¿Puede el Gobierno aprobar y llevar a Las Cortes un proyecto de Presupuestos del Estado sin contar con la aprobación parlamentaria del objetivo de déficit? Sí. Al menos eso es lo que sostiene la Abogacía del Estado en un informe que desmonta el propósito del Partido Popular de bloquear la tramitación presupuestaria después de que el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- haya vuelto a tumbar este miércoles la senda de objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-206 propuesta por el Gobierno.
«El rechazo de los objetivos de estabilidad por alguna de las Cámaras no afecta al deber del Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución (artículo 134.1)», afirma textualmente el informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña. del Grupo Prensa Ibérica.
«La obligación del Gobierno de presentar a las Cortes un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no puede ser obviada por las eventualidades que deriven de la aplicación de una norma de rango inferior a la Constitución», como pueda ser la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, sostiene el informe.
«Presentaremos un proyecto de Presupuestos»
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, venía aludiendo desde diciembre pasado a este informe jurídico (que tiene fecha de 11 de diciembre de 2023). Sin embargo, no ha salido a la luz hasta este miércoles, después de que el Senado haya vetado, por segunda vez, la senda de objetivos de déficit y deuda propuesta por el Gobierno. El retraso en la publicación de este informe había llevado al PP a dudar en público de su existencia.
Con el aval del informe de la Abogacía del Estado, Montero ha remachado este miércoles la disposición del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley de Presupuestos para el ejercicio 2024, a pesar del evidente retraso en su tramitación (que debía haber concluido antes del 30 de diciembre pasado). «Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024. Lo va a remitir a las Cortes Generales», ha dicho Montero en la tribuna del Senado.
Vigencia del Plan de Estabilidad
Según argumenta la Abogacía del Estado, «si se hubieran aprobado [los objetivos de déficit], el contenido del proyecto [de Presupuestos] debería ser acorde con los objetivos aprobados. De no aprobarse, el contenido del proyecto deberá ser conforme con las limitaciones materiales establecidas de forma genérica en la Constitución».
En concreto, añade que «en el caso de que este nuevo objetivo de estabilidad sea rechazado, el Gobierno podrá presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado conforme a los últimos objetivos de estabilidad aprobados«. Y en la situación actual, esto equivale a decir que el proyecto de ley se ha de elaborar «de acuerdo con los objetivos incluidos en el programa de estabilidad», siempre que hayan sido avalados por la Comisión Europea y por el Consejo Europeo, como así fue en mayo y en julio pasado, respectivamente.
«La Administración del Estado cumplirá con el mandato constitucional elaborando un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado adecuado a los objetivos de estabilidad y deuda pública contenidos en el programa de estabilidad», concluye el documento remitido por el abogado jefe del Estado a la Secretaría de Estado de Presupuestos, Raúl López Fernández.
La afirmación conduce al documento ‘Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026’ enviado a la Comisión Europea a finales del pasado mes de abril, en el que el Gobierno se fijaba un objetivo de déficit para 2024 equivalente al 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas.
El plan de estabilidad, además, distribuía este objetivo de déficit del 3% entre los diferentes niveles de la administración pública, asignando un déficit del 3% al Estado y del 0,2% a la Seguridad Social, mientras que se preveía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas (déficit cero) y un superávit del 0,2% para las corporaciones locales.
Sin embargo, en la senda de objetivos de déficit que ahora ha sido tumbada por el Senado, el Gobierno había redistribuído de otro modo ese objetivo conjunto del 3% para dar algo más de margen de gasto a las comunidades autónomas (un déficit del 0,1%, en lugar de equilibrio) y a las corporaciones locales (en lugar de superávit hubieran debido presentar un déficit cero en 2024).
Pero el Senado ha vetado definitivamente esta nueva senda -con el voto negativo de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta- y ahora, según el dictamen de la Abogacía del Estado, vuelve a entrar en juego la senda de abril que, en la práctica, restará capacidad de gasto tanto a las comunidades autónomas (por unos 1.500 millones) como a los ayuntamientos (por unos 3.000 millones). En el caso de Cataluña, se estima que la Generalitat va a perder unos 277 millones de euros de capacidad de gasto en 2024 al quedar obligada ahora por un objetivo de déficit cero. Andalucía tendrá que restar 195 millones a su proyecto de Presupuestos para este año. En la misma proporción (una décima de PIB) tendrán que ajustar sus respectivas cuentas todas las comunidades autónomas. Los ayuntamientos también tendrán que ajustar sus cuentas, de acuerdo a los nuevos objetivos.
