El Gobierno nunca ha dudado en público de la aprobación de la ley de amnistía. En privado, sin embargo, no lo tenía tan claro, después de que Junts votase en contra de la norma al considerar que dirigentes como Carles Puigdemont no quedaban lo suficientemente protegidos frente a las instrucciones judiciales. Pero sus peores temores se han disipado. El pacto con los posconvergentes, después de días de intensas negociaciones, está a la vuelta de la esquina.
“Les puedo avanzar que el acuerdo está cerca”, ha anunciado este martes en la Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Pero la cuestión sigue siendo cómo. Junts, hasta ahora, insiste en la necesidad de que el terrorismo y la alta traición, delitos por los que está siendo investigado Puigdemont, entren dentro de la medida de gracia. El PSOE siempre se ha opuesto a un movimiento de este tipo. Asegura que abocaría inevitablemente a que el Tribunal Constitucional o la justicia europea tumbaran la ley, ya que iría en contra del derecho comunitario.
Alegría, tras el Consejo de Ministros, ha evitado dar pistas. «Más allá de las negociaciones que corresponden a los grupos, lo que les puedo asegurar es que la ley entró impecable en el Congreso y va a salir impecable: constitucional conforme al derecho europeo y con el objetivo de mejorar la convivencia”, ha dicho la portavoz. Pero distintas fuentes, tanto en el PSOE como en Junts, avanzan que habrá algún cambio en la ley.
La comisión de Justicia
El plazo límite para sellar el acuerdo con Junts es este jueves, día en el que se reúne por la mañana la comisión de Justicia del Congreso, que en principio dará luz verde al dictamen de la ley, para que luego este sea debatido y aprobado la semana que viene por el Pleno. La idea, explican en la Moncloa, es anunciar el entendimiento “cuanto antes”, pero no se descarta, en la línea de las negociaciones de estos últimos tiempos con Junts, casi siempre al límite, que hasta dentro de dos días todo siga formalmente en el aire.
Inmerso en uno de sus peores momentos políticos, si no el peor, desde que llegó a la Moncloa en 2018, Pedro Sánchez volvería a recuperar la iniciativa, tras el ‘caso Koldo’ y la debacle en las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero. La siguiente estación, siempre que la amnistía termine saliendo adelante, son los Presupuestos Generales del Estado para este año, una iniciativa que permitiría al presidente del Gobierno aguantar como mínimo hasta el ecuador de su mandato. “Ya estamos trabajando en ello”, señalan los colaboradores de Sánchez.
