El Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicitará la creación una comisión de investigación para sondear a Sibucu 360, la empresa con la que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo, en su última etapa como presidente de la Xunta de Galicia, hicieron negocio para comprar mascarillas después de conocerse que había repartido este material con sellos falsos.
A raíz de lo ocurrido con el conocido como ‘caso Koldo’, el BNG ha hecho esta semana una «doble denuncia» relacionada con la forma de proceder en materia de contratación por parte de la administración autonómica. Luís Bará, el viceportavoz nacionalista, ha argumentado que dichos procedimientos acumulaban «muchas sombras», especialmente en algunos de los contratos de emergencia; y también ha hablado del «incumplimiento sistemático de la ley de contratos», con alusión directa a la falta de transparencia y al fraccionamento de contratos «para adjudicarlos discrecionalmente como práctica normalizada».
Las próximas semanas estarán marcadas por la conformación del nuevo Parlamento gallego, y el Bloque ya ha advertido de que lo primero que hará su grupo será «reclamar la documentación relativa a todos los expedientes de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia».
Ya este lunes, los nacionalistas solicitaron una auditoría «externa e independiente«, además de la remisión de todo documento relativo a la adquisición de material sanitario por parte de la Xunta al inicio de la pandemia. En 2022 se produjo una petición similar, pero la mayoría absoluta del PP la rechazó bajo el pretexto del documento remitido a la Cámara que, para el viceportavoz nacionalista «no era más que un informe contable», pero sin acompañarlo de la documentación correspondiente.
El diputado nacionalista, que ya compareció ante los medios en el Parlamento autonómico este lunes, lamentó la «falta de información» que aportaba la Xunta, que no permitía acceder a los contratos de emergencia realizados a partir de marzo de 2020 y que están siendo ahora objeto de polémica. En 2023, Bará expuso que el propio Consello de Contas, en su informe del 2023, ya advertía sobre los «numerosos obstáculos» para acceder a los datos, un bloqueo sobre el que los nacionalistas harán hincapié en la Cámara, a pesar de que la mayoría absoluta del Partido Popular se encargue, probablemente, de bloquear cualquier conato como este.
Sibucu 360, mascarillas ‘fake‘ y problemas con la justicia
José Ramón García González es el hombre que se encuentra detrás de esta empresa, y cabe recordar que fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental. Desde la firma, sin embargo, matizan que no ha formado parte de Sibucu y, por lo tanto, no es el dueño». Sin embargo, Sibucu está vinculada a la mercantil Moonoff SL, de la cual es administradora única y detrás de la cual estaba el propio García González desde 2013 hasta que tuvo problemas con la Justicia en 2018. Abandonó la compañía, pero siguió presentándose como socio inversor de la misma.
Precisamente en 2018, el juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago ordenó su inhabilitación durante 540 días para el ejercicio del cargo de administrador o apoderado en el marco del procedimiento seguido contra esta otra empresa, filial de compras de la tecnológica gallega, por fraude fiscal. La Justicia condenó tanto a la compañía como a dos de sus directivos por una trama que permitía el movimiento de la mercancía entre distintas empresas generando documentación contable para abaratar impuestos, pero sin que existiera un consumidor final.
Ya en 2022, un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral por un presunto delito contra la propiedad intelectual para lo que el fiscal pedía un año de cárcel y 2,4 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participó. Se le acusó junto a otra ocho persona de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenido de pago.
Durante lo peor de la pandemia, Sibucu 360 creció en aproximadamente un 4.000%, cerrando el ejercicio de 2020 con una facturación de más de 31 millones de euros cuando venía de una cifra de negocio de 765.000 euros en 2019. Dicho de otro modo, la firma multiplicó hasta por diez sus beneficios, pasando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año.
En ese mismo periodo, la empresa disparó sus resultados hasta los 4 millones de euros y situó su patrimonio neto en 1,5 millones, de manera que los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos. Esta última cifra era el resultado de multiplicar por tres su facturación en 2019, año en el que el resultado de explotación también era claramente menor situándose en los 159.000 euros.
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