Como sucedió a mediados del pasado mes de noviembre, cuando el grupo socialista registró en el Congreso el proyecto de la ley de amnistía para los condenados, procesados e imputados por hechos relacionados con el proceso independentista catalán, la última versión del texto, aprobada este jueves en comisión tras las negociaciones que ha mantenido el PSOE con Junts y ERC, ha vuelto a provocar división de opiniones entre los expertos en Derecho Constitucional y Penal. Los profesores universitarios y catedráticos consultados por este diario discrepan sobre un amplio número de matices, que son los que se encuentran en el espacio entre los que sostienen que la amnistía es un traje a medida para cumplir con las exigencias de Carles Puigdemont y los que defienden su garantía constitucional.
Entre un extremo y otro hay espacio para debatir sobre cuestiones como la protección que se concede a los nacionalistas, los cambios que se han introducido vinculados a los delitos de terrorismo o el papel que ha desempeñado la Comisión de Venecia. La discrepancia, inevitablemente, se adentra en ocasiones en cuestiones más próximas a la política y alejadas de los tecnicismos jurídicos, como cuando se señala que el texto es positivo para favorecer un escenario de diálogo y reconciliación en Cataluña. El texto se prevé aprobar definitivamente en el Congreso en los próximos días.
Defectos de forma
Una de las voces más críticas con la amnistía es la de la profesora de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Victoria Rodríguez, ya que considera que no se ajusta a la legalidad, que contiene defectos de forma y que es susceptible de ser anulada. «Es una amnistía a la carta que ataca al Estado y que viola el principio de exclusividad jurisdiccional», manifiesta la profesora. Uno de los aspectos que más lamenta Rodríguez es que buena parte de las decisiones quedarán en mano del criterio de cada juez, lo que cree que «deja tocada la seguridad jurídica».
Los expertos que participan en el debate aluden en reiteradas ocasiones a la labor que ha llevado a cabo la Comisión de Venecia. Para la representante de la UMH, el propósito de la Unión Europea es alcanzar el consenso, algo que considera que está lejos según su análisis de la ley de amnistía. «Protege a los nacionalistas frente a los que no son independentistas y genera más división dentro de la sociedad española y catalana», apostilla.
En una posición más moderada se sitúa la profesora de Derecho Penal del CEU de Elche María Asunción Chazarra Quinto, que no aprecia modificaciones importantes entre el texto que se presentó en noviembre y el actual. Eso sí, señala que en lo relativo a la imputación de los delitos de terrorismo se ha hecho un «parcheo». A su juicio, lo más importante es «delimitar la problemática de algunos delitos y el posible choque con cuestiones como la malversación de caudales públicos o el terrorismo». Chazarra Quinto también señala que, desde el punto de vista jurídico, las amnistías «producen bastante rechazo», por lo que solo se debería recurrir a ellas en escenarios «muy extraordinarios y justificados a nivel político y social».
Al igual que la docente del CEU, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante Manuel Alcaraz también cree que no se han producido «grandes cambios» entre un texto y otro y que los que se han llevado a cabo tienen el objetivo de ajustarse a la directiva europea. «Se precisa más lo que es el terrorismo, que ha sido algo muy ambiguo desde que tuvieron lugar los atentados de las Torres Gemelas», apunta el que fuera conseller por Compromís en el primer gobierno del Botànic, que también cuestiona la instrucción llevada a cabo por el juez Manuel García Castellón en torno a Puigdemont y el «caso Tsunami».
Protestas
Siguiendo con la separación entre el terrorismo y el movimiento independentista, Alcaraz apunta que «en las protestas de los agricultores o en estadios de fútbol se ha visto más violencia latente y a nadie se le ocurre decir que son terroristas». Por último, el profesor de la UA lamenta el «tiempo perdido» entre un texto y otro y augura que la cuestión de la amnistía aún va a dar para debatir durante bastantes meses: «La aprobación no va a ser sencilla, luego vendrán los recursos y, probablemente, se terminará en los tribunales europeos».
También hace referencia a la Comisión de Venecia el catedrático de Derecho Constitucional de la Jaume I Artemi Rallo. «Dice que la amnistía es constitucionalmente legítima. Es una ley madura, sofisticada a nivel jurídico», manifiesta el también diputado socialista en el Congreso. El representante de la institución castellonense califica como «críticas de trazo grueso» los comentarios que apuntan que el texto quiebra la igualdad y la separación de poderes.
