El lenguaje, muy técnico; los entornos físicos, poco familiares e intimidantes, o la falta de visibilidad que muchas veces sienten. Son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día los 450.000 españoles con autismo -y sus familias- cuando deben hacer un trámite administrativo. Muros que derribar en todos los entornos. Por eso, 300 profesionales de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España se han inscrito en un curso online para atenderles mejor. «Para adaptar el trato que se les presta, para evitar que se sientan violentos, mejorar cómo se les da la información, elaboración de escritos sencillos, hablarles de forma clara de los plazos, o simplemente reunirse en el despacho de al lado si hay mucha gente alrededor», explica a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, Dulce Calvo, directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores.
Se trata de la primera edición de la formación que imparte el Real Patronato sobre Discapacidad, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español sobre trastorno del Espectro del Autismo y la Confederación Autismo España. El origen de este programa, indica Calvo, se encuentra en la firma de un convenio en abril de 2022, con el que se buscaba mejorar la atención a las personas con autismo.
La medida incide en el cumplimiento de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. En su disposición transitoria segunda, la norma alude expresamente a la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Con estos mimbres, desde el Colegio se mantuvieron varias reuniones con las asociaciones para explicarles las particularidades del funcionamiento de los registros, de modo que pudieran aportar cuáles eran sus necesidades. De ahí surgió un curso online que se imparte a los registradores para formarles en cómo tratar a estas personas cuando acuden a estos organismos públicos. Al principio, estaba dirigido únicamente a los registradores, pero se ha visto la oportunidad de que pueda realizarlo también el resto de personal de estos organismos, y actualmente está trabajando en la elaboración de guías de actuación por escrito. «Si lo hacen todos mejor, no viene mal», apunta Calvo.
El lenguaje administrativo
El lenguaje, la comprensión de los procedimientos, los derechos u obligaciones que implican cualquiera de los trámites que una persona debe realizar en los Registros de nuestro país, pueden convertirse en una barrera de acceso para las personas en el espectro del autismo. El trastorno influye en la forma de comunicación e interacción y en la forma de pensar y comportarse que tienen las personas que lo presentan.
Así lo razona a El Periódico de España, Nuria Mesa Muñoz, técnica de derechos, buenas prácticas y transferencia del conocimiento del Centro Español de Autismo, gestionado por Autismo España. «Las personas enfrentan diferentes barreras o desafíos para relacionarse con la Administración Pública y otros operadores jurídicos. En el ámbito de la comunicación (tanto comprensiva como expresiva) se producen muchas de estas barreras», señala.
Por un lado, las administraciones «hablan su propio idioma». Emplean un lenguaje técnico que supone una importante barrera para personas con procesamientos alternativos de la información, como las personas autistas. Además de esos desafíos para la comprensión lectora, «algunas personas autistas son no verbales o enfrentan episodios de mutismo situacional que influyen en la forma de comunicarse de manera efectiva con otras personas», añade esta experta.
El desconocimiento
Pero, además, apunta Nuria Mesa, existe desconocimiento sobre el autismo por parte de los profesionales porque, añade, «es una condición o discapacidad invisible«. El carácter «poco familiar y potencialmente intimidante de los entornos físicos» que suelen ocupar las administraciones, no suele tener en cuenta las necesidades en materia de accesibilidad cognitiva y sensorial de muchas personas, advierte.
La «particularidad» de los procedimientos administrativos, jurídicos y judiciales, con normas que «resultan desconocidas», no ayuda
Por otro lado, la «particularidad» de los procedimientos administrativos, jurídicos y judiciales, con normas que «resultan desconocidas y no han permitido tradicionalmente su flexibilización para ofrecer ajustes a personas que lo necesitan», precisa la responsable del centro, tampoco ayuda.
Situaciones de estrés
Mesa pone ejemplos de barreras específicas que puede experimentar una persona con autismo en un Registro. Como no conocer la información más relevante sobre el procedimiento o posibles situaciones de estrés o tensión derivadas de la falta de control de los estímulos sensoriales en el entorno o de recursos para desenvolverse en un entorno desconocido.
¿Hasta qué punto esa no comprensión de determinados trámites marca la gestión que hace una persona con TEA ante determinadas instancias?. Mesa responde: «Comprender la información sobre cualquier actividad es imprescindible para participar de forma plena en la misma. La falta de comprensión afecta de forma directa a su participación y, por tanto, vulneraría su derecho constitucional a disfrutar de las mismas oportunidades que otras personas sin discapacidad».
Reforma de 2021
Aunque aún queda mucho por avanzar, señala la representante del Centro Español de Autismo, los últimos años «han transformado el panorama». La importante reforma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del año 2021 (Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica) «ha sido un revulsivo importante para esta cuestión».
Mesa alude a una reforma que «dio la vuelta al modelo según el cual abordábamos socialmente la discapacidad: ahora las personas con discapacidad deben ser dueñas de su vida y las administraciones, entidades y la sociedad en general deben proveer o facilitar los apoyos que necesiten para tomar sus propias decisiones«.
Las personas con discapacidad deben ser dueñas de su vida y las administracionesdeben proveer o facilitar los apoyos que necesiten
Solo han pasado tres años de esa reforma legal y las entidades que trabajan por el colectivo TEA valoran «de forma muy positiva» colaboraciones como la del Colegio de Registradores de España para formar en una relación de posibles medidas de apoyo. Medidas que, precisa Nuria Mesa, se deben regir «por el principio de individualización o personalización, es decir, cada persona tiene sus necesidades particulares».
Acuerdo con la Fiscalía
Precisamente este 8 de marzo, Autismo España y la Fiscalía General del Estado han llegado a un acuerdo para que los fiscales de toda España puedan acceder al asesoramiento y la formación sobre las características y necesidades del autismo, así como a buenas prácticas para la intervención de personas autistas en procedimientos judiciales.
El acuerdo también permitirá la colaboración entre ambas instituciones en la defensa de los derechos de los menores con autismo que sufren acoso escolar en nuestro país, a través de acciones de formación y concienciación, y grupos de trabajo sobre protocolos de actuación y prevención.
