El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advirtió este jueves de que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo autonómico a indemnizar con 96 millones al empresario Matthias Kühn por la protección de Muleta, en Sóller, hará un “agujero enorme” en las arcas de la Comunidad.
En declaraciones al matinal de IB3 Ràdio, Costa dijo que no sabe si los servicios jurídicos del Govern acabarán aconsejando la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, ya que aún no hay una decisión de la Abogacía al respecto, pero sí que afirmó que, si finalmente “se tiene que pagar, la Comunidad pagará, evidentemente”.
El vicepresidente Costa tuvo palabras muy duras para los gobiernos del pacto progresista que protegieron estos terrenos, a través de la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.
Según subrayó, cuando la izquierda aprobó esta normativa, que desclasificaba varias propiedades, ya se avisó a los entonces dirigentes de que “iba a haber indemnizaciones millonarias porque se desclasifican suelos que ya están urbanizados”. “No hubo manera de que lo entendieran”, lamentó Costa, quien señaló que aprobar una ley a sabiendas de que va a acarrear indemnizaciones no es delito, aunque sí supone una forma de malversación de dinero público.
Arcas de la Comunidad
“Hablamos de cuantías que hacen un agujero enorme a las arcas de la Comunidad Autonóma”, reiteró el conseller de Economía, quien señaló que el Govern lleva acumulados “400 millones de euros pagados derivados de sentencias urbanísticas de la Ley 4/2008”. “Es el precio que tenemos que pagar como consecuencia por esta irresponsabilidad”, aseveró.
Respecto a cómo se pagará esta cantidad millonaria, Costa aseguró que aún está en estudio. Indicó que lo más probable es que se tenga que recurrrir a una ley de crédito extraordinario en el Parlament. “No tenemos ninguna partida tan elevada en el presupuesto actual para hacer frente a esto. No estaba previsto”, manifestó.
En todo caso, recalcó que no se recortará ninguna partida económica que sea esencial para la ciudadanía de Baleares.
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