- Podemos pide datos
- Tres solicitudes de “niños sustraídos”
- Todas denegadas
- PSOE y Sumar prometen una ley
- Más de 450 solicitudes de reparación personal
Las denuncias e investigaciones sobre supuestos casos de bebés robados a sus madres nada más nacer, sobre todo durante el franquismo, circularon hace años en España. Se publicaron reportajes, se constituyeron asociaciones, y se abrieron causas judiciales para determinar si había responsabilidades penales.
Se partía de la supuesta existencia de tramas por las que médicos y también monjas engañaban a mujeres, en ocasiones madres solteras, asegurándoles que sus bebés habían muerto en el parto, y esos recién nacidos eran entregados a matrimonios ricos, bien situados en la dictadura franquistas, que no habían podido tener hijos de forma natural: todo ello, previo pago de dinero por parte de la familia que se quedaba con el bebé que no era suyo.
Las Cortes Generales aprobaron en octubre de 2022 la Ley 20/2022, de 19 octubre, de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En esa ley se considera “víctima” a todo aquel que sufriera ciertos daños o vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra Civil de 1936-1939, la dictadura de Franco o la Transición hasta que se aprobó la Constitución en diciembre de 1978.
Una de las categorías expresamente citada en el artículo 3.1 de la ley sobre las víctimas es el de “las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas”.
Podemos pide datos
La diputada de Podemos en el Congreso Martina Velarde (encuadrada en el Grupo Mixto desde que ella y sus compañeros se marcharon del grupo de Sumar) registró en diciembre una pregunta parlamentaria al Gobierno, para respuesta escrita, sobre este asunto.
Velarde partió del punto de la ley que considera víctima a los “bebés robados” y a sus familias, y del artículo 6 que reconoce “el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se refiere el artículo 3.1”.
“Pasado más de un año de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática se han conocido casos de víctimas de este crimen a las que se les niega la declaración de reconocimiento de víctimas del franquismo”, señaló la diputada de Podemos en el texto de su iniciativa parlamentaria.
A raíz de ello, planteó tres preguntas, para que el Gobierno le facilitara datos oficiales:
— “¿Cuántas solicitudes de reconocimiento y reparación personal se han recibido desde la aprobación de la Ley y cuántas de ellas corresponden a víctimas de niñas y niños sustraídos o sus familiares?”.
— “¿Cuántas solicitudes de reconocimiento y reparación personal por parte de víctimas de niñas o niños sustraídos o sus familiares se han denegado?”.
— “¿Cuáles son los criterios seguidos para la aprobación y para la denegación de solicitudes de reconocimiento y reparación personal por parte de víctimas de niñas y niños sustraídos o sus familiares?”.
Tres solicitudes de “niños sustraídos”
ECD ha consulta la respuesta que dio el Gobierno de Pedro Sánchez a esta pregunta parlamentaria de Podemos. La contestación tiene fecha del 22 de febrero.
“En relación con la iniciativa parlamentaria de referencia, se informa que desde la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se han recibido cuatrocientas cincuenta y nueve solicitudes de reconocimiento y reparación personal, de las cuales tres corresponden a víctimas de niñas y niños sustraídos”, informa el Ejecutivo.
Hay que recordar que durante los años de mayor polémica sobre este caso, cuando aparentemente se destapó el escándalo de los bebés robados, se llegó a aportar la cifra estimada de 300.000 niños que habrían sido sustraídos de sus madres nada más nacer, y entregados a otras familias de manera irregular. En otros casos se rebajó la cifra a decenas de miles.
Sin embargo, en más de un año de vigencia de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno sólo ha recibido tres peticiones para que a personas que fueron “niños robados”, o a familiares, se les reconozca como “víctimas del franquismo”.
Todas denegadas
Pero más llamativo es que esas solicitudes no prosperaron.
El Gobierno revela, en la respuesta escrita a la pregunta de la diputada de Podemos, que “tras un análisis pormenorizado de la documentación presentada por las personas interesadas y concluido que no podía considerarse acreditado para tales supuestos su encuadre con lo establecido en el artículo 3.1.h) de la mencionada Ley 20/2022, de 19 de octubre, las tres solicitudes citadas han sido denegadas”.
No explica por qué no se consideró “acreditado” que esos tres casos encajaran en el artículo 3.1.h), que como ya se ha explicado reconoce como víctimas del franquismo a “las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas”.
Después de confirmar esos tres “portazos” a otras tantas personas que se consideraban “niños robados”, o madres, padres, hermanos… de esos bebés supuestamente sustraídos, el Gobierno hace un guiño para trasladar su empatía con estas personas: “Todo ello sin perjuicio del respeto que merece la situación personal de todos los denunciantes de situaciones similares y sin poner en duda el testimonio de los solicitantes”.
PSOE y Sumar prometen una ley
Cabe señalar que el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Sumar para sustentar el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez desde noviembre de 2023 incluye, en el apartado sobre “Democracia y justicia”, la promesa de impulsar “una ley de ‘bebés robados’ que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral”.
Realmente ya en 2020 llegó a las Cortes Generales una proposición de ley sobre “bebés robados”, que contemplaba reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, como la garantía de acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados o la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia.
Además, regulaba la la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la creación de una Fiscalía especial, una unidad de investigación de policía judicial, una comisión estatal por el derecho a la identidad y una base de ADN nacional cuyas pruebas serían gratuitas.
Pero la tramitación de esa proposición de ley se ha ido alargando, se ha congelado por la celebración de elecciones, hasta el punto de que el PSOE y Sumar se volvieran a comprometer a impulsar esa misma ley.
Más de 450 solicitudes de reparación personal
Dejando de lado los casos concretos sobre “niños robados”, la respuesta del Gobierno revela que en casi año y medio de vigencia de la Ley de Memoria Democrática ha recibido 459 solicitudes de reconocimiento y reparación personal por parte de personas que se consideran víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco.
No concreta, sin embargo, cuántas de esas 459 solicitudes han sido aprobadas y cuántas ha sido denegadas, más allá de lo sucedido con las tres sobre “niños robados”.
En marzo de 2023, en otra respuesta parlamentaria, el ejecutivo sí precisó que había expedido 39 declaraciones de reconocimiento y reparación personal.
Por ejemplo, Félix Bolaños firmó una declaración por la que reconoció que el teniente coronel retirado del Ejército del Aire José Ignacio Domínguez “padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista”.
Siendo capitán, Domínguez se exilió de España cuando la dictadura detuvo a los organizadores de la Unión Militar Democrática (UMD), un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas que, inspirado en la Revolución de los Claveles que derribó la dictadura en Portugal, en 1974 comenzó a captar militares y a reclamar la convocatoria de Cortes democráticas, el respeto a las libertades y derechos humanos, y la amnistía de los presos políticos.
En diciembre de 1977, cuando la Unión Militar Democrática ya se había disuelto, fue condenado a siete años de cárcel por un delito de conspiración para la rebelión.
La condena supuso la expulsión de Domínguez del Ejército del Aire. Pero en 1986 el Gobierno de Felipe González aprobó la reincorporación de los militares expulsados por pertenecer a la UMD.
El capitán Domínguez consiguió la declaración de reconocimiento y reparación personal como víctima del franquismo, y que además se declarara “ilegítima y nula” la condena que se le impuso y toda sanción o persecución que sufriera.
Cabe además recoger otro dato. El Archivo General de Histórico de Defensa había recibido, a mediados de 2023, dos mil solicitudes de reproducción de documentos.
En los archivos de Defensa se custodian los expedientes de tribunales militares que impusieron condenas por motivos políticos durante la dictadura. De ahí que represaliados por el franquismo busquen esos documentos, para aportarlos a las solicitudes de reconocimiento y reparación personal como víctimas, al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
