El Gobierno da por buenas las explicaciones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para negar cualquier irregularidad cometida durante su gobierno en la compra de mascarillas con la empresa investigada por el caso Koldo. “El procedimiento es limpio”, concluyen fuentes de Moncloa al mismo tiempo que niegan cualquier preocupación sobre la posibilidad que las investigaciones salpiquen Armengol. Tanto es así que incluso encuadran dentro de la “normalidad” que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación sobre los contratos realizados con la presunta tanto por parte de Baleares como de Canarias, cuando presidía el gobierno regional el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Es normal que investigue al tratarse de fondos europeos, pero no nos preocupa”, zanjan las mismas fuentes.
Después de que Ferraz asumiese ya este lunes la defensa de Armengol, a quien el PP ha pedido formalmente su dimisión, hoy fue el Gobierno quien cerró filas. “No aparece en ningún sumario, ni Armengol ni ningún miembro de su gobierno de entonces”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. En rueda de prensa desde Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, Alegría ha descartado que Armengol tenga que responder ni por responsabilidades judiciales ni tampoco políticas. Unas responsabilidades que, en cambio, no descartó en el caso del PP porque “fue un gobierno del PSOE quien abrió un expediente para recibir el reintegro de las mascarillas y fue un gobierno posterior del PP, de Marga Prohens, quien ha permitido que caducada el reintegro de esas cantidades”.
El sumario señala al exministro José Luis Ábalos como “intermediario” para frenar estos trámites. La Administración balear contrató por 3,7 millones de euros con la misma empresa investigada en la presunta trama de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, Soluciones de Gestión. Se trató de un lote sin la suficiente calidad para su uso sanitario para el que se adquirió, por lo que no se utilizó, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas. El Govern no reclamó hasta tres años después, y el procedimiento caducó ya estando en la presidencia la popular Marga Prohens.
La presidenta del Congreso compareció esta mañana ante los medios de comunicación para mostrar a su gobierno como «víctima» de la trama, limitándose en su caso a transmitir la oferta que les llegó del Ministerio de Transportes (entonces, Ministerio de Fomento) al Servicio de Salud de Baleares, que fue quién analizó la propuesta y contrató. «Quiero ser clara con esto, ni a mí ni a mi gobierno, nadie, nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó», sentenció Armengol. Al mismo tiempo, denunció que los populares por haber «roto todas las líneas rojas».
Responsabilidades políticas
El Ejecutivo mantiene su máxima de “colaboración con la justicia, transparencia y ejemplaridad” para distinguir su modo de proceder ante la corrupción del de los populares. “Aquí sí hay asunción de responsabilidades políticas, la anterior Administración respondía de una manera completamente diferente. Donde ahora hay colaboración, antes había absoluta obstrucción, donde ahora hay transparencia, antes había opacidad y donde ahora hay asunción de responsabilidades políticas, el PP eliminó a la persona que denunció o quiso denunciar un posible caso de corrupción”, remachó Alegría en referencia al anterior líder de los populares, Pablo Casado, tras su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por el caso mascarillas en el que se involucró a su hermano.
Desde el Gobierno confían en que su celeridad reclamando responsabilidades políticas al exministro José Luis Ábalos sirva de cortafuegos y de marchamo de ejemplaridad. “Cuando baje este ruido, aquí va a quedar la respuesta ejemplar por parte de este Gobierno”, vaticinó Alegría. Por el momento, el caso Koldo centra la agenda política y cerca al Gobierno de Pedro Sánchez apenas cien días después de su investidura.
