El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado remitir a la Fiscalía Europea el informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) que desgrana la operativa de las adjudicaciones para la compra de mascarillas por más de 53 millones de euros obtenidas por los empresarios de la ‘trama Koldo’ en 2020, a través de sus contactos en el ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos.
Además de este documento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, previa consulta a la Fiscalía Anticorrupción, envía al organismo con sede en Luxemburgo todos los autos de situación personal de los investigados y documentación elaborada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el informe del organismo dependiente de Hacienda, del que ha venido informando El Periódico de España, del mismo grupo editorial, el inspector Raúl Burillo analiza la trascendencia tributaria de todos los movimientos realizados por la red que lideran los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama y concluye que la decisión del Gobierno de permitir la contratación pública «sin concurso, sin concurrencia, sin publicidad y en caso de emergencia«, supuso que «la elección y designación del proveedor de este material [las mascarillas] se realizase a plena voluntad del comprador público».
La providencia del magistrado tiene fecha de este jueves, y responde al requerimiento concreto que le realizó la Fiscalía Europea el pasado 29 de febrero, atendiendo a la cooperación reforzada de la Audiencia Nacional con el órgano europeo.
La Fiscalía Europea inició diligencias previas sobre contratos de venta de mascarillas en Baleares y Canarias, que en principio le corresponden por haberse utilizado para los pagos fondos europeos, tras recibir la denuncia del actual número dos del PP en Madrid Alfonso Serrano, en junio de 2022, pero no anunció oficialmente la apertura de un procedimiento hasta principios de esta semana.
Los fiscales europeos ya contaban desde hacía un año con documentación remitida por sus homólogos españoles de la Fiscalía Anticorrupción en relación con los cuatro contratos firmados por las administraciones autonómicas gestionadas por el PSOE con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros.
