Mientras la UE negocia duramente la nueva propuesta de reparto solidario de refugiados entre los países miembro en su nuevo pacto migratorio, una situación similar lleva años produciéndose en España en materia de inmigración. El repunte de llegadas a Canarias, motivado en parte por la grave crisis política de Senegal, pero también por el cambio de las rutas tradicionales de la frontera sur (la del Estrecho y el Mar de Alborán), supone un reto para las comunidades autónomas más afectadas: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Como hiciera en febrero con sus homólogos en las ciudades autónomas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mantenido una reunión este miércoles con el titular del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Entre los temas clave de su agenda común: cómo afrontar una crisis de llegadas –que, con los datos en la mano, cada vez es menos crisis y tiene un carácter más estructural–, y que supone acoger a miles de menores que llegan solos a las islas. Por otro lado, los dirigentes han abordado cuál será la propuesta que ambos territorios trasladarán al Gobierno central, el próximo 18 de marzo en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Moreno pide al Gobierno que asuma su responsabilidad en gestión migratoria
Moreno y Clavijo han hablado sobre «colapso» del sistema. Moreno, por su parte, se ha referido a la política migratoria «poco planificada con bandazos permanentes en estas políticas y sin financiación». También ha recordado que esto es «materia exclusiva del Estado» y pide transparencia, una hoja de ruta y que el Gobierno central asuma «su responsabilidad a la hora de planificar», ha concluido.
Más de 5.500 niños y jóvenes sin referentes familiares esperan en Canarias el acuerdo a este respecto del Ministerio con las comunidades autónomas. Por ahora, el Ministerio de Inclusión solo mostrado su intención de apoyar a las regiones periféricas, en concretar un paquete de medidas al respecto.
Sobre la mesa, dos de las cuestiones más complejas. De un lado, cómo se va a realizar ese reparto y con qué recursos y dotaciones presupuestarias. Sobre esto, Clavijo ha asegurado que «no podemos suplantar el papel que le compete al Estado». Los dos están de acuerdo en que por encima de todo prima el interés del menor, la garantía de sus derechos y poder afrontar adecuadamente su escolarización, educación y sanidad.
De otro, cómo afrontar un nuevo problema detectado por las entidades sociales que forman parte del sistema de acogida humanitaria: están llegando menores a la Península como si fueran adultos.
Andalucía, «la más solidaria» con Canarias en materia migratoria
La Junta sostiene que ha sido la primera en «levantar la mano» en la acogida de inmigrantes para afrontar el incremento de llegadas de personas al archipiélago canario. Moreno ha vuelto a expresar su solidaridad al presidente canario. Por su parte, Clavijo ha confirmado que la comunidad andaluza se puso desde el primer momento a disposición en este punto y ha sido una de las cinco que admitido el traslado de estos niños.
Andalucía completó a mediados de febrero la acogida de los 36 menores no acompañados que acordó recibir en el último reparto, siendo la región con mayor número asignado. Entre octubre y diciembre de 2023, han llegado a la comunidad cerca de 6.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno de España desde las Islas Canarias.
Un plan específico para los menores que llegan como adultos
En el caso andaluz, la consejera de Inclusión Social, Loles López, cifró en comisión parlamentaria la semana pasada el número de casos. Por el momento, se ha constatado que 187 menores han sido trasladados como adultos a centros y pisos de las ONG que se ocupan de sus primeras fases de la acogida. López demandó un plan específico con financiación para esta cuestión con carácter retroactivo.
La Junta de Andalucía pide «lealtad» con este tema al Ejecutivo central. Al ser jóvenes próximos a la mayoría de edad, la consejera explicó en el Parlamento que requieren unos recursos que llevan parejo «un elevado coste económico que está afrontando la Junta con fondos propios».
La consejera aseguró que hay casi un centenar más a los que se está realizando pruebas para determinar su edad. Se trata de menores que ahora quedan bajo la tutela de la Junta. En este sentido, muchas organizaciones ya han trasladado la situación al Defensor del Pueblo. Piden a la Fiscalía celeridad con las pruebas de determinación de la edad, fundamentales para comprobar si estos jóvenes son ya mayores de edad.
La ausencia de una política común de todos los territorios en este ámbito, la lentitud de los diferentes trámites legales, y los continuos cambios en los protocolos de acogida ante las distintas crisis de llegadas, dilatan los traslados. De ahí que las ONG que trabajan en la atención e integración de los inmigrantes lleven tiempo reclamando un sistema de acogida permanente.
