Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que la mercantil Áridos Anfersa SL, concesionaria de Puertos del Estado y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), contrató en julio de 2022 a Patricia Uriz, mujer de Koldo García Izaguirre, a quien abonó ese año 7.791 euros. Este pago tuvo lugar un año después de que el matrimonio abandonara el Ministerio de Transportes junto a José Luis Ábalos, según especifica un informe policial de 17 de mayo de 2023.
El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha confirmado que la empresa Áridos Enfersa, radicada en Granada, fue objeto de al menos una concesión por parte del Puerto de Huelva en 2020 para la «Construcción y explotación de una nave industrial de Almacenamiento de Graneles». En esas fechas Koldo García Izaguirre, escolta de José Luis Ábalos, era miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado. La concesión, que tiene por fecha el 30 de septiembre de 2020, tiene una duración de 25 años, por lo que finalizará el 29 de septiembre de 2045, especifica la memoria de actividades de 2022 del Puerto de Huelva.»
En el informe de la UCO, cuyo contenido fue adelantado por El Español, los agentes de la Guardia Civil ponen de manifiesto también que Áridos Enfersa, cuyo representante legal es Francisco Coca Sánchez, dio de alta el 13 de julio de 2022 a la mujer de García Izaguirre como empleada ante la Seguridad Social.
Contratos públicos
Esta firma fundó dos uniones temporales de empresas (UTE) que recibieron contratos públicos. Sus socias fueron las mercantiles Aritec Almonacid SL (representada por Jame Chouseiro Fernández) y Áridos Técnicos SA (representada por Miguel Tello Serrano), «las cuales fueron adjudicatarias, también en 2022, de dos contratos adjudicados por ADIF por importes de 557.699 euros y 5.264.498 euros», lo que supone un total de 5,8 millones.
Uno de los dos contratos de ADIF, en concreto el formalizado el 25 de mayo de 2022 por un valor de 557.699 euros, es en opinión de los agentes de la UCO «llamativo», pues el organismo público otorgó el contrato a una UTE «que aún no se habría constituido», ya que se había creado el 9 de junio de 2022. «Cabe recordar, que según la vida laboral de Patricia Uriz fue dada de alta en la Tesorería General de la seguridad Social por una de las mercantiles de esta UTE –Áridos Enfersa– el 13 de julio de 2022, es decir, menos de dos meses después de la citada adjudicación», advierte la Guardia Civil al juez Ismael Moreno.
Coca Sánchez, representante de Áridos Anfersa, coincidió hospedado el 6 de julio de 2021 con Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en el Parador de Granada
«Esta Unidad Policial considera de interés destacar […] que recientemente se ha visto a Koldo García Izaguirre reunido con Jaime Chouseiro», en concreto en el interior de un establecimiento de Pamplona; y que Coca Sánchez, representante de Áridos Anfersa, «coincidió hospedado el 6 de julio de 2021 con Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en el Parador de Granada«. La UCO resalta que Koldo «sigue teniendo relación con personal del Ministerio de Transportes tras cesar de su puesto, «pues se reunió con el Subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez García».
Destituido
El informe de la UCO se ha conocido después de que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciara la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por sus negociaciones con los integrantes de la trama, en concreto por el propio Koldo García Izaguirre y por el presunto «comisionista facilitador» del negocio de las mascarillas, según lo definió la Agencia Tributaria, Víctor de Aldama.
El Periódico de España adelantó que dirigentes de Puertos del Estado ocultaron a Hacienda su relación con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Esta conclusión se desprende de un informe que la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, entregó el pasado al instructor de la causa.
Precisamente este organismo, Puertos del Estado, fue la llave de entrada que usó la red corrupta para lograr que la Administración le comprara mascarillas por un valor de 20 millones de euros. Después fue el turno de ADIF, que abonó 12,5 millones. En total, la contratación de las Administraciones públicas gobernadas por el PSOE supuso un desembolso público de más de 53 millones de euros, con los que el mencionado De Aldama y su socio, Juan Carlos Cueto, dieron un pelotazo de más de 16 millones de euros.
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