucha menor medida, mancomunidades— abusan de los contratos menores, una modalidad en la que apenas se hacen controles debido a que no superan los 40.000 euros. Así lo constata el Consello de Contas en un informe de fiscalización referido a los años 2019 y 2020 en los que analizó los contratos y convenios firmados, los procedimientos de urgencia con motivo del COVID y los sistemas de control interno.
La contratación menor fue el mecanismo usado mayoritariamente, representando el 93% de todas las modalidades, adjudicando por este método 101 millones en 2019 y 110 en 2020 (211 millones entre los dos ejercicios). Por el hecho de que los importes están casi siempre próximos al límite legal, Contas sostiene que su uso no responde al cálculo de necesidades públicas a satisfacer debidamente planificadas, sino a las ventajas de la utilización de este sistema, más directo y con menos controles, por eso recomienda restringir su uso, ya que su generalización “da lugar a la elusión de los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad”.
Entre los objetivos del análisis, Contas sitúa de forma específica la revisión de la contratación que se tramitó en las entidades locales por la vía de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, verificando el cumplimiento de las prescripciones normativas en relación con los principios de publicidad y transparencia de la contratación, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.
Para realizar el análisis, del total de contratos menores comunicados en la plataforma de rendición de cuentas por las entidades del sector público local en 2020, un total de 33.454 expedientes con un importe de adjudicación que supera los 111 millones, se seleccionó una muestra que por su objeto podría estar ligada al COVID: 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones.
Todos ellos cumplieron el umbral establecido para los contratos menores, pero presentan “importantes deficiencias”. Por ejemplo, solo el 58,1% se publican en el perfil del contratante, idéntico porcentaje para aquellos que indican con qué objeto se formalizó el contrato. Menos del 60% indicaron el precio de adjudicación y solo el 56,49% identificaron al contratista.
La muestra refleja también que solo en el 20,51% de los expedientes se invitó a otras empresas y que en 39 casos el material adquirido (mascarillas, guantes, equipos de protección…) no tenía relación con el objeto social del proveedor, porque eran agencias de publicidad, empresas de instalaciones eléctricas o academias.
