Francina Armengol compareció en rueda de prensa el pasado martes en el Congreso, supuestamente para dar explicaciones sobre el abono de 3,7 millones de euros a la trama corrupta de Koldo García por mascarillas FFP2 que no eran tales. Se extendió pomposamente en glosarse a sí misma como abanderada de la lucha contra la corrupción, su principal motivación en su pronta entrada en la política. Recreó con la habitual prosopopeya los dramáticos acontecimientos de los primeros días de la pandemia, en los que tanto ella como sus colaboradores bregaron heroicamente para conseguir protección para sus ciudadanos. El objetivo era diseñar un contexto apocalíptico en el que situar la toma de decisiones de su Gobierno. Se trataba de establecer el contraste entre su celo y el de su equipo para salvar vidas y la perfidia y la malignidad de una trama que quería lucrarse con el sufrimiento y la muerte de los ciudadanos. Era la teatralización en la sede de la representación popular de su condición de víctima de la trama. Se extendió en diversas consideraciones falsas sobre los procedimientos administrativos llevados a cabo en la compra de las mascarillas. A continuación, dijo que no iba a consentir que se mancillara su persona por un PP que se saltaba todas las fronteras y las líneas rojas al exigir su dimisión como presidenta. Finalmente fingió responder a las preguntas de los periodistas, relacionadas con quién del ministerio de Transportes la había puesto en contacto con la trama, por qué se transfirió el dinero sin haber analizado el género, o por qué tardaron tres años en reclamar la devolución del dinero. Digo fingió porque se limitó a una sarta de incoherencias y a dar por contestadas preguntas sin respuesta alguna.
En unos tiempos en que ser víctima de algo supone estar bendecido por el favor de los dioses, Armengol así pretende revestirse. Pero si hay víctimas en ese caso una no es precisamente ella. Las únicas víctimas son los ciudadanos, víctimas de un Gobierno que se salta por dos veces la Constitución y que pagan con el dinero de sus impuestos a la trama que les está robando, por obra y gracia de una desvergonzada dirigente, que es la pieza necesaria e imprescindible para que se consume la estafa. Como tantas otras veces, Armengol nos toma por tontos. Su valiente lucha contra la corrupción de la que con tanta frivolidad alardea es otra falsedad. Como dirigente del PSIB-PSOE participó en el pacto con el partido corrupto de Unió Mallorquina que posibilitó la presidencia del Govern para Antich y para ella la presidencia del Consell Insular de Mallorca en 2007, mientras se colocaba a Maria Antònia Munar presidiendo el Parlament. Ya se conocían los detalles del escándalo de Can Domenge que culminó con mordidas y la posterior venganza de Munar contra Núñez, que derivó en la descalificación de su proyecto en la primera línea de Palma y la compensación millonaria del ayuntamiento de Palma con solares de la segunda línea y más de un centenar de millones a Endesa, operación vendida por el concejal Alcover, del gobierno de Aina Calvo (presta a consumar la venganza), como sin coste alguno para la ciudad. No, Armengol es una demagoga sectaria a la que no le ha movido en política la lucha contra la corrupción sino la lucha por el poder. Aunque fuera al precio de pactar con la corrupción. Armengol carece de credibilidad porque no atina a responder a ninguna de las preguntas clave que se le han formulado. Ignora que uno de las primeras obligaciones de un responsable político es decir la verdad a los ciudadanos sobre los asuntos de su incumbencia, no tapándolos. No contestando a las preguntas no se defiende de ninguna acusación, se está auto inculpando. A Armengol nadie la mancilla, se está mancillando ella misma. Demuestra, siendo la tercera autoridad del Estado, no ser su servidora, sino una servidora del PSOE. Quien está saltándose fronteras y líneas rojas no es el PP, que no está sino ejerciendo el fundamental ejercicio del control del poder, obligación de cualquier oposición que se precie, sino la presidenta del Congreso, que desconoce la función de la institución que preside, la de guardar la imparcialidad más allá de la luchan partidaria, volcándose en la sempiterna reacción de los partidos cuando el adversario les afea su conducta, el «y tú más». Cuando no hay ni uno que pueda alardear de nada. Si por un lado está la Gürtel, los sobresueldos, Bárcenas, Matas, etc., por el otro están Filesa, Roldán, Navarra, los Eres andaluces…y el clientelismo de unos y otros, colonizando las instituciones del Estado. La corrupción está larvada en el hombre. Es el poder el que la libera entre los que no tienen arrestos para someterla. Es imposible erradicarla, sólo se puede minimizar si se dispone de un sistema político adecuado. Y esto sólo es posible en un Estado de Derecho donde existan los contrapesos de los contrapoderes. Una partitocracia como la nuestra en la que el poder ejecutivo controla al Congreso, el Tribunal Constitucional, aspira a controlar también el Consejo General del Poder Judicial y, además coloniza con sus afiliados, que viven del presupuesto público, las instituciones del Estado es la mayor fuente de la corrupción, porque los diputados se deben a quienes les ponen en las listas, las cúpulas partidarias que concentran el poder, no a los ciudadanos que las han votado.
Armengol tiene el aval del presidente del Gobierno. Pero qué aval es ese que enarbola Armengol si procede del político que realiza la mayor corrupción jamás soñada al comprar con dinero público y la ley de amnistía a los delincuentes que votan su investidura. Sánchez conocía la corrupción de la trama de Ábalos en plena pandemia, pero la tapó para blindarse; ésa es la explicación del cese sin explicación alguna de su hombre fuerte. Armengol argumenta para mantenerse en la presidencia del Congreso que su nombre no figura en el sumario de la trama. Tampoco lo estaba Ábalos y está ya fuera del PSOE. Qué aval es el de ese autócrata cuya mujer Begoña Gómez trasegaba influencias con Javier Hidalgo para obtener el rescate de 615 millones de euros para Air Europa. Recibe a empresarios, como es su función (sic), dice Montero. Y quien se llevaba 36.000 euros de comisión era Aldama, el mismo que aparece como miembro de la trama Koldo; y en Barajas, cuando lo que se trasegaba eran las maletas de Delcy Rodríguez. Vaya pareja, Sánchez y Gómez, liderando España como una república bananera, como Perón y Evita, salvando las distancias. No basta con derogar el sanchismo. Hay que reformar la Constitución y el sistema electoral.
