Quien contrata los servicios de una cuidadora para velar por el bienestar de un familiar que no se vale por sí mismo brinda su más sincera confianza a la asistenta en cuestión. Y, más aún, cuando se trata de una anciana con alzhéimer de grado cinco que «no tiene capacidad de gobierno sobre sus decisiones». Pero no fue suficiente para que Johanna Elisabeth Montenegro (Nicaragua, 1971) le sisara 3.800 euros a esta señora al extraer dinero por el citado importe con la libreta bancaria de la víctima. Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza le ha condenado a un año y nueve meses de cárcel como autora de un delito de estafa con la agravante de abuso de confianza.
Entre el 22 y 26 de agosto de 2023 se contabilizaron cinco extracciones que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia de sendos cajeros de Ibercaja situados en el Coso, Basilio Paraíso y Salvador Minguijón. Aunque la ahora condenada negó que fuera ella quien aparecía en las imágenes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía la identificaron «plenamente». Para más inri, estos movimientos bancarios se efectuaron durante el periodo de tiempo en el que esta colombiana de 53 años se hizo cargo de la anciana hasta que la hija regresara de un viaje en el extranjero.
En ello incidió esta última al explicar al tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, que «nadie más tenía acceso» a ese domicilio los días en los que quedaron fechas las extracciones bancarias. Todo ello acredita, según los magistrados, la concurrencia de la agravante de abuso de confianza. «Su vulnerabilidad permite la generación de una inmediata confianza pues la misma se presenta por indicación de su hija y, en este ámbito, se apodera de la libertad de ahorros y se emplea para la extracción de efectivo de la misma en diferentes cajeros automáticos», expone la sentencia, que también recoge el pago de 3.900 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil.
Inicialmente, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de Alejandro Soteras y Andrés Moreno solicitaban una pena de cuatro años de cárcel por un delito de estafa agravada. También interesaron el pago de una multa de 1.920 euros.
