Yolanda Díaz reclama prohibir los indultos para aquellos condenados por corrupción y «restringir» los aforamientos en estos supuestos, para evitar casos como el de José Luis Ábalos, que se ha negado a abandonar su acta y que, en caso de ser verse judicialmente implicado por su relación con el caso Koldo, deberá ser juzgado por el Tribunal Supremo en lugar de un tribunal ordinario, debido a su condición de diputado y el aforamiento que conlleva.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado estas propuestas este lunes en el Congreso, donde ha reunido «de urgencia» al Grupo Plurinacional de Sumar para proponer una batería de medidas contra la corrupción después del escándalo del que fuera asesor del exministro de Transportes. «Llevamos cien días de legislatura y parece que ha pasado más de un año», ha comenzado Yolanda Díaz, que ha llamado a «parar y reflexionar» después del «ritmo político trepidante».
Díaz se ha referido a las informaciones publicadas del caso Koldo, sin mencionar en ningún caso a los implicados, pero sí insistiendo en su rechazo y condena frontal; «noticias que nos indignan y no pueden más que generar rechazo». La dirigente ha querido endurecer sus posiciones contra la corrupción, en genérico, aunque ha evitado entrar en las implicaciones concretas que está teniendo en cada vez más dirigentes socialistas. «No nos vamos a dejar llevar por el último titular ni por el último tuit. Queremos ser prudentes y esperar a que la investigación llegue hasta el final«, ha defendido Díaz, que ha querido garantizar la estabilidad de la legislatura y dejar claro que su alianza con el PSOE no se ve afectada por estas investigaciones, asegurando que mantendrán el «acuerdo rubricado» con los socialistas.
«SISTEMA DE PRIVILEGIOS AÚN VIGENTE»
La líder de Sumar ha insistido en que apoyarán las comisiones de investigación sobre la compra de material en pandemia como la que ha propuesto el PSOE, pero ha presentado también sus propias propuestas: «Desde Sumar queremos dar un paso más allá, no se trata de castigar la corrupción ahora que ya se ha producido, sino que tenemos que poner los mecanismos para que no se produzca».
«Mientras la mayoría de ciudadanos de nuestro país tenía miedo por la pandemia, preocupada por la mayor crisis de la historia, unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake; estaban intentando lucrarse a costa de la muerte y la salud de la ciudadanía», ha condenado la vicepresidenta, que ha mostrado su «absoluta reprobación» por estos hechos. «Toda forma de corrupción es gravísima apero la corrupción que se hizo en pandemia merece una reprobación aún mayor», ha considerado. «Es normal la indignación y la rabia que siente nuestra ciudadanía. Una indignación que comparto». La también ministra de Trabajo ha asegurado que la corrupción es una «lacra que nuestro país por desgracia conoce demasiado bien». «Ha sido un modo tradicional de las élites de hacer política para lucrarse y tejer un sistema de privilegios que aún hoy permanece vigente«; ha considerado.
La vicepresidenta ha propuesto medidas que son de carácter «urgente», llamando a modificar la legislación que regula el indulto, «para que no pueda aplicarse en casos de corrupción». En este sentido, ha explicado que desde 1996 se han concedido 10.000 indultos, y ha señalado a José María Aznar como el presidente que más indultos concedió por corrupción, elevándose a 139 casos.
La segunda de las medidas consiste en «modificar y restringir los aforamientos en España«, ha explicado Díaz, que ha condenado «que se estén utilizando los aforamientos como una especie de protección contra casos de corrupción». En este sentido, ha abundado que esta figura «tiene que restringirse exclusivamente al ejercicio del cargo que uno ocupa, nunca para protegerse ante posibles casos de corrupción». Está por ver en qué se concreta esta propuesta, ya que en el caso de Ábalos, su posible responsabilidad estaría relacionada con su implicación en las presuntas irregularidades, y estarían íntimamente relacionadas con el cargo que entonces ocupaba.
Díaz también ha aprovechado para la regulación de los lobbys y la despolitización de los órganos constitucionales, antes de insistir en su propuesta, avanzada el viernes, para crear un Consejo de Prevención de la corrupción, un organismo especializado de carácter independiente, que tenga dotación presupuestaria y que establezca «planes de prevención» en las Administraciones Públicas para evitar estos casos. Además, ha llamado a avanzar en la «armonización» de los delitos tipificados como corrupción para dotar de más garantías a las investigaciones.
