El PSOE ya maneja algunos nombres susceptibles de comparecer en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas y material sanitario en el Congreso de los Diputados. Fuentes socialistas avanzan que se está estudiando citar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la presunta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, para los que se piden hasta 15 años de prisión. Estas mismas voces recuerdan que fue el primo del regidor quien propuso los nombres de ambos y afean al Partido Popular que vuelvan a hacer suya “la ley del embudo” al pedir la dimisión de Francina Armengol. “¿Lo suyo fue una estafa?”, se preguntan.
El Partido Popular ha redoblado la presión sobre Francina Armengol por el lote de mascarillas comprado a la empresa estrella del caso Koldo, convirtiendo la Mesa del Congreso en un auténtico campo de batalla. Una posición que difiere por completo de las llamadas a la prudencia y los despejes en lo relativo a casos como el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Luceño y Luis Medina.
Fuentes socialistas afean a los conservadores que se abonen de nuevo a la “ley del embudo”, recriminando al alcalde madrileño que exigiera “sin pudo” la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. “Entonces, ¿lo suyo no fue una estafa?”, se preguntan estas mismas voces próximas a la ejecutiva federal. En este sentido, deslizan el lapsus de memoria en el que parece haber incurrido el regidor capitalino, olvidándose de que “la Justicia ha sentado en el banquillo a los comisionistas Medina y Luceño”. De hecho, para ambos reclaman 15 años de prisión por una presunta “estafa” contra el Consistorio. “Fue el primo de Almeida quien propuso sus nombres al Gobierno municipal, tal y como reconoció en sede judicial”, precisan desde el cuartel general del PSOE.
Los comisionistas de Madrid
Por ello, en el Partido Socialistas estudian que el de Almeida sea uno de los nombres que figuren en la extensa lista de comparecientes de la comisión de investigación del Congreso, impulsada por el propio PSOE y con la oposición del Partido Popular. Los conservadores optaron por una decisión “atípica”, según resumían fuentes parlamentarias, justificando que la propia Armengol no debería de ser partícipe de la votación de una iniciativa que “debería investigarla a ella”.
En cualquier caso, desde el PSOE recuerdan que “mientras el Gobierno de Armengol pagó 3,7 millones por las mascarillas”, la Corporación municipal superó los 12 millones. “Luceño y Medina inflaron los precios de las mascarillas hasta un 60%, haciendo lo mismo con los guantes (un 81%) o los test (71%)”, explican estas mismas fuentes.
Los socialistas se aferran a la extensa lista de “diferencias” entre la gestión de la ahora tercera máxima autoridad del Estado y el alcalde de Madrid. Mientras que las mascarillas del Govern balear no contaban con la “calidad suficiente para profesionales sanitarios, pero sí para los ciudadanos”, las de Almeida eran de un “material totalmente inservible”. Es decir, “había que tirarlas directamente a la basura”. Para más inri, precisan que el ejecutivo insular guardó los tapabocas hasta la declaración del fin de la pandemia, a la espera de un posible uso, comenzando la reclamación en marzo de 2020. “Almeida sólo reclamó la estafa cuando sabía que la Fiscalía estaba investigando”, destacan.
Por estos motivos, el PSOE considera que la “experiencia” del alcalde de Madrid puede “arrojar luz” sobre el modus operandi de muchos comisionistas que actuaron durante los meses más duros de la pandemia, mientras se aprovechaban del “sufrimiento de todo el país”. “Cualquier administración puede ser víctima sin necesidad de incurrir en connivencia ni delito alguno”, han recordado.
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