Un informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, vincula el inicio de la ‘trama Koldo’ con el rescate de Air Europa por parte del Gobierno, según especifica el documento entregado el 2 de febrero al juez del caso, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. La ONIF apunta que la operación de las mascarillas se fraguó durante las negociaciones llevadas a cabo en 2020 en el Ministerio de Transportes para rescatar la aerolínea.
Quién logró ‘captar’ a la Administración pública fue el dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama, que en plena pandemia discutía con el Ministerio de José Luis Ábalos el rescate de la aerolínea Air Europa [que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinario del Estado superior a 475 millones de euros]: «Su cercanía con determinados funcionarios [Koldo García Izaguirre] y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el Ministerio. A ello hay que unir el hecho de que el procedimiento administrativo de contratación de emergencia facilitó la rapidez y la falta de concurrencia», destaca el inspector de Hacienda encargado de redactar el informe.
Este empresario incluyó en las cuentas de 2020 de su empresa MTM 180 unos ingresos de 140.000 euros con origen en una asesoría al Grupo Globalia, la dueña de la compañía aérea Air Europa.
El funcionario de la ONIF, que actúa en auxilio del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, considera que la decisión del Gobierno de permitir la contratación pública «sin concurso, sin concurrencia, sin publicidad y en caso de emergencia«, supuso que «la elección y designación del proveedor de este material [las mascarillas] se realizase a plena voluntad del comprador público».
Además, la «relación política» entre los gobernantes socialistas de las diferentes Administraciones públicas que compraron las mascarillas «y el éxito de los primeros contratos supuso que otras entidades públicas», también gobernadas por el PSOE, «contrataran con Soluciones de Gestión SL», la empresa de Juan Carlos Cueto, uno de los cabecillas de la red corrupta, según la opinión del inspector.
Sin experiencia
Estas circunstancias permitieron que la sociedad adjudicataria de los contratos públicos recibiera el encargo pese a que no había demostrado «una experiencia real reconocida en este sector […] de las mascarillas y mucho menos en los últimos años», prosigue el funcionario de la Agencia Tributaria, que después destaca: «Esta Inspección entiende que Soluciones de Gestión SL es una adjudicataria formal y no a quien realmente se le asignó la compra de mascarillas. De ser así, posiblemente, con el perfil analizado, no hubiera resultado la más idónea en un procedimiento público de contratación si se hubiera valorado la experiencia«.
Y sin experiencia en el sector dieron un pelotazo de más de 16 millones de euros con los contratos públicos otorgados por el Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF); el de Interior (Secretaría de Estado de Seguridad); y por los Gobiernos autonómicos de Islas Baleares (Servicio de Salud) y Canarias, todas ellas administraciones gobernadas por el PSOE.
No fructificaron otras de las propuestas de negocio que llevó a cabo la red corrupta, como fueron los casos del Servicio de Salud de Asturias o de Castilla-La Mancha, pero también de Correos, que pretendía hacerse con guantes para sus empleados.
Koldo García Izaguirre
Para conectar con estas Administraciones públicas gobernadas por los socialistas la trama habría contado con la ayuda, como si de un conseguidor se tratara, de Koldo García Izaguirre, quien protagonizó una carrera política meteórica, pues pasó de ser escolta del ministro de Transportes y secretario de Organización de esta formación política José Luis Ábalos, a ser nombrado consejero de Renfe Mercancías y a formar parte del Consejo Rector de Puertos del Estado.
Hacienda analizó los contratos públicos y detectó «importantes lagunas […] tal vez propias de la situación de emergencia, en los que los adjudicatarios del contrato parecen diferentes de los que se reconocen como tales«, advierte la Inspección, que completa que el primer cliente de la trama fue el Ministerio de Transportes, siendo el órgano de contratación Puertos del Estado y pocos días después ADIF. A continuación fue el turno del Ministerio de Interior y de Baleares y Canarias.
«Los importes y unidades contratadas son muy elevados», destaca la ONIF, que desvela que los contratos más importantes por unidades e importes son los dos de Transportes y el del Gobierno de Canarias. Los tres contratos suman 18.302.500 unidades de mascarillas y un precio pagado de 44.370.518 euros.
El total de mascarillas adquiridas por Soluciones de Gestión para dar respuesta a los contratos fue de 22.568.120 unidades, de las que se vendieron en 2020 un total de 21.886.750 unidades. En 2021 se entregaron 701.370 mascarillas, de las que 566.000 fueron a Canarias.
Respuesta peculiar
La Inspección de Hacienda se dirigió a todos los Entes Públicos requeridos, que contestaron aportando la documentación contractual y administrativa completa, a la vez que desmentían la participación los cabecillas de la trama. «Las respuestas ofrecidas a la pregunta general de por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión SL fue, en todo caso, peculiar«, advierte la ONIF, que recuerda que los organismos del Ministerio de Transportes, al ser preguntados por qué habían elegido como proveedor de mascarillas a Soluciones de Gestión, respondieron que el Ministerio «así se lo había indicado«.
Las respuestas ofrecidas a la pregunta general de por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión SL fue, en todo caso, peculiar
«Fue dicho Ministerio quien organizó la selección del proveedor y facilitó la información disponible a Puertos del Estado», respondieron los funcionarios, ante lo que Antifraude concluye que fue el Ministerio de José Luis Ábalos directamente, en el que estaba Koldo García Izaguirre como asesor, el que «organizó la selección del proveedor».
En cuanto al Ministerio de Interior, sus responsables se remitieron al éxito del abastecimiento de Transportes. En Baleares y Canarias aseguraron que «les llegó por correo un ofrecimiento y que fue elegido por una comisión técnica. No hay en ningún caso una explicación que incida expresamente y con argumentos en la experiencia o conocimiento directo del proveedor», respondieron desde el Gobierno canario.
«Motivo de sospecha»
Sin embargo, la Inspección de Hacienda ha identificado que el promotor de toda la operación fue Víctor de Aldama. «Siendo esta persona también quien ofreció el negocio al Grupo Cueto”, cuyo dueño, Juan Carlos Cueto, aportó la empresa Soluciones de Gestión como adjudicatario oficial: «Por lo tanto, Soluciones de Gestión no fue la sociedad que mereció la confianza del Ministerio, sino una sociedad interpuesta por la persona elegida [De Aldama]», advierte el inspector, que considera que si las entidades públicas que adjudicaron los contratos hubieran conocido quién estaba realmente detrás de la empresa, «ya sería un motivo relevante de sospecha».
«De Aldama informó sin género de dudas sobre su participación en el contrato. De forma clara trasladó a esta Inspección que fue él quien había propuesto al Ministerio de Transportes en los primeros días de la pandemia venderles las mascarillas que necesitaran dadas sus relaciones con empresas de transporte aéreo y con intermediarios de proveedores chinos. Esta propuesta fue aceptada por el Ministerio y por ello contactó con Juan Carlos Cueto, al que lo conocía de otros negocios, para que le ayudara con la financiación del negocio y con la parte logística y jurídica», concluye Antifraude en su escrito, dirigido al juez Moreno.
La primera idea de De Aldama fue crear una UTE con Cueto; «pero dada la situación de pandemia los notarios no podían escriturarla. La solución fue que la sociedad Soluciones de Gestión resultara formalmente adjudicataria y el reparto de beneficios se articulara como prestaciones de servicios mediante contrato. De ahí que una sociedad de Víctor de Aldama fuera la intermediaria de medios de transporte y la otra en la compra de mascarillas», concluye el informe de la ONIF.
