Puertos del Estado justificó el contrato con la empresa de la ‘trama Koldo’ Soluciones de Gestión SL para comprar 8 millones de mascarillas por un valor de 20 millones de euros para «dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Ministro», en alusión al entonces titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El ex secretario de Organización del PSOE había dictado el 20 de marzo una orden para que este ente público dependiente de su ministerio tramitara de forma urgente la compra de «un máximo de 8.000.000 de mascarillas protección FFP2 con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte», especifica el documento entregado por el ente público al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien en un auto ya apuntaba que la selección de esta sociedad, que habría tenido lugar «antes de las publicaciones oficiales, habría partido del Ministerio».
El escrito de Puertos del Estado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, fue firmado el 27 de marzo de 2020 por la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel, y la responsable del Departamento Jurídico, Belén Caballero. En él las funcionarias explican que en virtud del encargo ministerial «Puertos del Estado solicita oferta a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que oferta, con esa misma fecha, 20 de marzo, la realización del suministro«.
Pero la investigación desarrollada por el inspector de la Agencia Tributaria Raúl Burillo Pacheco pone de manifiesto que ese mismo 20 de marzo, en el que Ábalos dictaba la orden para la compra de 8 millones de mascarillas, el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, negociaba con el «comisionista facilitador» de la red corrupta y dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama, la adquisición del mismo número de tapabocas que había ofrecido la trama, que según la Fiscalía Anticorrupción contó con la colaboración del escolta de Ábalos Koldo García Izaguirre .
«Anterior a la publicación del BOE»
«Tras entregar Víctor de Aldama una oferta de forma presencial a Puertos del Estado, De Aldama facilitó el email de contacto del encargado de dicha empresa», completa el funcionario de Hacienda en su informe al juez Moreno, en el que el funcionario de la Agencia Tributaria transcribe el correo electrónico que una hora después, también del 20 de marzo de 2020, envió el directivo de la empresa Soluciones de Gestión SL, Íñigo Rotaeche, al correo electrónico de Sánchez Manzanares: «Estimado Sr. Sánchez. Adjunto le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, según los términos y condiciones eoonómicas y logísticas indicadas en la misma. La entrega de la totalidad de la mercancía será realizada en Madrid en donde ustedes indiquen», escribe Rotaeche que fue detenido por la UCO de la Guardia Civil».
Ábalos junto a Koldo. / EPE
«Como puede verse, la fecha 20 de marzo de 2020 es anterior a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la adjudicación», advierte el inspector de Hacienda, que en un escrito de 2 de febrero relata que la «explicación ofrecida a esta Inspección por parte de los organismos del Ministerio de Transporte en cuanto al por qué habían elegido como proveedor de mascarillas a Soluciones de Gestión SL fue que Ministerio así se lo había indicado».
Las conclusiones de Hacienda van en el mismo sentido que la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción para iniciar la causa, cuyo responsable, Luis Pastor, escribe de forma literal: «El plazo de tiempo entre la publicación de las dos órdenes del Ministerio de Transportes y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF fue practicamente inexistente. La publicación de la orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión SL de un contrato para cubrir esa necesidad».
La publicación de la orden de adquisición del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato para cubrir esa necesidad. Este extremo parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración Pública
Esta coincidencia temporal, prosigue la querella del fiscal, «parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración Pública, que también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual».
«Una adjudicación pública»
En concreto, el fiscal Pastor se refiere a que el 16 de marzo de 2020 la mencionada Soluciones de Gestión SL, cuyo propietario real era Juan Carlos Cueto, firmó con otras dos empresas del Grupo Cueto «un acuerdo de prestación de servicios donde se hacía alusión a una adjudicación pública, que no se produciría hasta el día 21 de marzo de 2020, cuando el Ministerio publicará la Orden» de Ábalos.
Extracto del sumario del ‘caso Koldo’ sobre Víctor de Aldama. / EPE
En otro contrato, de 24 de marzo de 2020, «se mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el Gobierno español. Sin embargo, en ese momento sólo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado«, dice el fiscal.
Esta redacción adelantó que los directivos de Puertos del Estado ocultaron a Hacienda su relación con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Esta conclusión se desprende del informe que la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) entregó al juez Ismael Moreno. Tras esta información el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó a Álvaro Sánchez Manzanares.
El juez pide los correos
Precisamente, el juez Ismael Moreno ha intervenido el correo electrónico oficial de Sánchez Manzanares, en el que este cargo de Puertos del Estado recibió el mensaje de Íñigo Rotaeche. El instructor también ha reclamado a la Guardia Civil que le entregue el contenido de los emails de las funcionarias que firman el documento que señala a José Luis Ábalos: la jefa de área de Contratación y Gerencia de Riesgos, Aránzazu de Miguel; y la jefa del Departamento Jurídico, Belén Caballero; y del expresidente del organismo público Francisco Toledo.
Asimismo, el instructor ha señalado a José Luis Ábalos como presunto «intermediario» entre la trama y el Gobierno de Baleares para tratar de frenar un expediente administrativo iniciado por la Administración balear. El exministro de Transportes no está investigado en el caso Koldo.
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