Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una empresa valenciana que dirige José Ruz, vinculada a la trama Koldo, obtuvo la adjudicación de la reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la Delegación de la Hacienda Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, por una cuantía de 6,5 millones de euros. Este jugoso contrato aparece en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil.
La mancha del caso Koldo se extiende así por primera vez a un departamento del Gobierno de Ángel Víctor Torres fuera del control del PSOE. Las sospechas de la Guardia Civil salpican a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, que ocupó en la pasada legislatura la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, departamento del que depende la Agencia Tributaria de Canarias.
El martes 9 de febrero de 2022, José Ruz y el exasesor de Ábalos, que da nombre al caso Koldo, viajaron a Las Palmas de Gran Canaria y se hospedaron en el céntrico hotel Exe, ubicado junto al Paseo de Las Canteras. En esos momentos se estaba terminando de cocinar en los fogones de la Agencia Tributaria Canaria el pliego de condiciones que las empresas debían cumplir para acceder a la reforma interior del Edificio Royal, muy conocido en Las Palmas de Gran Canaria, porque albergó uno de los primeros cines de la Isla.
Justo dos días después del viaje de Koldo García y José Ruz a la capital grancanaria, el viernes 11 febrero de 2022, se dictó la resolución de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas, así como el gasto estimado de la contratación. A continuación, el domingo 13 de febrero, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación para la reforma interior de este señero edificio, con el suculento presupuesto de 6.545.000 euros más 458.150 en concepto de IGIC, lo que suponía un total de siete millones de euros.
Tres meses más tarde, el 10 de mayo de 2022, tras la presentación de ofertas de las empresas, el área de Hacienda, que en ese momento dirigía Román Rodríguez, en el Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, falló a favor de Levantina, Ingeniera y Construcción.
¿Este viaje supuso algún tipo de influencia del exasesor de Ábalos? La Guardia Civil aclara que «si bien es cierto que se desconocen los motivos del viaje al Archipiélago canario» de Koldo García Izaguirre y José Ruz Martínez, «conviene citar» que este traslado coincidió con el anuncio de licitación para reformar el Edificio Royal con el fin de convertirlo en la sede de la Agencia Tributaria Canaria. Los investigadores ponen el foco en que «finalmente resultó adjudicataria LIC, constructora en la que José Ruiz es apoderado». A esta licitación se presentaron ocho empresas.
La adjudicación de este concurso no está investigada, pero sí llama la atención de la UCO por las coincidencias en las fechas y porque la investigación de la trama Koldo precisamente se basa en las influencias del exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con las administraciones públicas para conceder contratos a empresas.
También pone de manifiesto que aunque Koldo García ya no estaba en el Ministerio de Transportes –Ábalos fue destituido el 21 de julio de 2021– podría seguir ejerciendo en su papel de conseguidor de contratos con las administraciones públicas, antes de que se procediera a su detención, el pasado 21 de febrero, cuando salió a la luz toda la trama de las mordidas por la compra de materiales sanitarios en los años más duros de la pandemia.
Es decir, la investigación judicial por la compra de mascarillas por la intermediación del exasesor de Ábalos en 2020 y 2021 puede dar pie a que se pongan en tela de juicio contratos posteriores que van más allá del suministro de los tapabocas.
La Guardia Civil pone el acento en que el empresario José Ruz, el conseguidor Koldo García, y el comisionista Víctor Gonzalo de Aldama –presidente del Zamora Club Fútbol– mantenían lazos de amistad.
En la relación de Ruz con Koldo García, la UCO no solo cita el viaje que hicieron juntos a Las Palmas de Gran Canaria el 9 de febrero de 2022, sino que lo ubica justo un año más tarde, el 8 de febrero de 2023, en una cena en la marisquería asturiana sita en Madrid, La Chalana, la preferida del exasesor de Ábalos para depachar sus asuntos. De hecho, la Guardia Civil instaló micrófonos en el restaurante durante la investigación.
En esa cena estuvieron José Ruz, Koldo García y, entre otros, José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil y titular real de la sociedad SL Montajes e Instalaciones Grimbo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera al suboficial de la Guardia Civil «pieza clave» en la gestión de los contratos investigados, un total de 53 millones de euros de dinero público para mascarillas en plena pandemia.
La mancha salpica la gestión de Román Rodríguez, bajo cuyo control estaba Hacienda
A José Luis Rodríguez se le vincula directamente con el grupo Cueto, mayor accionista de facto de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresas, la mercantil epicentro de las adjudicaciones. Esta firma obtuvo 12,3 millones de euros del Servicio Canario de Salud (SCS) en la compra de mascarillas. Muchos de los tapabocas que llegaron no cumplían las condiciones estipuladas con Soluciones de Gestión, pero el SCS se las quedó, y, además, se hicieron contratos a posteriori para justificarlas.
Según la Guardia Civil, José Ruz Martínez no solo era conocido de Koldo García, sino que mantenía una relación de amistad con otro de los principales cabecillas de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama, considerado como el comisionista en toda esta red de corrupción.
De Aldama figura como jefe en dos mercantiles, Deluxe y MTM, que recibieron transferencias de Soluciones de Gestión por una cuantía de 6,8 millones de euros tras la venta de las mascarillas, entre el 7 de abril de 2020 y el 20 de enero de 2021. Pero la cantidad que recibió De Aldama pudo ser mayor, al localizar dos transferencias de Soluciones de Gestión a la mercantil Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara, de la que también es titular real, por un importe total de 320.000 euros, «desconociéndose el motivo de las mismas».
La UCO resalta que al equipo presidido por De Aldama, Zamora Club Fútbol, bien directamente o a través de sus sociedades Pilot Real Estate y MTM, se le habrían transferido, al menos, 1.335.000 euros entre el 1 julio de 2020 y el 11 de ese mismo mes, dimanantes de los fondos investigados de la trama Koldo.
Conexiones
En la investigación de la UCO, por tanto, queda acreditada la relación de José Ruz con Koldo García por sus reuniones, tanto de viajes como de comidas. Con Víctor Gonzalo de Aldama se aprecia una conexión a través de otra de las empresas de Ruz, Lopera Activa, donde era administrador solidario. Esta firma del empresario valenciano transfirió entre el 13 de agosto de 2019 al 1 de diciembre de 2020 a Deluxe y MTM –mercantiles de De Aldama– al menos 77.500 euros.
De estos fondos, 7.500 habrían sido por la supuesta compra de un vehículo, mientras que de los 70.000 restantes, 20.000 podrían estar ligados algún tipo de préstamo, y el resto «se desconoce», expone la UCO.
Por tanto, las relaciones de Ruz con De Aldama y Koldo García sirven de base a los investigadores para diseccionar los contratos públicos del empresario valenciano incorporados por la Guardia Civil al sumario de la causa. La constructora LIC fue receptora de más de 5,7 millones de euros en cinco contratos del Ministerio de Transportes y sus organismos, solo entre los años 2020 y 2021, esto es cuando Ábalos y Koldo García estaban al frente de este departamento. En 2020 mientras De Aldama vendía para Soluciones de Gestión mascarillas a puertos del Estado y Adif –la sociedad pública del Ministerio de Transportes que gestiona las redes ferroviarias– la empresa de José Ruz fue adjudicataria de una obra ferroviaria en Asturias por 592.053 euros yendo en UTE con una empresa de componentes tecnológicos. Y en 2021 recibió el mayor contrato de Adif, también a través de esa UTE, cuatro millones para unas obras en Cataluña por el AVE Madrid -Barcelona- Zaragoza.
Las sospechas de la OCU entran por primera vez en la gestión de un área ajena al PSOE
Además, pocos días después de la adjudicación de la reforma del Edificio Royal en las Palmas de Gran Canaria, en mayo de 2022, Levantina, Ingeniería y Construcciones recibió también un contrato de 4,3 millones en la Generalitat Valenciana de Ximo Puig para un paso del tranvía en Benidorm (Alicante) que adjudicaba el organismo Ferrocarrils.
Asimismo obtuvo un contrato de 576.467 euros para obras en el puerto de Santa Pola Alicante desde la consejería valenciana que lideraba la socialista Rebeca Torró, actual secretaria de Estado de Industria. Transportes y la Comunidad Valenciana no son, sin embargo, las únicas fuentes públicas de contratos que tuvo esta empresa. La Guardia Civil recoge otras adjudicaciones concebidas por la Comunidad de Madrid para obras de la red de metro del Ayuntamiento de la capital para reformas en el distrito de San Blas -Canillejas, del Ministerio de Defensa para reformar unas iglesias castrenses, de Interior para obras en una comisaría en Cádiz o de Transición Ecológica.
El caso koldo es un misil que ha estallado directamente en la línea de flotación del PSOE, y salpica en las Islas a distintos cargos pero, en especial, al expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y a su mano derecha, Antonio Olivera. Ambos aparecen citados en un chat denominado 4 mosqueteros, compuesto por Víctor Gonzalo de Aldama, junto a Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano, otros cabecillas de la trama.