Las organizaciones empresariales de La Rioja, Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, junto a representantes de estos cinco gobiernos autonómicos pidieron ayer al Ministerio de Transportes que el corredor cantábrico-mediterráneo forme parte de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Todos los representantes suscribieron en Logroño la «Declaración por el impulso al desarrollo del corredor ferroviario de altas prestaciones cantábrico-mediterráneo para el tráfico de mercancías y viajeros». Un documento de cuatro folios que pide un imposible.
Empresarios y los cinco gobiernos autonómicos «instan al Gobierno de España para que el conjunto del corredor cantábrico-mediterráneo se incorpore a la red básica de las RTE-T con el compromiso de finalización en el año 2030». Una aspiración complicada. Tanto el corredor mediterráneo como el atlántico fueron incluidos en esta programación europea en 2011 (tras años de debates y boicoteos variados al eje mediterráneo) y trece años después aún no han finalizado. Por lo que solicitar ser incluido en las previsiones europeas para lograr estar ejecutado en 2030 (a sólo seis años vista) resulta excesivamente optimista.
La declaración de Logroño persigue la modernización de las líneas existentes, el incremento de la capacidad de transporte y la mejora de las prestaciones de los servicios ferroviarios tanto de viajeros como de mercancías. El corredor cantábrico-mediterráneo conectaría el eje Sagunt-Teruel-Zaragoza con Logroño-Miranda de Ebro-Pamplona-Bilbao-Santander. Y también incluiría la conexión Soria-Castejón. Para conseguir estas mejoras reivindican al Ejecutivo central, el competente en este tipo de transporte, modernizar las lineas convencionales que «permitan circular a los trenes de viajeros a velocidades máximas de 200 kilómetros por hora y trenes de mercancías altamente competitivos» para formar una «autopista ferroviaria».
La jornada también sirvió para reivindicar los accesos a los grandes nodos logísticos y otros de su área de influencia «para garantizar la capacidad y eficacia de todas las operaciones relacionadas con el corredor; así como la realización de un estudio y puesta en valor del potencial del corredor cantábrico-meditgerráneo como servicio de transporte y logístico de autopistas ferroviarias». También exigieron «la elaboración de un Plan Nacional de Transporte, del que derive un Plan de Infraestructura Ferroviaria 2025-2040, con un orden de prioridades y presupuesto y una programación temporal, adecuados y consensuados con todos los agentes». Y que, como es obvio, «debería incluir como un eje prioritario, el corredor cantábrico-mediterráneo, que se sumará a todos los demás corredores con los que se relaciona».
La declaración de Logroño también reivindica la «necesaria travesía de gran Capacidad por el Pirineo central, la travesía central pirenaica (TCP)». Un proyecto que prevé crear un proyecto transfronterizo por el Pirineo central que sí está incluido en las RTE-T aunque con horizonte de ejecución de 2050. Cabe recordar al respecto que la travesía central pirenaica era la salida natural hacia Europa del corredor central, el rival del corredor mediterráneo cuando este último no tenía garantizada la prioridad para Europa.
La consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, representante de la Generalitat en el acto incidió en que el corredor cantábrico-mediterráneo es «una infraestructura clave para toda España, que vertebrará por ferrocarril todo el noroeste español con Europa y resto del mundo». Por ello exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que «se centre y piense en las oportunidades perdidas en empleo y cohesión territorial por no ejecutar esta infraestructura. No dejemos pasar este tren». Pradas, defendió que la Generalitat «ya cumple y está preparando la salida del corredor que será Sagunt donde esta semana hemos visitado la estacion intermodal que tendrá un coste de 98 millones de euros y será un punto logístico internacional y la puerta de entrada y salida del corredor cantabrico-mediterráno. La Comunitat Valenciana quiere y debe avanzar. Y nos hace falta el corredor cantabrico-mediterráneo. Por eso vamos a colaborar en todo para hacerlo posible. Nuestro trabajo será aunar esfuerzos y voluntad política para avanzar juntos. No dejemos pasar este tren», aseguró.
El presidente de la CEV Salvador Navarro lamentó que «el Puerto de València, el cuarto de Europa y el primero de España, no está conectado con Plaza, el primer nodo logístico del interior del país» por lo que criticó la «falta de voluntad política nacional para reivindicar esta infraestructura». Navarro recordó que se había invitado al Ministerio de Transportes y al presidente de Adif y ambos han declinado [venir] por cuestiones de agenda. Lamentamos que esta infraestructura tan importante para el país y las autonomías no esté bien financiada porque el 30% del PIB está reflejado en esta infraestructura, beneficia a siete comunidades autónomas y conecta a los territorios». Una falta de apoyo que para el empresario es «una lástima porque refleja que los ciudadanos de este territorio somos ciudadanos de segunda porque no estamos suficientemente conectados con la mayor zona industrial del país como es Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco y Cantabria. Y no somos capaces de conectar la zona este con la zona norte del país. El proyecto es lo suficientemente importante para que el Ministerio de Transportes hiciera una apuesta mayor aún. Una agilización mayor aún por esta infraestructura por lo que significa tanto en términos económicos como en términos sociales, porque esto beneficia también a todos los ciudadanos».
La «Declaración por el impulso al desarrollo del corredor ferroviario de altas prestaciones cantábrico-mediterráneo para el tráfico de mercancías y viajeros» fue rubricada por los presidentes de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada; de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; de CEOE Aragón, Miguel Marzo; y de CEOE-Cepyme de Cantabria, Enrique Conde; y el vicepresidente de CEOE Castilla y León, José Ignacio Carraco. Y que también respaldan los presidentes de los Gobiernos de La Rioja, Gonzalo Capellán; y Aragón, Jorge Azcón; la consellera de Infraestructuras, Medio y Ambiente de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas y los consejeros de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media; y de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González.
