Las “responsabilidades políticas” del caso Koldo empiezan y terminan en el exministro José Luis Ábalos. Esta es la línea que transmiten tanto en Ferraz como en Moncloa ante las diferentes filtraciones sobre las investigaciones de la trama que extienden la sospecha sobre vínculos de la trama con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o algunos ministros, principalmente el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En Moncloa hablan de “absoluta integridad y honestidad” de Torres y Armengol, así como de otros cargos en los que el PP ha puesto el punto de mira. Tras analizar el sumario y frente a los ataques del PP, la decisión del Ejecutivo para por reforzar el blindaje de los suyos.
Las mismas fuentes del Gobierno también minimizan que la Fiscalía Europea haya abierto investigaciones. Consideran que es lo lógico al tratarse de fondos europeos, pero calculan que en un año o año y medio se cerrarán las pesquisas sin determinar responsabilidades. «La Fiscalía española ya ha tomado decisiones», añaden. Así lo aseguraban este viernes, después de saberse que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordase remitir a la Fiscalía Europea el informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) que desgrana la operativa de las adjudicaciones para la compra de mascarillas por más de 53 millones de euros obtenidas por los empresarios de la ‘trama Koldo’ en 2020, a través de sus contactos en el Ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos.
“Ninguna preocupación”, trasmiten las mismas fuentes para poner en valor que “lo más importante es cómo se actúa frente a la corrupción”. Esto es, con contundencia, para lo que ponen como ejemplo la expulsión de José Luis Ábalos, aunque no esté siendo investigado, rapidez y colaboración con la justicia. Una actitud que contraponen a la del PP en los casos de corrupción que lo salpican.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargó esta semana de apuntalar un muro de protección tanto a Armengol como a Torres. Ambos han sido puestos en la diana por el PP porque cuando eran presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, sus gobiernos contrataron mascarillas con la empresa investigada en el caso Koldo. En el caso de Armengol, además, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación porque el lote de mascarillas adquirido por 3,7 millones de euros era inapropiado para uso hospitalario y se realizó con fondos de la UE. Para ello, el jefe del Ejecutivo quiso acotar esta crisis a “casos concretos” y diferenciarla de la corrupción que salpicó a anteriores gobiernos del PP. “Los momentos en los que hubo corrupción institucionalizada, protegida e, incluso, estructurada, pasaron”, aseguró el pasado miércoles desde Brasil durante una comparecencia junto a su presidente, Lula da Silva.
Estrategia del ventilador
Como parte de este blindaje, y dando cuenta de que no hay dudas sobre que las responsabilidades políticas ya han sido depuradas, Sánchez arremetió contra lo que denominó estrategia del ventilador: “Defender la democracia y luchar contra casos de falta de ejemplaridad y corrupción es no infundir bulos, descalificaciones e insidias”. Algo que, según advirtió acusando al PP de falta de coherencia, genera “zozobra entre la opinión pública”.
El cierre de filas se ha complementado con una respuesta cada vez más contundente contra el PP. De entrar al detalle de las acusaciones para dar explicaciones y justificar su falta de responsabilidades políticas a pasar al contraataque. Primero, mostrando su intención de convertir la comisión de investigación sobre el caso Koldo en una comisión de investigación sobre la corrupción en pandemia de las administraciones del PP. Principalmente, de la madrileña. Segundo, centrándose en contraponer su modelo de lucha contra la corrupción con la supuesta benevolencia de los populares.
“Bajar el ruido”
“Aquí sí hay asunción de responsabilidades políticas, la anterior Administración respondía de una manera completamente diferente. Donde ahora hay colaboración, antes había absoluta obstrucción; donde ahora hay transparencia, antes había opacidad y donde ahora hay asunción de responsabilidades políticas, el PP eliminó a la persona que denunció o quiso denunciar un posible caso de corrupción”, cargaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado martes.
El blindaje, eso sí, se ciñe a los representantes socialistas en las instituciones. Nadie pone la mano en el fuego por los funcionarios o altos cargos, especialmente los que formaban parte del Ministerio de Transportes en el periodo investigado. El primero en dejarlo ver es el actual titular de la cartera, Óscar Puente.
Esta misma semana destituyó al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir sobre su relación con la trama. Aunque aseguró que “por el momento” las sospechas se delimitan a este alto cargo, no descartó más ceses dando muestras de que no le temblará el pulso. “Esperaremos a tener la suficiente información e iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento”, concluyó. Y es que, más allá de las investigaciones judiciales, el ministro ha puesto en marcha una auditoría interna para dilucidar posibles responsabilidades en su ministerio.
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