Centenares de asesinatos extrajudiciales, miles de arrestos arbitrarios, tortura sistemática, violaciones, desapariciones forzosas, acoso judicial, impunidad… Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas ha hecho público este viernes las conclusiones de la misión independiente encargada de evaluar la actuación de las autoridades de la República Islámica de Irán durante la oleada de protestas que sacudió el país tras la muerte bajo custodia policial de Masha Amini, una joven kurda de 22 años detenida en septiembre de 2022 por llevar el velo “de forma inadecuada”. Su informe describe la respuesta de las autoridades como “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” y señala que muchas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen constituyen “crímenes contra la humanidad”.
Aquella revuelta popular, en gran medida pacífica y liderada por mujeres y universitarios, fue posiblemente el mayor desafío que ha enfrentado el régimen de los ayatolás desde que tomara el poder tras la revolución de 1979 que depuso al Sha Reza Pahleví. Bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, millones de iraníes salieron a manifestarse durante casi medio año en grandes y pequeños actos de contestación contra los abusos del sistema, la falta de libertad, la imposición del hiyab o la discriminación estructural de las mujeres, sometidas a un implacable apartheid de género. Cuando las aguas amainaron, fruto de la brutal represión de los servicios de seguridad y los paramilitares, al menos 551 personas habían sido asesinadas, una cifra que incluye a 51 mujeres y 68 niños, según los investigadores de la ONU. Otros 28 iraníes fueron condenados ha muerte en los meses que siguieron. Y si bien el Gobierno afirmó el año pasado que casi 20.000 personas habrían sido perdonadas por su participación en las protestas, las organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra de arrestados rondaría los 60.000.
Todo empezó con la muerte de Amini poco después de ser detenida por la policía de la moral 13 de septiembre de 2022 en el metro de Teherán por infringir las normas del velo y trasladada a un centro de detención. En su certificado oficial de defunción consta que murió por “causas desconocidas”, pero de acuerdo con su familia, que pudo visitarla en el hospital tras ser informada de que llegó al centro con un cuadro de “muerte cerebral”, presentaba heridas en los pies y sangre en los oídos. “En base a las pruebas y los patrones de violencia de la policía moral para aplicar las normas del hiyab obligatorio, la misión considera que la Amini fue sometida a violencia física que le acabó causando la muerte”, dice el informe de la ONU.
Tortura extendida y deliberada
Aquella fue la mecha de unas protestas que las autoridades presentaron como una “amenaza para la seguridad nacional”, describiendo a los manifestantes como “alborotadores” o “agentes del enemigo”. Durante las siguientes semanas y meses, las fuerzas de seguridad –lideradas por las Guardia Revolucionaria y las milicias Basij– recurrieron al uso habitual de armas de fuego y munición no letal para dispersar las protestas. Y miles de personas fueron arrestadas en universidades, lugares de trabajo o domicilios particulares, tras ser identificados mediante “diversos medios de vigilancia como drones o cámaras” y aprehendidos, a menudo, por individuos sin identificar.
“La misión ha establecido que los funcionarios iraníes infligieron deliberadamente actos de tortura para extraer confesiones, obtener información, castigar, intimidar o humillar” a sus víctimas, asegura el informe. Un catálogo de horrores que incluyó “puñetazos, patadas, palizas, latigazos y quemaduras, descargas eléctricas o contorsiones del cuerpo”. Peor fue generalmente con las mujeres. El informe denuncia “un patrón de violencia sexual” contra las mujeres en los centros de detención, con violaciones, descargas eléctricas en los genitales, desnudos forzado, insultos, manoseos y otros tipos de abuso.
Sin acceso al país para los investigadores
“Todos estos actos forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Irán que demandaba libertad, igualdad dignidad y rendición de cuentas”, ha dicho Sara Hossain, la presidenta del equipo de investigadores independientes nombrados por la ONU. Irán no les permitió la entrada en el país, de modo que han basado su informe en documentos oficiales y privados, registros médicos, imágenes por satélite y decenas de entrevistas con testigos y víctimas. “Instamos al Gobierno a detener inmediatamente la represión contra aquellos que participaron en protestas pacíficas, particularmente mujeres y niñas”.
El informe se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes del 18 de marzo. Sus autoras señalan que algunos de los crímenes “podrían ser competencia del Tribunal Internacional de Justicia” y le pide a Teherán “justicia” y “reparaciones” para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
