Por Pedro Laguna Palacios, General retirado de la Guardia Civil

Recomiendo a quien espere encontrase en estas líneas nuevas y jugosas informaciones sobre las investigaciones del 11M que abandone la lectura. Creo que 20 años después de aquel terrible atentado está todo contado y realmente importante sólo queda el dolor imborrable de las víctimas. El único consuelo que se me ocurre que podríamos ofrecerles hoy a los supervivientes es la certeza de nuestro aprendizaje y la garantía de adoptar las medidas para prevenir que la historia se repita.

Esta es una tarea que nos compete a todos, pero especialmente a aquellos que decidimos dedicar nuestra vida profesional a los demás. El mandato de cuidar y proteger a nuestros conciudadanos que juramos cumplir en la Guardia Civil se asume de forma vocacional por nuestras mujeres y hombres. Para nosotros no es una obligación profesional, sino una forma de entender la vida.

Quizás eso explique que, a menudo con una capacidad limitada en relación con nuestras múltiples y exigentes competencias de seguridad ciudadana, se consigan resultados tan notables. En este aspecto, Asturias suele destacar y también lo hacía en el 2004. En aquella época la región registraba las mejores tasas del país en la resolución de delitos, los índices de seguridad y la baja criminalidad.

Obviamente, esa circunstancia no nos blindaba de las amenazas ni nos hacía infalibles, como quedó probado, pero sí es justo recordar cuál era y es la realidad de Asturias en esta materia. En mi opinión, gracias en buena medida a la acción de la Guardia Civil.

Sin embargo, al abrigo del atentado, aquella realidad objetivable llegó incluso a cuestionarse por parte de quienes deberían defenderla. Fue vergonzoso ver entonces, y es penoso comprobar aún hoy, cómo algunos políticos utilizaron los hechos de forma interesada para sacar algún tipo de ventaja o rendimiento, aún a costa de mancillar sin fundamento no ya sólo a personas con nombres y apellidos, sino a toda una institución.

La eficiencia de la Guardia Civil, como la de otras instituciones propias del Estado de derecho, se basa en buena medida en su capacidad para ganarse la confianza de los ciudadanos. Hacerse merecedora de ella es su responsabilidad. Debe ganársela a través del ejercicio diario de sus funciones, pero jamás debería tener que defenderse de los que supuestamente han de acompañarla en ese objetivo.

Los partidos políticos que bajo la excusa de una presunta búsqueda de la verdad dieron cobijo a la mentira, a la desinformación, a la introducción deliberada de lucubraciones y falsas insinuaciones, contribuyendo al miedo y la desconfianza general, deberían ahora, con los hechos enjuiciados y el relato probado, preguntarse para qué sirvió. Y, si les queda dignidad, qué medidas han tomado para evitar que entre los suyos se alienten o permitan estas actitudes ruines.

La búsqueda de la verdad es una obligación legal y moral. Los que aceptamos el noble objetivo de la protección ciudadana estamos preparados para asumir que la responsabilidad del fracaso es alta, como también lo es la del éxito, aunque este no se percibe con la misma nitidez. Conocemos muy bien las consecuencias de lo que no conseguimos evitar, pero nunca podremos medir con exactitud lo que sí impedimos. Y, créanme, tenemos éxito mucho más a menudo de lo que fracasamos.

De forma reducida, la ramificación en Asturias del atentado del 11M es la historia del arma homicida. Desgraciadamente de esta región salieron los explosivos con los que se perpetró un atentado sin precedentes. Y esa es la conexión que vincula esta tierra con aquel execrable crimen. Me parece importante recordar lo obvio porque en aquella época asistimos a un ejercicio poco convencional, y probablemente muy interesado, de desplazar el foco habitual del relato. El robo de explosivos se convirtió en protagonista de la historia, cuando en un crimen la atención suele centrarse en quiénes, qué y por qué con más énfasis que en con qué.

Esta reflexión no es un intento de eludir las responsabilidades de los errores que pudieran haberse cometido, pero sí un ejercicio necesario para contextualizar los hechos de forma objetiva. En aquella época no había en Asturias un clima de especial alerta sobre aspectos que resultaron luego ser determinantes para que terroristas yihadistas consiguieran el material explosivo y, ni mucho menos, podía imaginarse fácilmente que, como luego conocimos, su relación espontánea e instrumental con nuestra región tuviera consecuencias tan fatales.

Precisamente, es importante discernir qué sabíamos entonces y qué supimos luego. Si los responsables de las investigaciones en curso hubieran sabido todo con la profusión de detalles que luego obtuvimos habríamos obrado diferente, pero ese no es el curso natural en la indagación de posibles delitos.

En aquel momento existía una investigación que afecta a individuos que hoy sabemos colaboradores fundamentales de los autores materiales del atentado, pero entonces eran investigados ante la sospecha de delitos relacionados con la droga o el hurto.

Aquella investigación se desarrolla operacionalmente por las comandancias de Oviedo y de Gijón y además llega a contar con el apoyo de dos oficiales venidos de Madrid. Se investiga y se siguen los indicios existentes, con las dificultades propias de estos procedimientos, como la difícil tarea de dar veracidad a las informaciones de confidentes poco creíbles o que a menudo tienen intereses propios en sus revelaciones a la autoridad.

Tras diferentes acciones, las líneas de investigación no obtienen resultados conclusivos y se deja entonces la operación en un estado de latencia, aunque no llega a cerrarse, esperando que puedan aparecer nuevas pistas o algún tipo de progreso. Eso no sucedió.

En nuestro trabajo debemos aceptar que las investigaciones no siempre observen los resultados esperados y, desgraciadamente, nunca podremos ser infalibles, aunque en nuestro afán de servicio debamos aspirar siempre a ello. Espero que ahora, con las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón unificadas, podamos ser más eficientes en los procedimientos de investigación. Creo que esta es una clara ventaja operativa que debería haberse llevado a cabo mucho antes, como ya estaba dispuesto desde el año 1994 y que no se había producido hasta fechas recientes, a mi entender, por razones políticas y no técnicas.

Medidas como esta, la optimización de procedimientos internos y, especialmente, el respaldo de una clase política responsable en su actitud hacia sus fuerzas de seguridad son la mejor manera de contribuir a la eficiencia de la Guardia Civil. Por su puesto, debemos someternos a una crítica constructiva y exigente, pero no aceptar aquella gratuitamente incriminatoria.

Haciendo esto fortalecemos el compromiso contraído por nuestros guardias, mujeres y hombres leales, con los asturianos. Este es también el camino más corto para prevenir crímenes tan horribles como el cometido en los trenes de Atocha en 2004 y quizás la única manera que hoy tenemos de honrar el dolor de las víctimas.

Artículos relacionadosMás del autor