El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, coincidiendo Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas de violencia sexual, la mayoría extranjeras en situación irregular.
En rueda de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado los ejes de esta norma, que quedó pendiente la pasada legislatura y ahora se retoma con el mismo articulado con el objetivo de buscar un «abordaje integral» de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.
Es, ha recalcado Redondo, una «ley que no es punitivista» y que «está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas» para apoyar y «dar cobertura a las supervivivientes, «especialmente» las que están en situación irregular.
Según ha explicado, la norma contempla una «autorización provisional con permisos de residencia y de trabajo cuando se certifique la «condición definitiva de víctima de trata», algo «importantísimo», ha valorado Redondo, para estas víctimas que viven con «miedo y angustia» y a las que se debe «proteger y acompañar en todo momento».
También garantiza que no se expulsará del país a víctimas que se encuentren «en situación de trata» y se les ofrece «toda una batería de ayudas y derechos» sin necesidad de denuncia: acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y tratantes.
Además, contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijos o personas dependientes a su cargo.
Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen «con independencia» de que haya denuncia. Tampoco se exigirá la colaboración en la investigación penal para recibir atención y protección.
A preguntas de los periodistas, Ana Redondo ha explicado que, en el momento en que las Fuerzas de Seguridad son conscientes de que se está produciendo una situación de trata y se libera a las supervivientes, se procede a «una acreditación provisional» que es la que dará lugar al permiso de residencia y trabajo «desde el primer momento».
Más tarde, se abrirá «todo un proceso de acreditación» de esa situación. Pero tanto en esa acreditación provisional como la definitiva «se desliga» la protección ofrecida de la denuncia, ha explicado la ministra.
Así, habrá todo un equipo que «desde el minuto 0» va a hacer que «se proteja a las víctimas de trata y después se les pueda dar condición definitiva de víctimas».
El Ejecutivo impulsa estas medidas consciente del «terror de muchas mujeres en el momento de la denuncia». Por eso, ha incidido Redondo, «la ley va mucho más allá en la protección que se venía ofreciendo» y aspira a acompañarlas desde el primer momento en su recuperación y en su integración laboral y social.
Echa así a andar un anteproyecto que contará con «la colaboración de todas las asociaciones comprometidas» con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de «un grupo de trabajo» entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que «puedan incorporarse a este debate» y auxiliar al Gobierno a «concretar mejor y ser más eficaces» en las medidas que necesitan.
Aunque no se ha precisado en la rueda de prensa, el texto del anteproyecto presentado por el Ejecutivo en la anterior legislatura -el mismo que, según han aclarado fuentes de Igualdad, se ha vuelto a aprobar este viernes en primera vuelta- planteaba penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas de trata, entre las que destacan las mujeres explotadas sexualmente.
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