La ONU ha denunciado que el Gobierno de Irán cometió crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas multitudinarias ciudadanas a raíz de la muerte de la joven Masha Amini en septiembre de 2022. Mujeres, niños y minorías fueron las principales víctimas de estas violaciones de derechos humanos perpetradas por el Gobierno de los ayatolás.
Esta es la conclusión del informe de la Misión de Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para esclarecer lo ocurrido durante la dura represión del régimen de Teherán sobre las movilizaciones desatadas por el fallecimiento de Masha Amini bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo.
Unos 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría de ellos por disparos, según fuentes firedignas citadas por el grupo investigador.
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Según el primer informe de esta Misión, hecho público este viernes ante la ONU, se ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.
La muerte de Amini, una joven kurdo-iraní de sólo 22 años, desató una ola de indignación femenina que derivó en protestas multitudinarias en las calles de todo el país para reclamar sus derechos.
Según el informe de la Misión, la persecución por motivos de género se entrecruzaba con la discriminación por motivos étnicos y religiosos en una serie de violaciones de los derechos humanos en los que el régimen de Teherán empleó «todo el aparato de seguridad del Estado».
Acerca de la violencia para contener las protestas, el informe indica que las fuerzas de seguridad iraníes además de matar causaron lesiones injustificables a los manifestantes, en particular en el área de los ojos, con decenas de mujeres, hombres y niños que quedaron ciegos.
Durante las detenciones, las autoridades estatales torturaban a las víctimas para arrancarles confesiones o humillarlas y se encontraron casos de mujeres y niñas violadas en actos de tanta barbarie que incluían violación en grupo o con un objeto, electrocución de los genitales, desnudez forzada y tocamientos.
La Misión de investigación también descubrió que el gobierno había ejecutado arbitrariamente a al menos nueve jóvenes entre diciembre de 2022 y enero de 2024, tras juicios sumarios basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
Las investigaciones también han establecido que las autoridades al más alto nivel animaron y justificaron todas estas violaciones de los derechos humanos para apagar las protestas. Una de las estrategias que utilizaron fue presentar a los manifestantes como separatistas, agentes extranjeros o agitadores.
La Misión sostiene que «decenas de personas siguen en peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas» y ha pedido a las autoridades iraníes que ordenen que se detengan estas penas, y la liberación de todos los manifestantes, familiares o personas que expresaron apoyo al movimiento de protesta.
Ante la impunidad total que reina en Irán frente a estos hechos, la Misión de la ONU ha pedido a los países de la comunidad internacional que apliquen la jurisdicción universal en todos los delitos de lesa humanidad en cuestión.
Asimismo, les ha solicitado que otorguen protección a los iraníes, a través del estatus de refugiado o visados humanitarios cuando se trate de personas perseguidas en relación a las manifestaciones.
