El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que la oferta que el Gobierno ha elaborado para solventar los problemas del sector agrario recoge «más del 90% de las preocupaciones de agricultores y ganaderos». Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Lanzarote, isla que ha visitado este miércoles por la firma de un nuevo convenio para mejorar los regadíos, en el que se ha convertido en un nuevo intento por calmar las aguas del campo español.
Planas ha explicado que está a la espera de que las organizaciones que ejercen de interlocutoras entre el sector y el Ejecutivo den una respuesta. Se refiere a Asaja, Coag y UPA. A ellas les ha pedido «dar un paso adelante y asumir sus responsabilidades», así como un «compromiso» con el Gobierno. Porque «hay sobre la mesa un número muy importante de medidas que estamos dispuestos a llevar a cabo«, ha sostenido.
Tal como ha argumentado el ministro ante los periodistas, la oferta que preparan desde el Ministerio para aliviar los problemas del campo incluye seis áreas. La primera es la simplificación de los procesos burocráticos. El segundo aspecto que aborda es la Ley de la cadena alimentaria y su aplicación. También la importación de determinados productos, que el campo tacha constantemente de competencia desleal, puesto que supuestamente no cumplen los mismos requisitos que los nacionales. Además, aborda temas de fiscalidad, financiación y seguros agrarios. También se centra en la ganadería, sobre todo la extensiva, y en la dificultad para garantizar el relevo generacional.
Planas no ha dudado en criticar contundentemente a las plataformas surgidas de la indignación en el campo en los últimos meses, que tampoco ha nombrado directamente. Se refiere a la Plataforma 6-F, con la polémica Lola Guzmán al frente. El ministro titular de Agricultura ha tachado a estas plataformas de «falsamente independientes». Y es que el Gobierno ha criticado a esta agrupación duramente desde que salió a la palestra. Algunas fuentes la vinculan a la ultraderecha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que las relacionó con Vox.
El ministro ha asegurado que este tipo de agrupaciones «ejercen una inmensa presión en el sector». Ha insistido, además, en que generan crispación, «complican la búsqueda de soluciones» y la provocan la «ruptura de la interlocución». El Gobierno -sostiene el ministro- «es víctima de ellas», porque proponen objetivos «totalmente desenfocados» como la derogación de la Agenda 2030, que va más allá del país, y que se enmarca en el ámbito de las Naciones Unidas. «Buscar ese tipo de eslóganes políticos, no ayuda a la búsqueda de soluciones». Por todo ello, Planas insta a «volver a la normalidad que la mayor parte del sector también desea».
Ha recordado que el 26 de marzo van a volverse a reunir los ministros europeos de agricultura. Y ha puesto en valor que ya han pedido a la Comisión Europea que «presente cuanto antes» las propuestas de adaptación de la normativa, que permitirán «hacer modificaciones importantes». Es importante «que se aprueben en la legislatura europea actual», que concluye a finales de abril. «Tenemos muy poco tiempo, pero es posible«, ha remarcado. «Estamos en la vanguardia de los países miembros para dar una respuesta a nivel Europeo», ha concluido.
A pesar de los esfuerzos del ministro, que asegura estar «permanentemente en contacto con un sector» al que le «ha tendido y le tiende la mano», las protestas aflojan el ritmo, pero no cesan. No les ha convencido todavía. El martes, nueve guardias civiles resultaron heridos en enfrentamientos con los agricultores y ganaderos que cortaron una carretera en Castilla y León. Ayer, los agricultores catalanes cortaron un tramo de la AP-7 en Tarragona. Y hoy mismo, decenas de agricultores han intentado acceder al Parlamento de Navarra durante el debate de los Presupuestos.
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