La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, abrió una inspección fiscal a Ferrovial en junio del pasado año, solo cuatro meses después de que la empresa de infraestructuras anunciase su intención de mudar su sede a Países Bajos y un mes más tarde de que esta decisión fuese refrendada por la Junta de Accionistas.
Según consta en el informe de actividad de la compañía, que se ha hecho público tras la presentación de resultados del ejercicio 2023, Ferrovial fue notificada de la apertura de una investigación fiscal relacionada con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios entre 2017 y 2020, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otras retenciones de impuestos de los ejercicios 2019 y 2020. Por el momento, la empresa está presentando la información requerida por la autoridad fiscal, que ha abierto un único procedimiento de inspección para todo el grupo de filiales y la matriz de la empresa presida por Rafael del Pino. En España, con carácter general, Hacienda dispone de cuatro años para abrir una inspección fiscal, algo que destaca también Ferrovial en el informe.
Esta inspección se conoce después del enfrentamiento público y notorio, durante el pasado año, entre el Ejecutivo y Ferrovial, especialmente con su presidente, Rafael del Pino, que fue señalado por varios ministros e, incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, llegó a señalar que la empresa tenía «otras motivaciones» para trasladar su sede, más allá de querer debutar en la bolsa norteamericana, la razón que esgrimió Ferrovial.
Algunas informaciones periodísticas apuntaron a una hipotética sanción si Hacienda detectaba que el movimiento era por motivos fiscales, algo que fue confirmado más tarde por la Agencia Tributaria. «Si el motivo exclusivamente fuera de tipo fiscal, sí habría consecuencias», llegó a asegurar Soledad Fernández, la directora general de la AEAT. Finalmente, no se ha conocido que esa investigación diese lugar a esa sanción. Incluso, en 2024, un documento pedido a través de Transparencia, que no había hecho público hasta entonces la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dio la razón a Ferrovial de que el debut en la bolsa de Nueva York era más sencillo desde Ámsterdam que desde España, donde no se había hecho nunca un movimiento así.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), preguntado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, explica que las inspecciones «no son ordinarias», sino que se abren por «iniciativa de la Administración». «En el caso concreto de empresas como Ferrovial, que está adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (empresas con más de 200 millones de facturación), la Agencia Tributaria tiene muy poca dotación de personal y actúa por indicios», añade.
Además de en España, Ferrovial tiene inspecciones abiertas en cuatro países más, Canadá, Países Bajos, Chile y Marruecos. Donde no figura ninguna investigación en curso es en Estados Unidos, el principal mercado de la empresa de infraestructuras por cifra de negocio.
Ferrovial ya alertó el riesgo de un ‘castigo fiscal’ en España
Tanto en el folleto de salida a bolsa en Estados Unidos, como en su informe anual de actividad, Ferrovial ha alertado a sus inversores de la posibilidad de un ‘castigo fiscal’ en España. El motivo principal sigue siendo que Hacienda dispone de cuatro años, con carácter general, para abrir una inspección y considerar que existía una motivación fiscal, lo que daría lugar a no aplicar el régimen de neutralidad fiscal existente entre Holanda y España, de la que se benefició por la fusión de las sociedades.
El pasado año, la empresa liderada por Ignacio Madridejos ya logró ganar un pleito millonario a Hacienda, que arrastraba desde 2006. El Tribunal Supremo anuló una sanción, que previamente había ratificado la Audiencia Nacional, vinculada a la liquidación del impuesto de sociedades abonado tras la compra del Aeropuerto de Heathrow, el mayor aeródromo de Londres y Europa. La sanción que queda sin efecto supone la devolución de casi 120 millones de euros para Ferrovial.
